COVID ha matado más a personas pobres: los más afectados tenían baja escolaridad y empleos mal pagados
A un año de que se declaró la pandemia, cifras oficiales comprueban que la desigualdad y la limitada estrategia del gobierno para proteger empleos han sido la fórmula perfecta para que la mayoría de muertes por COVID sean de personas pobres.
Seis de cada diez víctimas mortales de COVID en México son personas pobres, sin protección social, con empleos mal pagados o no remunerados, o bien sin trabajo.
A un año de declarada la pandemia por el nuevo coronavirus, estadísticas oficiales comprueban que la desigualdad económica, la precariedad de más de la mitad de la población y la limitada estrategia del gobierno mexicano para proteger el empleo y el ingreso familiar, han sido la fórmula perfecta para que la mayoría de muertes por COVID se registre en el grupo de personas pobres y pobres extremos.
Las acciones en materia económica, laboral y de protección social implementadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador son comparables con las estrategias seguidas por países latinoamericanos más pobres, como Haití, Honduras o Ecuador, según estándares internacionales.
La crisis no solo ha causado más defunciones entre los pobres: ha creado más. Antes de la pandemia, el 48.8% de la población en México (61.1 millones de personas) se ubicaba por debajo de la línea de pobreza por ingresos, y el 16.8% (21 millones) por debajo de la línea de pobreza extrema, según el Coneval.
Con el azote de la crisis, el organismo que mide los efectos de la política pública de desarrollo social en el país estimó que a ambos grupos se sumarían hasta 20.5 millones de personas, y señaló que este aumento obedece a la falta de apoyo gubernamental a la población con ingreso medio.
En suma, al día de hoy, alrededor de 100 millones de mexicanos —más de tres cuartas partes de la población— tienen dificultades para adquirir la canasta básica, o en definitiva es un lujo que no pueden darse.
El gobierno mexicano ha jugado un rol central en este doble proceso de muerte entre los pobres y precarización de la población, por no haber garantizado el ingreso de las familias vulnerables durante el confinamiento y no haber protegido el empleo, a decir de los especialistas.
“El Estado no está llamado a ‘hacer lo que pueda’. El artículo 1 (constitucional) ordena garantizar derechos. No es optativo. El Estado no es una persona que de buena voluntad hace lo que puede: el Estado tiene que hacer todo lo necesario, el mayor esfuerzo. En México no se hizo el mayor esfuerzo, por ningún lado”, asienta Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Entre las mujeres y los hombres marginados que sufrieron los efectos de la pandemia, la sensación que permanece es que el gobierno los dejó a su suerte, desamparados.
“Yo tengo que trabajar, ¿qué quieres que haga?, ¿quedarme allá (en mi casa)?”, dice Jaime Juárez Solís, un adulto mayor de 66 años que perdió su empleo como empacador en un supermercado. Sin pensión y sin trabajo, para sostener a su esposa, ahora pide dinero en los cruceros de autos. “Nadie va a tocar la puerta y decirme: ‘Ten (esta ayuda), no salgas’, porque eso no existe. Existiría en los sueños. O ni en los sueños”.
Desde su puesto de periódicos en la calle Madero, en el Centro Histórico, anteriormente atiborrada, el señor Alejandro Fraga Ibarra, de 54 años, comerciante informal, resume así el papel que ha jugado el gobierno:
“Nos queda salir solos (adelante). Rásquese cada quien con sus propias uñas, así de sencillo. Pero no dejes de pagar tus impuestos, eso es a huevo, porque, si no, vas a tener problemas”.
El perfil de los muertos
Expertos señalan que la situación de pobreza aumenta las probabilidades de convertirse en víctima de la emergencia sanitaria. Las personas pobres corren más peligro debido a una suma de condiciones fatales: baja escolaridad, mala alimentación, un historial de salud precaria que suele causar comorbilidades, hacinamiento, un limitado acceso a servicios públicos básicos en el hogar que garanticen a la higiene, y una frágil economía familiar que no permitió a esas personas quedarse en casa y las forzó a salir a ganarse la comida, exponiéndose al contagio.
“Esta pandemia, en México y en el mundo, en términos de los contagios, no distingue clases sociales: es tan probable que se contagie un grupo de personas de altos recursos como aquellas de bajos recursos, sobre todo (porque) la pandemia tiene que ver con las aglomeraciones urbanas”, afirma el investigador de la UNAM Héctor Hernández Bringas.
“La gran diferencia”, prosigue, “está en las personas que, habiendo contraído el contagio, tienen las consecuencias más severas, incluida la muerte. El mayor número de personas que mueren por COVID, efectivamente, corresponde a aquellas personas en los estratos sociales más bajos, en condiciones de precariedad y de pobreza. En ese sentido, la pandemia no es democrática, es absolutamente selectiva”.
Animal Político accedió a bases de datos socioeconómicos y sociodemográficos elaboradas por la Secretaría de Salud federal (Ssa) a partir de las actas de defunción de las víctimas de COVID. Dichos datos oficiales, provenientes del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de la Ssa, registran 205 mil 674 decesos certificados con corte al 1 de marzo. La ligera variación respecto de la cifra de fallecimientos proporcionada diariamente por la Dirección General de Epidemiología se debe a un desfase de registro.
Los cruces de datos a partir de la información del SEED confirman que la pandemia sí fue “selectiva”: el 66.8% de los fallecidos tenía escolaridad básica terminada o incompleta (preescolar, primaria, secundaria), o bien, no tenía estudios de ningún tipo. Solo 28% tenía educación media y superior, incluidos posgrados.
El investigador Hernández Bringas, sociólogo y demógrafo, indica que la baja escolaridad es un fuerte indicador de pobreza.
“Una baja escolaridad tiene una fuerte correlación con salario precario, con condiciones de vida precaria, con ingreso precario y con bajo nivel de acceso a servicios, particularmente de salud; por eso es importante la escolaridad como un dato que nos habla de las diferencias sociales”, explica en entrevista.
Asimismo, más de la mitad de los muertos por COVID (54.6%) desempeñaban oficios como trabajadores manuales (obreros, choferes, albañiles, productores agrícolas), prestadores de servicios (empleados domésticos, comerciantes —incluidos ambulantes—, meseros, vigilantes, repartidores), o ejercían trabajo no remunerado (amas de casa). Solo 11% eran profesionistas o funcionarios públicos, o tenían puestos de mando en el sector privado.
Las defunciones entre amas de casa han sido particularmente numerosas. Del total de muertes, el 24.6% corresponde específicamente a mujeres que definieron así su ocupación. Es decir, uno de cada cuatro decesos pertenece a este grupo.
Por otro lado, si bien el 64.8% de las víctimas fatales del virus estaba afiliada a un servicio de salud pública —IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, así como los servicios de Pemex, el Ejército y la Marina—, otro 22% no tenía cobertura de salud de ningún tipo.
¿Cuál era el perfil de esas personas que, antes de morir, no contaban con ninguna protección social del Estado? De esos 45 mil 860 fallecidos, el 75.8% corresponde, precisamente, a trabajadores manuales (urbanos y del campo), prestadores de servicios, trabajadores no remunerados (amas de casa) y desempleados.
El gobierno federal dictó una política para que cualquier persona contagiada fuera atendida en hospitales públicos, independientemente de que estuviese afiliada o no. Así, según el SEED, el 84.5% de las muertes por COVID se registró en algún centro de salud pública. Pero otras 20 mil 087 personas (9.7%) murieron en su casa o en la vía pública, y solo el 3.3% pudo pagarse la atención en hospitales privados, los cuales solicitaban depósitos de entre 300 mil y 1 millón de pesos para aceptar el internamiento de pacientes.
Zedryk Raziel
ANIMAL POLÍTICO
