Aval a la ley para prohibir el glifosato, pendiente para 2023
Andrea Becerril.
Pese a esfuerzos de Margarita Valdez y Ana Lilia Rivera, senadoras de Morena, por lograr que se avance en la ley para la prohibición gradual del glifosato, es complicado que se apruebe en los 12 días que restan del actual periodo ordinario, y todo indica que quedará pendiente para el próximo año.
Además de que la víspera el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que antes de la prohibición total del químico debe encontrarse otro plaguicida que lo sustituya, el 24 de noviembre Morena decidió posponer el dictamen ante la confrontación que se dio en la bancada por la presentación de una segunda iniciativa, que a juicio de buena parte de los legisladores, beneficiaba a las trasnacionales.
El conflicto le estalló al coordinador Ricardo Monreal, quien debió aclarar que no apoyaba esta iniciativa. Hubo después, el pasado día 24, una reunión entre morenistas para discutir el tema, en la que acordaron consultar a la consejería jurídica de la Presidencia de la República y las secretarías de Gobernación y de Economía, a fin de ajustar la reforma al decreto presidencial de 2020, que define justamente la prohibición gradual del glifosato, que para el 1º de enero de 2024 ya no podrá importarse.
La Comisión de Salud, que preside la senadora Valdez, trabajó varios meses una iniciativa de su correligionaria Rivera para avanzar hacia una agricultura sostenible, con bioinsumos, para remplazar gradualmente a los plaguicidas tóxicos, y elaboraron un proyecto de dictamen que fue consultado con las secretarias de Agricultura (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con el Conacyt, y lo avalaron los dos últimos organismos.
El titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos, no estuvo de acuerdo, pues consideró que eliminar el glifosato es complicado, y advirtió que se pondría en riesgo la autosuficiencia alimentaria. En cambio, el dictamen contó con el aval de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que encabeza Víctor Suárez, la que de acuerdo con el decreto presidencial es responsable de la transición a herbicidas que no dañen la salud ni el medio ambiente.
Los morenistas Nancy Sánchez Arredondo y Rafael Espino, presidentes de las comisiones de Agricultura y de Estudios Legislativos Segunda, presentaron su propia iniciativa, que amplía a tres años el plazo para prohibir agrotóxicos como el glifosato y propone que las mismas productoras de plaguicidas altamente peligrosos sean las que elaboren los bioinsumos.
Son las demandas del Consejo Nacional Agropecuario y las empresas trasnacionales. Ello provocó una fuerte discusión interna, que al final se cerró con el acuerdo de los legisladores implicados para hacer un receso y esperar el resultado de las consultas. “Las diferencias se hicieron a un lado y se acordó que la ley que se apruebe será exclusivamente para darle fuerza legislativa al decreto del Presidente de la República”, comentó el senador César Cravioto.
