Auditan a Universidades. Proyectan cancelar las jubilaciones dinámicas
Ciudad de México.- Como ocurre cada año, la Auditoría Superior de la Federación realiza una revisión contable-financiera-administrativa de las 32 Universidades del país, principalmente de 10 que a finales del 2018 entraron en crisis, colapsadas por sus sistemas de pensiones o el pago de jubilaciones dinámicas y por otras prestaciones a sus trabajadores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene especial interés en que se “restructuren” los regímenes de pensiones en las Universidades de Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, para solucionar de una vez por todas sus recurrentes crisis financieras.
En Sinaloa son o serán auditadas la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente, la Universidad Pedagógica y la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa. Sobre la UAIS el reporte de la ASF indica que pesa una auditoria estatal en la que salieron a relucir irregularidades en la aplicación de su presupuesto. Del total de Universidades de Sinaloa, únicamente la UAS mantiene la jubilación dinámica.
En el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 21 de diciembre, la Secretaría de Educación Pública firmó un convenio-compromiso con 10 Universidades Públicas que permitió la liberación de recursos extraordinarios para el pago de los salarios y aguinaldos del 2018, bajo la responsabilidad de ejercer ese recurso y todo el presupuesto universitario con austeridad y transparencia.
A la UAS se le respaldó con 304 millones de pesos “adicionales” o extraordinarios. El diagnóstico de las Universidades en crisis es contundente: tienen que modificar su sistema de pensiones o cancelarlos para que los jubilados se queden con una sola pensión, la del IMSS o la del ISSSTE, evitando usar recursos del presupuesto universitario al pago de dobles jubilaciones o jubilaciones dinámicas que colapsan la economía de las instituciones.
Las auditorías a las Universidades son contables, financieras, administrativas, no académicas. La Auditoría Superior de la Federación no es la instancia para una valoración académica de las Universidades. Es la SEP y otras dependencias las que aplican los parámetros para aquilatar de desarrollo de cada una de las Universidades del país sobre todo aquellas que están inmersas en competencias de conocimientos a nivel nacional e internacional.
Las fiscalizaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación tienen como objetivo emitir nuevas recomendaciones en torno al uso de los presupuestos universitarios. Del resultado, la ASF formulará encomiendas a cada una de las Universidades auditadas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública giraron indicaciones de “no apoyar con recursos” a las Universidades Públicas que otorguen la jubilación dinámica o la doble jubilación sin contar con un esquema de aportaciones económicas de los trabajadores y para concretar el proyecto el primer paso es la auditoría.
El tema fue abordado incluso en diciembre del 2018 en las mesas de diálogo en las que los rectores de 10 Universidades Públicas exigieron mayores recursos para solventar las crisis financieras del final de cada año en la que les toca pagar simultáneamente salarios y aguinaldos.
Los legisladores no incluyeron en el ejercicio fiscal 2019 recursos para el Fondo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades, de donde se obtienen tradicionalmente apoyos para el pago de jubilaciones dinámicas, por lo que para mantenerlo la SHyCP y la SEP tendrán que “jalar dinero de otras partidas”, razón por la que se volvió a exigir a las Universidades crear fondos o fideicomisos con aportaciones de los trabajadores, en activo y jubilados, para sostener la carga de la doble jubilación.
Hoy, el gobierno federal ofrece una demostración de que “va de la palabra a la acción” y en las auditorías anuales que practicara a todas las Universidades, la ASF pondrá especial énfasis en los recursos que se destinan para el pago de jubilaciones dinámicas en las Universidades que cuentan con este régimen para saber de qué área obtienen esos recursos, porqué y cómo lo aplican.
Las Universidades que en diciembre se comprometieron a ejercer un plan de racionalidad y rendición de cuentas abrieron de par en par sus libros contables, pero a la Auditoría Superior de la Federación le interesa sobre todo fiscalizar el ramo de las jubilaciones donde los beneficiarios no realizan ningún tipo de aportación.
En algunas Universidades como la de Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Tabasco, el objetivo de las auditorías intenta ser desviado por los grupos interesados en que no se cambien los regímenes de pensiones y jubilaciones y pretenden darle un cariz académico a la fiscalización elevando quejas de que no les cumplen con la entrega de plazas para hacer creer que las crisis de las Universidades se debe a que posiblemente se esté utilizando el dinero para privilegiar a profesores mediante el clientelismo político, cuando el colapso lo provoca el pago de las jubilaciones dinámicas..
En un primer diagnóstico, la ASF descubrió que las Universidades canalizan 150, 400, 800 y hasta 2 mil millones de pesos anuales al pago de la extra-prestaciones laborales a sus jubilados, algunos apoyados por aportaciones de empleados en activo y retirados y en algunas sin ningún tipo de fondo o fideicomiso que de soporte o vialidad al pago de este beneficio.
En Sinaloa, la UAS enfrenta un déficit de mil 743 millones de pesos originado, según la ASF, por el pago de la jubilación dinámica sin ningún aporte económico de los trabajadores.
Las fiscalizaciones de la ASF son anuales, rutinarias, pero en esta ocasión, aparte de revisar si se están cumpliendo o no con los compromisos suscritos con la SHyCP y la SEP de diciembre del 2018, las Universidades tendrán que facilitar a los auditores los paquetes de pago de las jubilaciones dinámicas.
