Auditorías a Universidades «doble presión» contra jubilaciones dinámicas
Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay más camino que la cancelación del pago de las jubilaciones dinámicas o reformar los sistemas de jubilaciones para acabar con las crisis económicas recurrentes en las Universidades Públicas del país. La conclusión gubernamental es que «los jubilados de las Universidades nada más deben percibir una jubilación, la del IMSS o del ISSSTE, no otra más, no otra prestación extra-laboral».
Los abogados de la SEP y de la SHyCP determinaron que los jubilados no deben gozar de dos pensiones o jubilaciones por las mismas horas laboradas en el mismo centro de trabajo, pero las Universidades Públicas, los sindicatos universitarios, se aprestan a dar la batalla en defensa de sus derechos y los de sus compañeros jubilados.
En los Congresos Locales la exigencia de los diputados de Morena, en la línea de acabar con los “privilegios universitarios”, es la práctica de auditorías estatales a las Universidades.
El 28 de junio de 2019, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, comunicó que no está previsto rescatar nueve universidades en crisis (La Jornada de Oriente). Ésta apresurada decisión compromete el horizonte de las pensiones universitarias.
Para la SHCP, SEP, Anuies, Contu y el despacho Valuaciones Actuariales (Francisco Aguirre), todas las universidades tienen sistemas prácticamente quebrados: lo más grave es la deuda oculta.
Pero ocurre que esa deuda son los derechos de sus trabajadores: las jubilaciones dinámicas.
Luciano Concheiro comunicó que se transparentará el uso de fondos extraordinarios e impulsará una nueva política de financiamiento y anunció que –en 2019– se prevé avanzar en la integración de una nueva ley de pensiones para el sector universitario que es uno de los principales factores del déficit presupuestal.
Concheiro afirmó que hay algunas jubilaciones que son insostenibles. Las universidades públicas, puntualizó, no pueden responder a esos compromisos especiales para todos los que tienen derecho. Estamos ante un esquema imposible de mantener. No hay dinero para solventar esas erogaciones, remató.
La propuesta es restructurar los sistemas de jubilaciones dinámicas a través de un fondo que permita que los trabajadores en activo y los jubilados aporten recursos para recibir ese beneficio, con base en una ley marco.
La SHyCP y la SEP ya lanzaron la advertencia de “no apoyar con recursos” a las Universidades Públicas que otorguen la jubilación dinámica o la doble jubilación sin contar con un esquema de aportaciones económicas de los trabajadores.
La Auditoría Superior de la Federación realiza revisiones contables-financieras-administrativas a las 32 Universidades del país, principalmente de las 10 que a finales del 2018 entraron en crisis, colapsadas por sus sistemas de pensiones o el pago de jubilaciones dinámicas y de otras prestaciones a sus trabajadores.
La auditoría obedece a que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene especial interés en que se “restructuren” los regímenes de pensiones en las Universidades de Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, para solucionar de una vez por todas sus recurrentes crisis financieras.
En Sinaloa, aparte de la ASF, la Auditoría Superior del Estado audita a la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente, la Universidad Pedagógica y la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa. Sobre la UAIS el reporte de la ASF indica que pesa ya una auditoria estatal en la que salieron a relucir irregularidades en la aplicación de su presupuesto. Del total de Universidades de Sinaloa, únicamente la UAS mantiene la jubilación dinámica.
Las auditorías a las Universidades no son académicas. Ni la Auditoría Superior de la Federación ni los órganos auditores estatales son instancias para una valoración académica de las Universidades; es la SEP y otras dependencias las que aplican los parámetros para aquilatar el crecimiento de cada una de las Universidades del país sobre todo aquellas que están inmersas en competencias de conocimientos a nivel nacional e internacional.
Los diputados federales no incluyeron para el ejercicio fiscal 2019 recursos para el Fondo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades, de donde se obtenían tradicionalmente apoyos para el pago de jubilaciones dinámicas por lo que para mantenerlas la SHyCP y la SEP tendrán que “jalar dinero de otras partidas”, obligando a las Universidades a crear fondos o fideicomisos con aportaciones de los trabajadores, en activo y jubilados, para sostener la carga de la doble prestación.
En un primer diagnóstico, la ASF descubrió que las Universidades canalizan 150, 400, 800 y hasta 2 mil millones de pesos anuales cada una al pago de la extra-prestación laboral a sus jubilados, algunas instituciones apoyadas por aportaciones de empleados en activo y retirados y en otras sin ningún tipo de fondo o fideicomiso que de soporte o vialidad al pago de este beneficio.
En Sinaloa, la UAS enfrenta un déficit de mil 743 millones de pesos originado, según la ASF, por el pago de la jubilación dinámica sin ningún aporte económico de los trabajadores.
En los estados de Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, los diputados de Morena exigen las revisiones contables a las Universidades Estatales, por la vía de las auditorias estatales, para “hacer doble presión” y “doblar” los sistemas de jubilaciones universitarias. La percepción general de los legisladores morenistas es que las “dobles pensiones” absorben el presupuesto destinado para la educación.
Los Universitarios del país, acuerpados en sus sindicatos, se preparan para “resistir” y defender el derecho a la jubilación dinámica, una conquista que consideran legitima, considerando que las pensiones y jubilaciones que otorgan el IMSS y el ISSSTE «son de hambre» y no garantizan una vida digna a los universitarios que han entregado años y años a la educación de los jóvenes.
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios organizan un paro nacional en las 32 Universidades Públicas en demanda de recursos federales. Los diagnósticos financieros apuntan a que en septiembre la mayoría de las universidades del país enfrentarán crisis económicas por falta de recursos y nueve de ellas no tendrán recursos para pagar los salarios de sus trabajadores.
La Anuies informó que pese a los programas de austeridad y a los ahorros implementados nueve universidades enfrentarán un pasivo de 16 mil 667 millones de pesos, déficit que les impedirá pagar la nómina y operar, en tanto que la SHyCP y la SEP indican que este pasivo no existiría si dejan de pagar la jubilación dinámica o cambian su sistema de jubilación en la que los trabajadores aporten recursos para recibir ese beneficio.
La Jornada/ El Universal/CONTU/ANUIES
