QUIEREN VINCULAR A PROCESO CON FALSEDADES AL RECTOR
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Es una infamia lo que sucede en la impartición de la justicia penal de Sinaloa. Carpetas de investigación contra el Rector y autoridades universitarias sustentada en hechos falsos.
Las verdades jurídicas están por definirse, por lo pronto, la Fiscalía ha derrapado con los hechos y fundamentos en que se formuló la imputación en contra del Rector y autoridades involucradas en los hechos que han sido prefabricados por la Fiscalía para armar este circo mediático para afectar la imagen y la honorabilidad de los dirigentes rosalinos.
Los hechos que por meses se han venido filtrando por el gobierno del Estado a través de los medios financiados a su servicio, van dando el giro que hemos venido anunciando desde los inicios del conflicto.
La Fiscalía dio un tropezón cuando pretendió calificar a la Universidad Autónoma de Sinaloa como parte de la administración pública estatal por tratarse de un organismo público descentralizado de Sinaloa; se olvidó que la descripción en la denominación que el legislador tuvo el cuidado debido al expedir su ley orgánica que se trataba de una Institución de Educación descentralizada del Estado y que se regiría por su propia ley orgánica, así lo dice expresamente el artículo 4 de la Ley de organismos paraestales, hecho que la Fiscalía pretendió ocultarlo pero la verdad siempre llega en el mejor momento.
Se define un primer elemento en la descripción penal porque una vez hecho este deslinde y diferenciar la situación jurídica de la UAS, ahora viene la demostración que los trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no son servidores públicos, requisito ineludible para que un delito como el que se les está imputando al Rector y demás autoridades es de los cometidos por servidores públicos, por lo que demostrado este supuesto el caso se caerá ineludiblemente.
Elementos hay de sobra para convencer al juez de que los supuestos de la descripción penal del ejercicio indebido de la función pública y ejercicio irregular de la función pública no es aplicable a los trabajadores universitarios. Las reglas normativas de los organismos descentralizados son diametralmente opuestas a la naturaleza jurídica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Finalmente, elementos hay de sobra de igual manera para demostrar que los recursos públicos que presumiblemente son del Estado, el Juez quedará convencido de que el origen de los recursos que el Estado le aporta a la UAS, no son propios del gobierno del Estado sino provenientes todos de las participaciones federales que el Estado recibe de la Federación.
Por tal motivo, perder el tiempo destinando recursos para escandalizar en contra de las autoridades rosalinas, es una infamia del Gobierno del Estado y un hecho que deberá ameritar una disculpa pública del Gobernador del Estado y de la Fiscal General por las graves falsedades con las que se han conducido en este conflicto contra la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El proceso continuará el día de hoy, los riesgos de vincular todavía están presentes, el deseo gubernamental es la remoción del Rector del cargo otorgado por el Conejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque la prisión preventiva que también se ha mencionado, sería desproporcionada y violatoria de disposiciones convencionales y constitucionales.
Remover al Rector sin tener elementos de peso que demuestren la responsabilidad penal que le imputan, sería un agravio irreparable en contra de la comunidad universitaria. El gobierno del Estado está en una disyuntiva, provocar el desorden social con una medida cautelar arbitraria e inconstitucional o que el Juez dicte el auto de no vinculación a proceso.
Los hechos no dan para la sanción penal, tampoco para una sanción administrativa, porque el propio fiscal reconoció que los delios imputados a los dirigentes universitarios no causaron ningún daño al patrimonio universitario.
La posición del Juez está en juego, porque los hechos no dan para vincular a proceso, lo procedente es dictar en este proceso el auto de no vinculación a proceso. Omitir lo que se da en la investigación de la Fiscalía, y llegar a la remoción del cargo del Rector Madueña Molina solo para cumplir con la orden recibida, sería la infamia más cruel en la impartición de justicia en Sinaloa. El Rector no está solo, el enojo universitario está a la vista, el Gobernador provoca la ira rosalina, por lo que deberá tenerse cuidado con las decisiones que el día de hoy deban de tomarse, para no incitar a manifestaciones que puedan lamentar, porque la paz universitaria es la tranquilidad estatal.
La UAS no se toca, la universidad universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
