Advierten 8 ministros riesgos por reforma judicial
Ivonne Melgar / Ximena Mejía / Leticia Robles de la Rosa
En el inicio de los llamados diálogos nacionales para la reforma judicial, con 35 participantes de legisladores, jueces, consejeros de la Judicatura, magistrados y los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres fue la más ovacionada por una asistencia mayoritariamente morenista.
Al grito de “¡Bravo, ministra del pueblo!”, los diputados de la coalición oficialista se prendieron cuando la más recién integrante de la Corte hizo suya la propuesta del presidente López Obrador de que los futuros juzgadores sean definidos por voto popular.
Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial… En una palabra, es injusta”, dijo la ministra Batres.
Afín a la 4T, la ministra Loretta Ortiz puso énfasis en la selección.
Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección ineludibles basados en el mérito”, dijo.
Ocho de los 11 ministros de la SCJN advirtieron de los riesgos de que la elección en las urnas destruya lo construido por generaciones, al igual que el sistema de méritos en el que se sustenta la carrera judicial y la certeza que éste ofrece a los inversionistas.
Didáctica, la ministra Margarita Ríos-Farjat parecía que estaba frente a un grupo de estudiantes. “Una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar verdaderamente orientada a resolver problema; no según la ilusión, sino la realidad. No desarreglar lo que funciona; es decir, no crear problemas. Ser barata e implementarse con sencillez”.
Era evidente que el ministro Laynez tenía un muy buen humor, que no perdió al momento de dirigirse a los diputados y senadores en la mesa ovalada del salón de la Cámara de Diputados, donde por primera vez en la historia las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión escucharon a los ministros: “Me rehúso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”.
Un poco más serio, el ministro Juan Luis González Alcántara, de quien el doctor Jorge Carpizo, exministro de la Corte, expresaba elogios, por su apego a los criterios jurídicos y lo ponía como ejemplo de un buen juez, ayer les pidió a los legisladores federales reflexionar sobre el impacto negativo de legislar para politizar la formación de los jueces y, por tanto, la impartición de justicia. “La iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos”, planteó.
Quizá por la cercanía de su retiro como ministro de la Corte, porque en unos meses vence su cargo, el ministro Luis María Aguilar habló de lo importante de la carrera judicial, desde la historia de su vida. Y aunque en las sesiones del pleno de la Corte, es un férreo defensor de los criterios constitucionales, por encima de las consideraciones políticas, ayer se mostró abierto a que se utilice la elección directa para decidir los puestos de los juzgadores, pero aclaró que sí y sólo sí esté acompañado de la carrera judicial.
Admitieron los ministros que al acatarán la decisión del Congreso, se pronunciaron por cuidar la selección de quienes sean postulados a los cargos por la vía de la elección popular, enfatizando en la importancia de realizar ese proceso de manera gradual.
Requerimos jueces sobre la elección popular, sí”, planteó la ministra Yasmín Esquivel, quien le dijo coincidir con los propósitos y diagnósticos del Ejecutivo federal. “La elección selectiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes”, detalló.
En el mismo sentido, el ministro Jorge Pardo resumió: “Me permito hacer la sugerencia, en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena prendió las alertas en el tema económico: “Es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”.
La ministra presidenta, Norma Piña, pidió evitar prisas, un diálogo auténtico y que las víctimas sean el centro de la reforma y frontal pidió que la crítica al sistema de justicia se hiciera partiendo de la verdad, con datos ciertos.
Estoy convencida de que, en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
También Norma Piña se llevó un aplauso y un susto, cuando de pronto la diputada trans, María Clemente, se acercó a ella, se colocó a su espalda y levantó un cartel mientras gritaba “este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane, por culpa de jueces corruptos cada vez crece la transfobia que se ha incrementado este año en 50%. La población trans está en favor de esta reforma.
Así, María Clemente rompió el acuerdo de no agresión a los ministros, pero los morenistas lograron sacarla del salón.
Esperaba la ministra Piña ser la última en la ronda de posicionamientos, pero Morena tenía un invitado especial que cerró la jornada, su antecesor Arturo Zaldívar, quien también se llevó las palmas de los representantes de Morena cuando cuestionó a sus excompañeros por haber actuado, dijo, en favor de la oligarquía, la oposición y la comentocracia.
“NO ES UN MONOPOLIO EN MÉXICO”
La ministra presidenta Norma Piña dijo que como resultado del ejercicio de escucha en los últimos cuatro meses la construcción de la llamada Agenda Nacional de Seguridad y la Justicia ha concluido que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial.
La justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”, definió.
Bajo esa premisa, dijo que pensar en una reforma implica reflexionar sobre el papel que desempeña “como piedra angular para mantener la paz y la cohesión”, resolviendo de manera imparcial e independientemente de los conflictos que surjan.
Al reconocer que las circunstancia exigían ser críticos con la justicia, pidió Norma Piña que, al hacerlo, “se encuentre en el centro de ésta las necesidades de las víctimas”.
Definió que éstas requieren personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas.
Y remarcó que en ese ejercicio crítico se proceda con sustento en la verdad, en “los datos ciertos” y “las cifras correctas valoradas en su contexto”.
Habló de criticar con honestidad y responsabilidad de Estado.
Se pronunció por un diálogo real, para lo cual, enfatizó, “se requiere voluntad de reflexión”.
He hizo un llamado a los legisladores: “Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento.
Por Ivonne Melgar, Leticia Robles de la Rosa y Ximena Mejía.
EN RIESGO, LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, DICEN
El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de intereses”, aseguró el ministro Javier Laynez Potisek.
El ministro hizo una defensa abierta de todos los integrantes del Poder Judicial y dijo que no son corruptos.
La jueza de Chihuahua que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida; los jueces en Tijuana que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año; el juez de Oaxaca que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental; la jueza de Tlaxcala que reconoció el acoso laboral de la trabajadora.
Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos está alejado de la sociedad, como no lo está también el Ejército, ahora, de jueces capacitados especializados en el nuevo sistema oral y de justicia laboral que, votado por esta soberanía y, por cierto, que se está convirtiendo en un modelo en América Latina”, sostuvo.
Añadió que “hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que éstos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional. Discúlpenme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias”.
Por Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena Mejía.
LLAMA A TENER INSTITUCIONES SÓLIDAS
La ministra Margarita Ríos- Farjat alertó al Poder Legislativo que se debe “tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida. Se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que ese menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual, especialmente de quienes tienen menos”.
La ministra consideró que “esta generación de mexicanas y mexicanos debe saber que cuenta con instituciones sólidas, republicanas y democráticas, resultado de nuestra historia y del esfuerzo de nuestros antepasados. Tan es así que aquí estamos en un esfuerzo interinstitucional de diálogo, democrático y además, en respetuosa colaboración entre poderes. Razón para estar contentos por estar haciendo lo correcto”.
Ríos-Farjat planteó que para hablar del Poder Judicial, es necesario recordar que existe el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los estados; que hay tribunales en materia agraria, administrativa y laboral; que las personas confunden a las fiscalías, procuradurías, defensorías, sistemas de justicia, comisiones de derechos humanos, grupos de búsqueda de personas, atención a víctimas con el Poder Judicial, y no es así.
Planteó a senadores y diputados que “una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar verdaderamente orientada a resolver problema; no según la ilusión sino la realidad. No desarreglar lo que funciona; es decir, no crear problemas. Ser barata e implementarse con sencillez”.
Y planteó siete propuestas para el mejor funcionamiento del sistema judicial, no sólo federal, sino estatal.
Por Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena Mejía.
INDEPENDENCIA JUDICIAL, VITAL PARA LA ECONOMÍA
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena definió que la independencia del Poder Judicial es fundamental para el desarrollo de la economía nacional.
¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es, cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa: una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”, argumentó.
Advirtió que el mal diseño de un modelo de elección de jueces y magistrados por voto popular tendría un impacto económico, generando lo que denominó “una subasta de juzgadores”.
Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”, advirtió durante su participación en la inauguración de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, en la Cámara de Diputados.
Alertó que la incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas.
El ministro se refirió a los riesgos de “exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar”.
Planteó que la percepción de que el sistema judicial no es imparcial “puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico”.
Planteó que, frente a éstos riesgos, se cuenta con la profesionalización de la función judicial mediante la capacitación permanente con una Escuela Judicial autónoma, garantizando que la función de los juzgadores.
Defendió la remuneración justa, el plan de retiro digno, beneficios que consideró como remuneraciones que atraen a los mejores perfiles y retienen a los talentos jurídicos que garantizan la estabilidad y continuidad del sistema judicial.
Asimismo, la profesionalización de los litigantes y el fortalecimiento de las defensorías públicas.
Por Ivonne Melgar, Leticia Robles de la Rosa y Ximena Mejía.
LENIA BATRES PIDE VOLVER A ANTES DE 1994
Con el discurso de que el Poder Judicial le ha cerrado las puertas a la ciudadanía y se las ha abierto al tráfico de influencias, la ministra Lenia Batres se manifestó a favor de la reforma judicial, al considerar que lo democratizará.
Aseguró que actualmente el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, pero no de los poderes fácticos.
Lenia Batres, afín a la Cuarta Transformación, propuso incluir en la iniciativa limitar las interpretaciones de la Corte.
A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entregó a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte”, argumentó.
Por Ximena Mejía, Leticia Robles de la Rosa e Ivonne Melgar.
DEFIENDEN PLURALIDAD DEMOCRÁTICA
El ministro Alberto Pérez Dayán inició su intervención alertando de la reforma que se hizo a finales del sexenio de José López Portillo.
Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”, recordó.
Aludió al debate pendiente para agosto en el INE que atendería la solicitud de la oposición de evitar que la coalición legislativa tengan más diputados y senadores que a la que le correspondería por el porcentaje de votación que obtuvo el 2 de junio.
Los límites impuestos a la sobrerrepresentación no son casuales, guardan una lógica indiscutible con sus propósitos, significan, en las propias palabras de su autor, el respeto absoluto a la pluralidad democrática y al reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular”, definió.
Alegó el ministro Pérez Dayán que ninguna fuerza política por sí misma pueda reformar el texto constitucional, “porque siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria, que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda norma fundamental”.
Bajo esas premisas, alertó del riesgo que prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, implicaría “admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales”.
Se pronunció igualmente en contra de la propuesta que busca suspender los efectos generales a determinadas sentencias de amparo.
Por Ivonne Melgar, Leticia Robles de la Rosa y Ximena Mejía.
ALERTAN DE DESAJUSTE POR ELECCIÓN
El ministro Jorge Pardo Rebolledo sostuvo que, después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, está convencido de que la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes lo integran.
Aun cuando reconoció que existen áreas que se deben mejorar y dijo entender que la intención es concretar una reforma cuyo eje principal es que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros sean elegidos por voto directo de la ciudadanía.
Aclaró que en lo personal no comparte que ese sea el mecanismo más idóneo para garantizar los derechos que la Constitución protege ni para darle independencia y autonomía a los tribunales.
Alertó que “sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”.
Frente a ese riesgo, el ministro Pardo sugirió que “esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal, que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos”.
Argumentó que, de esa manera, se reducirá la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios.
Por Ivonne Melgar, Leticia Robles de la Rosa y Ximena Mejía.
ESQUIVEL RESPALDA QUE SÓLO SEAN 9 MINISTROS
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, respaldó que la reforma al Poder Judicial se mandató en la pasada elección del 2 de junio, y respaldó la reducción de los actuales 11 ministros por nueve electos por voto popular.
La impartidora de justicia sugirió una sustitución escalonada de jueces y magistrados para no desmantelar el sistema de justicia.
Nosotros plantearemos cuáles son nuestras visiones con relación a esto que ha sido el mandato del pueblo el pasado 2 de junio, en donde se dijo que se votaba por un plan C, por una reforma al Poder Judicial, y en ese sentido, no podemos dar marcha atrás ya a un mandato popular, a un mandato de la ciudadanía”, expresó.
Sería en un solo momento, el planteamiento que yo estoy haciendo, donde se elijan en una sola votación los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
Esquivel entregó a los legisladores su propuesta con siete puntos esenciales: elección por voto popular de todos los integrantes de la SCJN y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; sustitución progresiva de juezas, jueces, magistradas y magistrados; garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de los juzgadores; respeto a los derechos laborales de todas y todos; observancia a la paridad de género; jueces cercanos a la gente; y justicia para todas las personas por igual.
Resaltó que, además de democratizar el acceso a la titularidad de cargos en el Poder Judicial, un reto mayor es el de mantener la independencia y autonomía respecto a los demás Poderes constituidos, fácticos o económicos.
Por Ximena Mejía, Ivonne Melgar y Leticia Robles de la Rosa.
“MEJORA, PARA BIENESTAR DEL PUEBLO”
La reforma al Poder Judicial debe tener como fin el bienestar del pueblo, aseguró el ministro Luis María Aguilar, quien frente a diputados y senadores hizo una defensa de la carrera judIcial como el mejor mecanismo de garantía de un juzgador profesional y planteó que no se opone a la elección popular de los juzgadores, pero se debe garantizar su independencia.
No niego que toda institución humana puede mejorarse, puede, desde luego, perfeccionarse, irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es a quien está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la Independencia de los jueces.
Yo creo que, si tenemos en cuenta esto, aprovechemos la carrera judicial, si se puede combinar, de manera eficiente con la elección popular, pues que se haga, yo no me opongo.
Mi única condición y, lo he dicho mi única condición, es que los jueces y los juzgadores sean independientes. Si se elige un sistema determinado, magnífico, qué bueno, a lo mejor se avanza, pero mientras no se pierda la independencia quiere decir que vamos por buen camino”, aseguró.
Durante el primer día de los foros en torno a la reforma al Poder Judicial, realizado en la Cámara de Diputados, Luis María Aguilar hizo referencia a que también es urgente pensar en una reforma de fondo del Poder Judicial estatal.
Por Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena Mejía.
PRIVILEGIAN LOS MÉRITOS PROFESIONALES
La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, expuso que, independientemente del proceso mediante el cual se elija a los miembros del Poder Judicial, deben existir criterios objetivos de selección basados en mérito profesional y capacidad profesional.
Los procesos deben asegurar, como únicos elementos ineludibles, que haya criterios de selección objetivos, basados en el mérito personal y en la capacidad profesional”, expresó.
La impartidora de justicia expuso que, dentro del Sistema Interamericano, se ha concluido que, con independencia del proceso definido en cada país, éstos siempre deberán contar con criterios objetivos de selección, basados en mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona, sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones.
En su intervención consideró natural que en las sociedades existan inquietudes por los órganos judiciales y que se centre en la forma en que éstos se integran y en los mecanismos que garanticen a la población el adecuado desempeño de sus funciones.
La ministra destacó que los estándares internacionales no establecen un modelo ideal o deseable de selección de jueces, al ser una materia que corresponde al ejercicio soberano de cada Estado.
Por Ximena Mejía, Ivonne Melgar y Leticia Robles de la Rosa.
“NO OFRECE SOLUCIÓN INTEGRAL”
De aprobarse la reforma al Poder Judicial en sus términos “no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país, a nivel federal y, muchísimo menos, a nivel local”, advirtió el ministro Juan Luis González Alcántara, quien destacó que la reforma pone en riesgo la justicia independiente e imparcial.
La iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos. No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa”, aseguró.
Durante el primer foro en torno a la reforma al Poder Judicial, el ministro hizo una defensa de la carrera judicial, como el único mecanismo para garantizar la independencia del juzgador y una formación profesional.
Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo, lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres Poderes de la Unión.
“(…) La ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados. Por eso debemos de preguntarnos: ¿qué papel queremos que cumpla en la función judicial el voto popular? ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito?”, planteó.
“Un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de mil 600 personas”, dijo.
Por Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena.
“EL PUEBLO NOS OTORGÓ EL PODER REFORMADOR”
Aunque ofreció actuar con “prudencia y cautela”, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, recordó que su fuerza política impulsa la reforma al Poder Judicial “acompañados de una gran legitimidad”, porque “el pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución”.
Durante la inauguración del primer foro en torno a la reforma al Poder Judicial, realizado en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal recordó que “nosotros tenemos puntos de vista sobre la reforma que iremos desahogando. Pero advertimos al país y a la población que venimos acompañados de una gran legitimidad.
(…) Pero vamos a actuar con prudencia y cautela, y vamos a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial. Ese es nuestro propósito y nuestro objetivo”, ofreció.
Raúl Bolaños Cacho Cué, coordinador de los senadores del Partido Verde, aliado de Morena, aseguró que “hoy mucho se habla que la confianza que nos dio la ciudadanía. El pasado 2 de junio nos otorgó una mayoría que podría ponernos en ocasión de imponer una reforma, pero este ejercicio de diálogo histórico demuestra que el objetivo es construir, no imponer.
Construir un país de leyes que se respeten con los poderes y mecanismos que las hagan respetar, con un sistema que le brinde un verdadero funcionamiento a la república y un real equilibrio de poderes. La mayoría nos brinda el poder de la gente para amplificar la voz y nos obliga al éxito en cada encomienda que se nos presenta. Nuestra obligación es responderle a la mayoría, a las minorías y a todo México”, aseguró.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, consideró que una elección popular como la que propone la reforma judicial del Presidente, no garantiza que se elimine la corrupción.
Estamos hablando de una reforma seguramente la más importante que se haya podido tener en muchísimos años, que puede cambiar para bien, por supuesto, así lo deseamos, todos los que estamos en esta mesa, si lo hacemos bien, para mejorar las cosas en el sistema judicial.
Si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy, muy lamentables, por eso es que, de manera muy respetuosa, yo quisiera llamar, como se ha dicho aquí, a una verdadera, digamos que sesión en estos nueve foros que se van a realizar, de análisis y de tomar en cuenta lo que allí se diga, para que podamos realmente avanzar en lo que hoy tenemos”, alertó.
Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dijo sí a los cambios en el Poder Judicial, pero “no para dejar de ser un contrapeso, sino para ser el mejor contrapeso. Una reforma que implica el debilitamiento y el desmantelamiento del Poder Judicial significaría una irresponsabilidad histórica. No podemos permitir que el país caiga en una espiral de descomposición institucional y debilitamiento de los contrapesos y del Estado de derecho”.
Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, aseguró que no coincide con la forma en que se estructura el tema de la elección de los juzgadores, “puede haber razón en el planteamiento de fondo de la legitimación, pero el mecanismo planteado está rompiendo con la carrera judicial y eso rompe con el mérito de juzgadores y con la igualdad real de oportunidades en el progreso de la misma carrera, no da garantía de autonomía”.
Por Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena.
“ROMPEN TODOS LOS ESQUEMAS”
La directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Circuito, la jueza Juana Fuentes Velázquez, rechazó la elección por voto popular de juzgadores, propuesta en la reforma pues, dijo, rompe la independencia judicial.
Hemos dicho un no rotundo dada la forma en que se plantea la propuesta, porque evidentemente los mecanismos que pudiéramos pensar que se apliquen para una elección popular de ese tipo, pues rompe con todos los principios y esquemas que hemos llevado como Poder Judicial no nada más en México. Sabemos que un sistema judicial es basado en la meritocracia, en este principio de la carrera judicial, pues es un principio universal. La propia ONU reconoce estas características de la labor, la propia independencia judicial. La intención también es visibilizar estas este escenario de que una elección popular para jueces rompe con estos principios”.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la jueza confió en que los nueve foros convocados por la Cámara de Diputados sobre la reforma permitan el diálogo sobre las diversas temáticas, y que propicie el desarrollo de los planteamientos que como Asociación Nacional tienen para “hacer un planteamiento ya por escrito de cuál es la propuesta desde nuestra perspectiva para armonizar con esta reforma judicial”.
“PODER JUDICIAL, SUJETO A VOLUNTAD DEL PUEBLO”; IRREDUCTIBLE, LA ELECCIÓN: MIER
Los coordinadores parlamentarios de la mayoría en la Cámara de Diputados, Morena, PT y Partido Verde Ecologista cerraron filas para dejar claro que escucharán las opiniones sobre la reforma al Poder Judicial, pero “el mandato popular del 2 de junio” será la prioridad.
Al inaugurarse los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velazco, expresó que cumplirán con la petición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de apertura al debate sobre la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, para la coalición es irreductible la petición popular de elegir a los ministros, magistrados y jueces que conforman el Poder Judicial.
Con toda honestidad y de manera enfática, manifestar cuáles son para nosotros los irreductibles que nos planteamos derivado al mandato popular que no podemos mentir ni traicionar, de tal manera, que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben de estar sujetos a la voluntad popular”, expresó.
En su intervención, el vicecoordinador de los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la iniciativa presidencial “es una revolución al Poder Judicial”. Fernández Noroña expresó que al pueblo se le debe dar el control de elegir mediante el voto popular a los integrantes del Poder Judicial, como ocurre ya en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México, que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto. Sí es un mandato el que se reduzca la Corte, que desaparezcan las pensiones vitalicias, que se ajuste al margen constitucional y que ningún funcionario gane más que el presidente de la República”, enfatizó.
El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente Salas, reconoció al parlamento como una iniciativa de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que emplaza a los integrantes del movimiento de la 4T a escuchar.
CARRERA PROFESIONAL
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, destacó la importancia de que el impartidor de justicia tenga carrera profesional y salarios que les permitan su autonomía.
No deseamos jueces con prejuicios y mucho menos improvisados. Los queremos de carrera judicial, bien remunerados y con la certeza de que su trabajo puede ser una profesión de toda la vida y que al final de la misma gozarán de un justo retiro”
En su intervención, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, expresó que ante los resultados de la pasada votación federal, como opositores ya no se enfocarán en “señalar y descalificar” la reforma al Poder Judicial, en su lugar, habrá coincidencias, especialmente en fijar plazos de resoluciones.
Nosotros no vamos a enfocar ya nuestro debate en señalar, en descalificar, nosotros queremos argumentar y que se escuchen nuestros argumentos, y los adelantaría de una manera muy breve, particularmente en esta reforma Judicial, hay cuestiones con las que coincidimos y habremos de coincidir, por supuesto que sí, claro que las hay, las anticipo. Hay una intención de que haya un plazo máximo para resolver los plazos judiciales, a favor, cuentan con el PAN”, externó.
Ambos líderes de oposición destacaron la relevancia de mantener los equilibrios en el Poder Judicial.
Por Ximena Mejía, Ivonne Melgar y Leticia Robles de la Rosa.
