INDIFERENCIA PARA MEJORAR EL APARATO POLICIAL
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Los compromisos con las organizaciones criminales deben ser muy fuertes para aplazar la reorganización de las instituciones policiales del estado.
Los estados de fuerza son muy precarios para los retos que tienen que enfrentar diariamente las corporaciones policiales. Hay un absoluto desgano de analizar en serio las condiciones de la policía en Sinaloa y una Universidad de la Policía de membrete.
No se atiende el número de habitantes que tienen que procurar que no les pase nada. La ola delictiva no para y los delincuentes tienen cancha abierta para delinquir. El número de elementos policiales, aunque no se quiera reconocer representa uno de los factores para intervenir con oportunidad y evitar un delito o detener al responsable.
La tasa criminal es alta en Sinaloa. El discurso oficial trata de minimizar el problema diciendo que los delitos van a la baja. Conocemos las declaraciones del Gobernador, pero no las de quien debe ser el vocero oficial. El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La militarización es la causa para que los gobiernos estatales no se ocupen de reunirse como sistema estatal de seguridad pública y determinar las necesidades de recuperar los estados de fuerza policiales observando los estándares internacionales en las corporaciones de policía municipales.
El municipio es quien tiene la responsabilidad de la seguridad pública y tránsito, conforme lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado no tiene ninguna atribución para tener una policía estatal preventiva porque los artículos 21 y 116 de la propia Constitución no se lo conceden.
El artículo 21 Constitucional, fija las reglas de la coordinación entre las instituciones federales de los diversos órdenes de gobierno, pero dicho dispositivo constitucional de ninguna manera faculta al estado para crear y operar su policía preventiva estatal.
Solo cuando el Ayuntamiento respectivo acuerde que alguno de los servicios públicos que tenga bajo su responsabilidad, no los pueda cumplir, podrá celebrar los convenios correspondientes con el estado, para que dicho servicio público se preste de manera temporal. Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado, no investiga al gobierno del estado por desvío de recursos púbicos, por la policía preventiva estatal. La policía investigadora dependiente del Ministerio Publico tiene su asidero constitucional en el artículo 21 Constitucional.
Los índices delictivos son alarmantemente altos. La tasa de impunidad asusta, porque del número de delitos que se cometen solo se resuelve el uno por ciento. El delincuente sin castigo es una constante amenaza para la sociedad porque la seguridad personal está muy expuesta.
Lamentablemente, la confianza en el gobierno se ha perdido. Se ha ocultado la cifra real del registro delictivo que debe tener el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, porque en caso de darlo pondría en riesgo el discurso oficial, por eso se adoptaron las cifras del INEGI para destacar el comportamiento delictivo de una entidad como es el caso de Sinaloa, a sabiendas que no es la instancia gubernamental oficial para tener como confiable la estadística criminal.
La sociedad organizada ha permanecido indiferente, callada, como es el caso de los colegios de profesionistas particularmente el de los abogados para emitir pronunciamientos al gobierno estatal para que se aborde la temática de las condiciones con las que operan las corporaciones de policía en la entidad y las políticas públicas para mejorarlas. Un sistema de seguridad pública colapsado y un 911 de emergencias que dejó de ser de reacción inmediata.
Los problemas torales del estado no se resuelven conflictuándose con la UAS, un conflicto que mucho desgasta a la administración estatal, pero el revanchismo político arbitrario y abusivo, sangra las vísceras de quien gobierna al seguir utilizando a las instituciones del estado para hostigar a las autoridades universitarias, aun con sentencias definitivas que los favorecen. El hecho que no hayan causado ejecutoria no quiere decir que no hay lineamientos de violación a derechos humanos, constitucionales y convencionales, pues de lo contrario los amparos no se hubiesen concedido. Tápenles la boca a los diputados Feliciano y Luque, porque manchan la honorabilidad de la función que ejercen, y la Fiscal que no declare en la forma que lo hizo, se ridiculiza por quedar bien con el Gobernador.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
