SINALOA Y SU GOBIERNO EN EL OJO DEL HURACÁN NACIONAL ANTE EL SAT
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
El Gobierno de Sinaloa incumple tramposamente los convenios de coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para realizar auditorías a empresas contribuyentes.
Dos asuntos relativos al cobro de contribuciones que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno el mes de marzo y otro en octubre ambos de 202I, a dos empresas muy conocidas en Sinaloa, Grupo Coppel y Grupo Arhe ¿Familiares de Quirino Ordaz Coppel?
Impuestos cobrados y no pagados al gobierno federal hizo que el Sistema de Administración Tributaria demandara al Gobierno del Estado de Sinaloa para que le pagara las contribuciones cobradas y no reportadas ¿conflictos de interés o corrupción gubernamental plena?
Después del juicio perdido el daño patrimonial al Estado es por alrededor de la cantidad de mil setecientos millones de pesos. Una cantidad que sin duda impactará en las finanzas estatales.
¿Qué pasará con Quirino Ordaz Coppel? El Gobernador fue su jefe de asesores, y cuando asumió la gubernatura lo primero que hizo fue encubrir una deuda a corto plazo que fue por la cantidad aproximada a los tres mil quinientos millones de pesos, cuando sabía que eso era ilegal.
Quirino Ordaz fue un gobernante que realizó y eso continuamente se decía, que estaba haciendo negocios millonarios que iban directamente a favorecer su patrimonio, porque fue bastante la obra pública a cargo del Estado porque se prohibió que los particulares tuviesen participación en la misma o si la tuvieron fue mínima.
El juicio del SAT contra el Gobierno de Sinaloa impactará sin duda gravemente en las finanzas estatales, porque esa deuda federal tendrá que cobrarse ¿El asunto es preguntarnos los ciudadanos, si ante la evidente corrupción del exgobernador Quirino Ordaz con el silencio del Gobernador en funciones, habrá sanciones legales?
El Gobernador ha afirmado que no tolerará la corrupción en su gobierno. El problema es, que, si bien lo anuncia, los hechos dicen otra cosa. El Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado sabían de esos hechos y solaparon las consecuencias que le afectarían al gobierno de Sinaloa.
El Gobernador le atribuye al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a errores cometidos en la administración del exgobernador Quirino Ordaz; sin embargo, como puede advertirse, el desarrollo de los juicios no es reciente son asuntos que datan de los inicios del gobierno en funciones, por ello se afirma que ya tenía conocimiento la presente administración de los riesgos que representaba para el Gobierno de Sinaloa si dichos juicios llegaran a perderse, como así sucedió.
Las cosas se aclaran mientras transcurre el tiempo, la cortina de humo que se ha tendido con el conflicto que el Gobierno del Estado emprendió contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, descubre y le dice a la sociedad que toda la saña contra las autoridades universitarias empezando con la remoción del Rector Madueña Molina y otros funcionarios, responde por si mismo a la vileza expuesta para encubrir a los verdaderos ladrones del erario sinaloense.
Las complicidades suelen descubrirse tarde que temprano, en este caso no es la excepción. En el proceso entrega recepción debió conocerse la situación en que el Gobernador Rocha Moya recibía la administración estatal, pero algo ocurrió que no se formalizó la entrega recepción obligada y ahora las consecuencias pueden desencadenar sanciones ejemplares pecando de optimistas ¿en realidad se castigará al o a los responsables?
El Rector Madueña Molina y el Abogado General y ahora Secretario General encargado del Despacho de la Rectoría, asisten de nuevo en este día, para revisarles las medidas cautelares que les fueron impuestas, porque la Fiscalía del Estado por instrucciones del Gobernador, lo hacen seguramente para remover del cargo al ahora encargado del Despacho del Rector.
Un Tribunal Colegiado resolvió que la Auditoría Superior del Estado no está facultada para auditar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, un hecho que tristemente los medios de comunicación no lo difunden; sin embargo, debemos preguntarnos, ¿se atenderá el mandato resolutivo del Tribunal Colegiado? La Fiscalía y el Juez de Control deberán reconocer que en este caso no hay delito que perseguir ¿cuál será la instrucción que recibieron?
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
