Señales políticas

Leonardo Kourchenko

Claudia Sheinbaum nunca se ha considerado a sí misma una política. Por lo menos no de plena forma o de cuerpo entero, como aquellos que han ejercido y practicado el ancestral oficio político por décadas.

Son conocidas sus menciones y señalamientos durante la campaña a su equipo de colaboradores y asesores, en el sentido de señalar a “ustedes los políticos” como esa clase especial de personas que encuentran siempre otras lecturas, percepciones y análisis diversos.

Para ella, científica de formación, imaginamos que en la aplicación del método y el proceso de datos y resultados, los políticos son lo más volátil, poco confiable y tal vez sustentado débilmente a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas.

Sin embargo, estos primeros días muestran a una presidenta en pleno ejercicio del oficio político.

Después de la arrebatada amenaza el viernes pasado de legislar para impedir que la Corte aceptara y analizara (a consulta de trámite) la reforma judicial, este martes envió una señal distinta, sin precedentes en este acalorado debate judicial.

Ciertamente, la presidenta ha defendido, a capa y espada, desde la campaña y ya en la silla del águila, la aprobación e implementación de la reforma judicial; ha hablado de democratizar el Poder Judicial y el ejercicio de la justicia, para mi gusto tramposamente, porque llevar a los jueces, magistrados y ministros a las urnas, no necesariamente como ella plantea, significa la señalada democratización.

Pero la señal indiscutible de apertura al diálogo entre el Senado y la Corte habla de un afinado sentido político, sensibilidad, tolerancia, comprensión de que la República, esa sí democrática que todos queremos preservar y fortalecer, requiere de escuchar, atender y concertar con otros sectores.

Su discurso de toma de posesión envió señales contrarias. A pesar del mensaje “seré presidenta de todos los mexicanos”, no tendió un solo lazo a la oposición. No habló de diálogo, entendimiento, sumar y concertar fuerzas a favor del país.

Tal vez porque todavía estaba ahí, vigilante, su predecesor.

Esta semana nos ha sorprendido y es importante reconocerlo.

Ante la inminencia de la crisis constitucional, con dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) enfrentados al tercero (Judicial) por la mentada reforma que arrasa con la carrera, los servidores, funcionarios, titulares y todo el andamiaje, la presidenta eligió la ruta del diálogo.

¡Felicidades! ¡Enhorabuena!

Hay mucho escepticismo —me sumo al sentimiento— de que este inicial paso pueda desembocar en ajustes, modificaciones y matices a la equívoca reforma que Monreal y sus compinches aprobaron de forma tan desaseada, contradictoria y violatoria del proceso legislativo.

Eso quiere decir que tendrá que regresar a las cámaras y a los congresos estatales.

Oportunidad que puede servir para mejorar la reforma, afinar su contenido, su profundidad, la eficacia de los cambios pretendidos. Por ejemplo, no despachar de un plumazo a 800 jueces y magistrados, sino tal vez iniciar con una prueba piloto de 50 y ver en la práctica cómo funciona.

Otro elemento vago y jabonoso que los morenistas han preferido hacer a un lado como si no existiera: las fiscalías y los ministerios públicos. En opinión de muchos conocedores son los verdaderos responsables de los muchos males existentes en la pobre impartición de justicia en México.

Las denuncias las presentan los ciudadanos ante ministerios públicos saturados, sobrepasados, sin instrumentos o herramientas para realizar su trabajo apropiadamente. Las investigaciones del 97% de los delitos impunes —como cantó acusatorio AMLO— no son responsabilidad del Poder Judicial federal, ni de los jueces o de los magistrados.

En buena medida, la cifra que es real obedece al pobre papel que realizan las fiscalías con expedientes mal integrados, investigaciones vergonzosas y evidencias inexistentes.

¿Cómo puede un juez federal dictar sentencia inculpatoria en esas condiciones?

La nueva oportunidad abierta desde la Presidencia establece condiciones para dialogar en esta delicada materia, donde la experiencia de ministros y magistrados sería de gran aportación a una reforma integral.

En contraste a estas señales de política, el programa temático anunciado para las nuevas mañaneras, más cortas, puntuales y aparentemente informativas, dice lo contrario: detector de mentiras los miércoles. Una copia idéntica al “quién es quién” de AMLO con la inefable señorita Vilchis.

¿Por qué pensará la presidenta de México o su nuevo director de comunicación, que necesita dedicarle tiempo a “desmentir” a los medios y a las redes?

¿No le parece un ejercicio inútil? ¿No tiene de verdad asuntos y temas más trascendentes y relevantes que abordar, en vez de debatir lo que dicen los medios y las redes?

Apunta a un nuevo ejercicio de propaganda irrelevante, dirigido a sus seguidores, que lastima, distancia y dificulta el diálogo social, político y partidista.

Otro pedestal de ataque y descalificación a los medios. Innecesario.

Con información de El Financiero