VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES ¿PROVOCACIÓN PREMEDITADA?

Alfonso Carlos Ontiveros Salas

¿Qué ocurre con esta administración gubernamental? militares a cargo de las policías son un riesgo para la seguridad personal y también para los menores.

Sin causa aparente un grupo de policías en pleno centro de la ciudad detienen con lujo de fuerza a un menor preparatoriano de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los Padres al enterarse del abuso cometido ponen en alerta a las autoridades universitarias y los Abogados de Asuntos Jurídicos de la Institución Rosalina se trasladaron a las instalaciones policiales para atender el asunto y el apoyo necesario al menor y a los Padres.

Es un derecho humano de toda persona que no se vulneren su seguridad y que en todo momento sea tratado con dignidad y respeto. La Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza impone protocolos y principios que procuren evitar excesos en la detención de una persona ya sea para prevenir hechos infractores de conductas delictivas.

En efecto, el uso de la fuerza tiene que ser de absoluta necesidad o sea como última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor; así lo establece el artículo 4 de la mencionada ley.

Sin embargo, mucho tiene que ver ese tipo de comportamientos policiales cuando en la dirección de las corporaciones policiales se encuentran al mando de personal militar. Hasta la saciedad se ha dicho que la milicia no es para ejercer funciones policiales, pero a los políticos en el gobierno eso no les importa.

El menor agredido por la policía que lo detuvo, debe ser revisado y de ser procedente denunciarlos ante el Ministerio Público, para ver si la Fiscalía procede con el mismo rigor como arbitrariamente lo viene haciendo contra los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿Dónde quedó la persuasión policial? ¿no han recibido la capacitación necesaria en la pomposamente llamada Universidad de la Policía, creada, según se anunció, para darle a los policías la capacitación y dotarlos de los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir cabalmente con esa misión preventiva?

Antes de llegar al uso de la fuerza para incapacitar a un potencial agresor, se requiere que se agoten las diversas etapas para llegar a ese momento crucial de si hay o no necesidad de aplicar otros medios para invalidar al infractor.

La actitud policial fue poco respetuosa cuando personas presentes en el lugar de los hechos les reclamaban a la policía que el menor no fuera maltratado e incluso se escuchó en las grabaciones que realizaron que no lo estuvieran ahorcando.

¿Esa es la instrucción de los mandos militares a los policías a su cargo? ¿el Presidente Municipal procederá con rigor a castigar esos excesos policiales? ¿O es un procedimiento colateral ante las frustraciones del gobierno en el conflicto que enfrentan contra la Universidad Autónoma de Sinaloa?

Esos hechos causan malestar no solo en la comunidad universitaria agraviada sino también en una sociedad que permanece temerosa ante un gobierno que no hace nada por combatir la inseguridad y de pilón solapando conductas antisociales y represivas de la policía a su cargo.

El menor agredido, tiene derechos constitucionales, convencionales y legales, que debieron ser respetados y que los policías deben conocer. La cultura de respeto a los derechos humanos parece que lo dejaron en los cajones de sus escritorios, olvidándose que los menores deben tener acceso a una vida libre de violencia y que les permitan su sano desarrollo e integridad personal. Al soldado eso no le interesa porque simple y sencillamente no son policías ¿A quién se le deberá responsabilizar de esos excesos?

La UAS no caerá en esa provocación. Seguirá su defensa en los tribunales y la razón legal no tardará en llegar y exhibir públicamente el uso faccioso de las instituciones del gobierno contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y el autoritarismo gubernamental.

La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.

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