AUTORITARISMO, LEGADO POPULISTA
El Presidente se aplicó en llevar a cabo su plan C.
Renunciar a los hechos es renunciar a la libertad.
El lunes, por fin, termina el sexenio populista del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nos deja su legado: reformas constitucionales para acabar con la democracia y transitar formalmente hacia el régimen autoritario. Mediante la aprobación de la reforma constitucional para someter al Poder Judicial, Morena y sus aliados han convertido la división de Poderes en una simulación, como lo fue antes del año 2000, cuando el presidente de la República en turno ejercía poder metaconstitucional y el PRI era hegemónico.
Frente a los resultados del 2 de junio, el Poder Judicial y los órganos autónomos, que también quieren desaparecer, son las únicas instituciones que le podían hacer contrapeso a un gobierno con mayoría hegemónica en el Poder Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), por ende, las únicas que pueden limitar el abuso de poder y evitar la tiranía. ¿Por qué al presidente López Obrador le urgió hacer estos cambios constitucionales? Porque hoy sí tiene los votos, y porque, ahora queda claro, ése es su proyecto de Cuarta Transformación: impedir que haya equilibrio y contrapeso de poder, y, sobre todo, evitar rendir cuentas (no olvidemos que el sexenio se distinguió por la opacidad de los costos de las obras emblemáticas, declaradas “de interés público y seguridad nacional”).
En el primer trienio de su mandato (2018-2021) no hizo estos cambios constitucionales, porque, bien a bien, no supo cómo hacerlos y sólo avanzó en lo que el Congreso, obsequiosamente, le concedió: la constitucionalización de los apoyos universales. Incluso, muchos legisladores de oposición se jactaron de haber votado a favor esas reformas, pensando, quizás, que hacían el bien común, o tal vez creyeron que los beneficiarios iban a reconocerles su buena voluntad, pero no fue así. Como dice Timothy Snyder: “La obediencia anticipatoria es una tragedia política”(2017). El efecto de esos cambios quedaron a la vista con los resultados electorales del mes de junio. Los votos de la mayoría de los 27 millones de beneficiarios que reciben esos apoyos mediante transferencias directas, fue uno de los factores determinantes para que Morena y sus aliados lograran tener tan buenos resultados.
En su segundo trienio de gobierno (2021-2024), ya sabía qué quería, pero no pudo conseguirlo porque no tenía los votos suficientes. No obstante, él y sus legisladores lo intentaron mediante argucias legislativas, sin embargo, el Poder Judicial lo impidió. Así se evitó que sometieran a los árbitros, es decir, la desaparición del INE y el Tribunal Electoral, incluso, la militarización de la GN. Pero, aprendida la lección en 2021, el Presidente se aplicó en intensificar su forma autoritaria de ejercer el poder mediante la demagogia, y no escatimó recursos con tal de lograr lo que él llamó su plan C: tener los votos necesarios para reformar la Constitución y doblegar a las instituciones que le representan algún riesgo.
Así son los populistas, ya lo habíamos escrito en este mismo espacio. Al Presidente le estorbaban los contrapesos y la rendición de cuentas, por eso, de forma permanente, intentó mandar al diablo a las instituciones electorales, de transparencia y de justicia. En resumen, antes de septiembre no pudo reformar la Constitución por tres razones: no tenía los votos suficientes; los integrantes de esas instituciones levantaron la voz para defender las instituciones; y a esta defensa se sumaron los ciudadanos y un gran número de periodistas, empresarios, académicos, etcétera.
Pero, hoy, las cosas son diferentes, el presidente López Obrador tiene los votos y los está usando en los últimos días de su mandato para aprobar reformas constitucionales que erosionan nuestro régimen democrático mediante la demolición de las instituciones que durante los últimos treinta años habíamos construido, después de haber derrocado el presidencialismo autoritario en el año 2000, cuando iniciaron las alternancias presidenciales.
Ante tales circunstancias, surge la duda ¿qué forma de gobernar adoptará la Presidenta electa? ¿Reencausará el camino para reconstruir nuestro régimen democrático? ¿O seguirá fortaleciendo la vía autoritaria del populismo? Falta poco para saberlo.
Ruth Zavaleta Salgado / Excelsior
