Auditoría a la UAS: sin derroches ni daño patrimonial
“El deber de un periodista es informar, informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia”, decía el periodista y escritor polaco Ryszard Kapuscinski.
Con base en una profunda investigación contable, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que en el manejo del presupuesto 2018 de la Universidad Autónoma de Sinaloa no encontró derroches, ni desfalcos ni saqueos y diagnosticó que la aplicación del gasto se apega a lo programado y a las normas de disciplina financiera.
El resultado de la auditoría no tiene desperdicio, aunque hay quienes, sin conocer los alcances de un arqueo de esta naturaleza, en la línea de «golpear» y desacreditar a la Casa Rosalina, fantasean e inventan sus propios «números».
No hay duda que la auditoría validó el ejercicio administrativo-universitario del Rector Juan Eulogio Guerra Liera. Las cuentas claras ahí están, transparentadas ante el máximo órgano auditor del estado mexicano: la ASF
Sin embargo, hay quienes, desde el exterior de la UAS, insisten en darle vuelo a otra “auditoría”, la falsa, la que elucubran; o se enganchan “para declarar contra la Universidad” con versiones que cachan en las redes digitales o que inventan, ellos mismos, para intentar manchar honras de funcionarios universitarios y pretende desbarrancar el proyecto académico y administrativo del alma mater.
Área por área, la ASF auditó a la Universidad sin encontrar irregularidades. Certificó el gasto en comunicación social, el cual es mucho menor a las aplicaciones económicas que realizan otras Universidades más pequeñas, cuya inversión es mayor en esta área, pese a que tienen menor presupuesto y no logran competir aun con la UAS que posee proyectos educativos de gran calado y programas de intercambio académico de rango internacional que requieren ser difundidos.
La UAS mantiene, además, una de las cifras más altas de matrícula -la tercera a nivel nacional- pese a que el gasto por alumno es reducido. Cada estudiante le cuesta en promedio 42 mil pesos al año a la Casa Rosalina, cuando el promedio estándar es de 62 mil pesos. Aun así, la institución cubre todas las expectativas y garantiza una educación de calidad.
Sí. Por tercera ocasión desde que desapareció el Fideicomiso Pro-Jubilación Dinámica, el órgano auditor invitó a la Casa Rosalina a que solvente algunas observaciones o “detalles” menores y que se coordine con el SAT para que aclare y coteje algunos datos fiscales. Es normal la solicitud dado que la UAS opera un sistema de pensiones y jubilaciones que le representa un gasto, sin soporte financiero, del orden de los mil 750 millones de pesos, contemplado en el Contrato Colectivo de Trabajo.
La Auditoría Superior de la Federación trasladará el resultado auditoría de la UAS a la Secretaría de Educación Pública para que, cada quien, dentro de sus atribuciones, se coordinen a fin de que se facilite la modificación de su sistema de pensiones y jubilaciones de la institución, el cual, como opera actualmente, le genera problemas económicos que se reflejan en algunas áreas, de acuerdo a la investigación contable practicada por la Federación.
Cuando se dio a conocer el resultado de la auditoría favorable a la Universidad, me encontraba en la Ciudad de México, acudiendo a reuniones con académicos y estudiantes, interesados en conocer los alcances de los nuevos esquemas de la Cuarta Transformación en materia financiera y la dinámica de los medios de comunicación en torno al manejo de los recursos de las instituciones de educación superior.
En los encuentros salió a la luz y se planteó como motivo de análisis el hecho de que, sobre algunas Universidades Públicas Estatales y la UNAM, desde el exterior, se fomenta un clima de odio usando las plataformas digitales en ocasiones sin ningún “espectro ideológico”, sólo por el interés de personajes políticos o de grupos de jubilados que sin tener una vida universitaria activa intentan influir en la toma de las decisiones de las casas de estudio.
Los grupos “foráneos” que fomentan el odio y la división, desde afuera de las instituciones, esperaban que la Auditoría Superior de la Federación procesara la quiebra o el desfalco de las Universidades Públicas del país. No ocurrió así. Cuando menos la UAS pasó de nuevo la prueba del ácido de una nueva auditoría.
Sin embargo, el resultado positivo del sondeo contable de la ASF no quiere decir que los problemas económico-financiero de la UAS se terminaron. Siguen vigentes y se les tiene que buscar una solución consensada y pactada con la comunidad universitaria y las autoridades de la SEP y la SHyCP para ajustarlos a los lineamientos de la Cuarta Transformación sin perjudicar a la planta de trabajadores en activo ni a los jubilados.
Adentrándonos en el tema: sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa la ASF práctico una auditoría a la cuenta pública 2018 casi simultáneamente al trabajo que desarrolló un Comité Técnico para elaborar los diagnósticos de Universidades del país con problemas económicos, organismo que se integró con personal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES) la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU-SEP) y expertos en educación superior.
El diagnóstico culminó a principios de noviembre del 2019 y arrojó que las Universidades atravesaban por crisis recurrentes por sus “pesados” sistemas de pensiones y jubilaciones; contar con plantillas y prestaciones no reconocidas en el Convenio de Apoyo Financiero y un crecimiento de la matrícula no regularizable financieramente, sino a través de recursos extraordinarios que desde el año 2017 dejaron de entregarse a las Universidades
La auditoría practicada a la UAS arrojó un gasto no reconocido de mil 750 millones de pesos destinados a cubrir la «jubilación dinámica» a 5 mil ex empleados, problema en el que ya se trabaja de manera razonada, inteligente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está pidiendo a los beneficiarios con estos sistemas de retiro que ayuden a sus Universidades a aliviar el costo financiero de la prestación.
Esta es la tercera vez que la Auditoría Superior de la Federación “orienta” a la UAS mediante una investigación contable. La primera vez fue sobre la cuenta pública de 2016, la segunda por la cuenta pública 2017 y ahora la del 2018. La ASE encontró lo mismo que en otras auditorías: el pago de la jubilación y recursos canalizados a plantillas de maestros y prestaciones no reconocidas en el Convenio de Apoyo Financiero.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la UAS coordinarse con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solventar observación que aparecen como “irregularidades”, pero que no lo son, como es el pago de salarios de los trabajadores o de la plantilla no reconocida y para que documente el pago de la jubilación dinámica, para cuya prestación el gobierno federal no está mandando recursos. Se trata de una «presión» para que la retire o modifique su esquema de pagos.
Es la tercera vez que la Auditoría Superior de la Federación solicita al SAT un trabajo conjunto de esta naturaleza. En las dos primeras la UAS solventó las observaciones de inmediato. En esta ocasión, en la cuenta pública, entró con más fuerza a “discusión” de la ASF el tema de la jubilación dinámica, prestación por la que la Universidad derrama mil 750 millones de pesos anuales. Es una jubilación que no reconoce la SHyCP ni la SEP.
En las UAS no hay despilfarros ni desfalcos ni irregularidades graves; sí se detecta una carga económica excesiva, “acumulativa” al pago de la jubilación dinámica que impacta en otras áreas, es la conclusión de la ASF.
Empero, desde el exterior se pretende fomentar la impresión de que sí lo hay, usando protocolos «periodísticos» de odio. Lo razonable en estos casos es que los universitarios analicen el tipo de información que “les está cayendo” en las redes digitales y valorar si se trata de información dolosa con la que se intenta desacreditar a la Universidad y generar confusión y desestabilización al interior del campus rosalino.
Hay que poner sobre la mesa las siguientes interrogantes:
1.-¿La información que se publica contra la Universidad beneficia a alguien o perjudica a alguien? ¿Cómo le llega a los universitarios o por qué vía? ¿Qué quieren transmitirles? ¿Buscan a toda costa que los universitarios tengan una mala impresión sus autoridades?
2.- ¿Que tratamiento le están dando los universitarios a estas “noticias”, por lo regular falsas o tergiversadas? ¿Qué enfoque?
3.- ¿Qué validez le está dado la comunidad universitaria a una fuente que difunde el discurso de odio y que busca que al interior de la Universidad surja la división y el choque? ¿Qué grado de veracidad le otorga la población universitaria a quienes declaran en contra de las autoridades sin conocer a fondo los problemas del alma mater, agarrados de “fantasías” o inventos «informativos» que solo tienen el propósito de dañar a la institución?
4.- ¿Qué medidas están tomando los universitarios en activo para frenar los ataques y las campañas de odio?
La auditoría practicada por la ASF a la UAS no arrojó como resultado despilfarros ni desfalcos ni saqueos. No se le tienen porque buscar chichis a las culebras, pero, sí, si hay todavía quienes le atizan, que continúan atacando a las autoridades universitarias, dándole vuelo a los chismes y construyendo falsas realidades en torno a la máxima casa de estudios.
Radio UAS por Tierra
