EDUCACIÓN SUPERIOR OFENDIDA. DELINCUENCIA CONSENTIDA
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Que contrastes, se agrede a la Casa de Estudios más importante de Sinaloa por defender su autonomía, mientras que a los delincuentes les permiten plena libertad para que atenten a placer la seguridad personal y el patrimonio de los sinaloenses.
Se ataca a quien educa y forma a los profesionales que necesita Sinaloa y se fomenta la impunidad al no investigar y detener a los que cometen delitos y tienen en jaque la tranquilidad estatal, porque la Fiscalía encargada de aprehender a los malhechores anda distraída integrando carpetas de investigación en asuntos de los que no tiene competencia.
La Casa Rosalina, una institución de educación superior que sirve a Sinaloa con una misión de formar a más de ciento sesenta mil estudiantes, pueden verse afectados si el gobierno continúa asediando a la Institución y a sus autoridades amenazándolas con destituir del cargo al Rector y a los funcionarios investigados arbitrariamente.
Delito no lo hay, fabricación de los mismos, es una realidad. El Ministerio Público no ha cumplido con probar que los involucrados en las carpetas de investigación judicializadas sean servidores públicos o en su caso que manejen o apliquen recursos públicos propiedad del gobierno del Estado.
Han vendido a través de algunos medios de comunicación financiados por el gobierno estatal, que los trabajadores universitarios son servidores públicos cuando es bien sabido que no lo son, porque el régimen laboral está definido por la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución Federal, pero aun así, la consigna es la sanción penal en su contra.
Sin embargo, la Fiscalía aplica el argumento de que por manejar recursos públicos derivados del subsidio que recibe la UAS del estado, según ellos, es suficiente para que la ASE y la UIPES (Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica) auditen o investiguen a la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando bien lo saben que todos los recursos que recibe la Universidad son provenientes de la federación. Así está documentado en las propias carpetas de investigación y aun así deslegitiman esas pruebas torciendo flagrantemente la ley en perjuicio del Rector y otros trabajadores universitarios.
La necedad rebasa los límites de la legalidad, ya que hay información técnico-jurídica de la Auditoría Superior de la Federación en la que sostiene razonada y fundadamente que la única facultada para auditar a la Universidad Autónoma de Sinaloa es esa instancia del gobierno federal sustentada en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su Ley Orgánica.
Además de que todas las facturas que obran en la carpeta judicializada o son documentos cancelados porque la Universidad no los reconoció y no los pagó, y los pocos, que pueden estar dentro de los legalmente reconocidos fueron pagados con recursos provenientes de la federación. Esa es la controversia necia de que por ser gobierno, tienen facultades para auditar a la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de actos ilegales y arbitrarios.
En este asunto, no se trata si se es gobierno o no, es un asunto de estricta legalidad y lo saben muy bien, que para que la ASE o la UIPES entren a la UAS a auditarla o a investigarla, deben tener facultados para ello. Competencia no la tienen y eso es lo que los hace rechinar los dientes porque lo que están haciendo es ilegal y se les habrá de revertir en cualquier momento por conducto de la intervención de las autoridades jurisdiccionales federales a través del juicio de amparo.
Mientras el día de hoy acude el Rector y los funcionarios involucrados en el proceso penal, el sur de Sinaloa arde en llamas, las autoridades no hacen nada para parar todas las acciones colaterales del enfrentamiento sucedido recientemente en la sierra de El Rosario en las que primero se dijo que por esos hechos murieron tres personas después reconocieron que fueron cinco.
Hay terror en la población rosarense y del sur del estado, por los levantamientos que se vienen realizando de personas que algunas no aparecen y otras parece ser que han sido asesinadas.
El gobierno y la Fiscalía bien gracias. Prefieren tender la cortina de humo creada con el conflicto contra la UAS y consintiendo a los delincuentes que anden haciendo de las suyas. La inseguridad es la pierna de la que cojea el gobierno, tienen miedo enfrentarla o quizá sea la multiplicidad de compromisos que realizaron para llegar al gobierno.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
