Avalan ajustes a reglamento del Sistema Nacional de Investigadores; se quedan sin apoyos
Los afectados, investigadores de instituciones privadas, promoverán amparos contra la medida, ya que la consideran discriminatoria; el Conacyt argumentó que los recortes se deben a ahorros.
Pese a la oposición de la comunidad científica, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) avaló las modificaciones al nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) realizadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre las que destaca la eliminación de los estímulos para investigadores de instituciones privadas.
Esto dejaría sin el apoyo económico a mil 632 científicos de instituciones de educación superior privadas a partir del próximo año, lo que representa el 4.9 por ciento del total de los integrantes del SNI del país, que es de 33 mil 165.
Después de varias revisiones desde el pasado 5 de marzo, cuando la Conamer recibió el anteproyecto por parte del Conacyt, este martes, la Comisión difundió el dictamen favorable al Consejo tras analizar el impacto regulatorio, por lo que el nuevo reglamento entrará en vigor apenas sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En varias ocasiones, la Conamer pidió una explicación al CONACYT sobre la eliminación del apoyo económico a los integrantes del SNI en instituciones de educación superior privadas, a lo que el Consejo argumentó ahorros.
“La Conamer observa que el Conacyt argumentó que es un instrumento normativo necesario para operar el ingreso y permanencia de integrantes del SNI, por lo que resolvió en sentido positivo lo solicitado”, indicó la resolución emitida ayer, pero difundida hoy.
El Consejo, que preside María Elena Álvarez-Buylla, argumentó que eliminar el estímulo a investigadores de instituciones privadas permitirá ahorrar 124 millones 954 mil 175 pesos.
A cambio, expone el nuevo reglamento, se ampliarán los beneficios por maternidad, facilidades para el ingreso a rechazados y a investigadores sin doctorado.
Originalmente, el reglamento del SNI únicamente contemplaba la prórroga de vigencias de investigadoras y por parto. El Conacyt argumentó que las modificaciones permitirán que los integrantes del SNI, hombres y mujeres, que hayan tenido o adoptado un hijo o hija durante el periodo de vigencia de su distinción podrán solicitar dos años de extensión de la vigencia de ésta.
Investigadores prevén ampararse
Eugenio Urrutia, vicerrector de investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), consideró que es un reglamento discriminatorio, por lo que analizarán ampararse ante la medida.
“Es una medida discriminatoria ante la adscripción de investigador, parece que es un pecado estar en el sector privado”, señaló.
El investigador manifestó su preocupación por las políticas de la actual administración federal que parecieran relegar a todo el conocimiento que se desarrolla en las instituciones privadas, cuando, dijo, también es en beneficio del país.
“Estamos preocupados, esperamos que haya oportunidad revertir esta situación. Estamos contemplando la posibilidad del amparo”, dijo.
Urrutia manifestó que también aguardarán a que la nueva Ley general de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación sea aprobada para ver lo términos de participación del sector privado en la ciencia, y de esta manera, analizar cómo proceder ante el reglamento del SNI.
Miguel Ángel Méndez, investigador de ciencias químicas y biológicas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) coincidió en que es un reglamento discriminatorio que no reconoce las aportaciones que por años han hecho los científicos en instituciones privadas al país.
Consideró que la decisión de Conamer y el anteproyecto de Conacyt van en contra de los derechos humanos de los investigadores y contra convenios de investigación internacionales que ha signado México, por lo que no descartó recurrir a un juicio de amparo.
“La decisión da cuenta de la visión discriminatoria del gobierno federal hacia el sector privado. También somos investigadores del país y contribuimos, incluso con instituciones públicas.
“Creo que se viene una cadena de amparos a nivel nacional para que CONACYT reconsidere esta mala decisión. Como ciudadanos no podemos quedarnos callados ante una situación de injusticia”, dijo.
ALMA PAOLA WONG
MILENIO
