Violar la autonomía universitaria

Los primeros focos de alerta contra la autogestión de las universidades públicas se prendieron cuando en la iniciativa de reforma educativa, el gobierno federal electo envió la propuesta a la Cámara de Diputados.

Era diciembre de 2018 cuando la administración federal entrante envió al Poder Legislativo una enmienda al texto de la fracción VII que del artículo 3 de la Constitución, para eliminar el principio de autonomía universitaria, conquistada por el movimiento estudiantil en los estados.

La fracción VII del artículo tercero constitucional establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior tendrán autonomía, facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, pero en la iniciativa de la 4T se indica proponía: “la impartición de educación se hará para alcanzar el bienestar de la población, así como cumplir planes y programas”.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, fue la voz de alerta respecto a la propuesta enmienda constitucional, y lo atribuyó a una estrategia del gobierno entrante para distraer la atención de fondo de la contrarreforma educativa.

Posteriormente, el gobierno federal aseguró se trataba de un “error” en el texto de la iniciativa de reforma educativa la eliminación de la autonomía universitaria, pero en la 4T como en la política mexicana, cuando aseguran que no, en realidad es lo contrario.

Lo ocurrido en el estado de Nayarit donde la mayoría de diputados de Morena aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma demuestra lo contrario a lo que negaban en la federación, al violentar de un plumazo la autonomía universitaria que aquella institución de educación superior.

La estrategia del gobierno federal, similar a la de los sexenios neoliberales que dicen combatir, es la misma a la utilizada en el gobierno de Carlos Salinas, con Manuel Bartlett, en la SEP: primero asfixiar financieramente a las universidades, para después ejecutar la extorsión. Puesta contra la pared, la UAN fue violentada al imponerle una Ley Orgánica sin la participación de estudiantes, académicos y autoridades, a cambio de sanear con recursos federales las finanzas de la universidad.

Está en marcha una escalada contra la autonomía de las universidades, Puebla no es la excepción.

PABLO RUIZ MEZA

MILENIO

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