Conacyt insiste en quitar apoyos del SNI a investigadores de universidades privadas
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) envió un nuevo documento a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), de la Secretaría de Economía, para volver a insistir en que se le autorice una segunda reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el que se excluye otorgar apoyo económico a los investigadores que laboren en universidades o institutos privados.
El pasado 17 de marzo Conamer devolvió a Conacyt el proyecto de reforma de reglamento con numerosas preguntas y dudas sobre las razones que justifican los cambios al reglamento que este mismo gobierno había reformado en septiembre de 2020.
Menos de 48 horas después, el viernes 19 de marzo, Conacyt entregó más información a través de un segundo Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), en el que afirma, entre otras cosas, que con el reglamento actual los investigadores de instituciones privadas tampoco tienen certidumbre de que recibirán un apoyo porque debían cumplirse tres requisitos institucionales que no estaban en sus manos.
El mismo documento entregado a Conamer el viernes añade un dato cuantitativo nuevo: se informa por escrito que el nuevo reglamento permitiría a Conacyt ahorrar aproximadamente 124 millones de pesos anuales que costaría el apoyo a los actuales 408 investigadores de universidades privadas, más otros 180 que se estima que solicitarán su ingreso.
A pesar de estos cálculos, Conacyt insiste en que su reforma no es discriminatoria, como señalaron decenas de investigadores en la consulta pública hecha por Conamer entre el 5 y el 17 de marzo. Ahí se señaló repetidamente que la nueva redacción de los artículos 61 y 62 del reglamento clasifica a los investigadores en dos categorías, sin que este argumento se base en la calidad de su trabajo sino en su sede laboral.
Un dato que no se menciona en la argumentación del reglamento es que, en realidad, las universidades e institutos públicos no tienen capacidad para generar nuevas plazas laborales para investigadores por lo que quienes trabajan en instituciones privadas no lo hacen porque pueden ganar más o tener más fondos para investigación, sino porque los nuevos ingresos a instituciones públicas es casi nulo.
UNOS POR OTROS
Ante las aclaraciones entregadas por Conamer a Conacyt el 17 de marzo, la institución cuestionada insiste en aclarar que el ordenamiento que piden avalar “no se trata de una reforma de fondo. Es decir, la presente reforma tiene por finalidad otorgar orden y congruencia al Reglamento vigente, aclarando la redacción de los artículos sin alterar su contenido sustantivo”.
Añade que no se alteran cuestiones que requieran modificaciones estructurales; se preservan absolutamente todas las instancias y cuerpos colegiados del SNI; se preserva la evaluación por pares académicos que ha imperado tradicionalmente en el SNI y se precisan los requisitos en los que las y los integrantes del SNI puedan participar en la administración pública.
Atención especial merece el tema de la discriminación pues en la página 3 del escrito de Conacyt, del 19 de marzo dice: “se garantizan procesos de evaluación apegados a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, pero en la página 8 el mismo escrito dice: “si bien el artículo 62, fracción I, del anteproyecto aquí expuesto podría traer consigo costos respecto a los Investigadores de instituciones privadas”.
Luego detalla: “El artículo 61 del Reglamento del SNI vigente contempla un orden de prioridad respecto al otorgamiento de apoyos económicos a miembros del SNI. Dicho criterio de prelación otorga preferencia presupuestal a los Investigadores de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior y de los centros de investigación del sector público o de las entidades federativas; así como para los/las investigadores(as) que ocupan las Cátedras CONACYT”.
Luego argumenta que, de cualquier modo, con el reglamento actual los investigadores de instituciones privadas tampoco tienen garantizado el apoyo económico del SNI porque, como se lee en la página 9 del escrito de Conacyt a Conamer: “el Reglamento vigente no otorga inmediatamente el beneficio de apoyo económico a los Investigadores de instituciones del sector privado, pues el mismo está sujeto a tres acontecimientos futuros de realización incierta: i) registro en el RENIECYT por parte de la institución, ii) firma de un convenio específico por acuerdo de ambas partes, es decir, el Conacyt y la institución, y iii) la existencia de suficiencia presupuestal, una vez cubiertos los apoyos a Investigadores del sector público y catedráticos Conacyt”.
Inmediatamente presenta un cálculo aritmético en el que señala que los 408 miembros actuales del SNI que trabajan en instituciones privadas, más otros 180 que podrían incorporarse, según sus estimaciones de crecimiento de ese grupo generarían un costo total anual de 124 millones 954 mil pesos.
Después hace una comparación rara porque dice que, en contraste, con su reforma se beneficiaría a un número mayor de miembros del SNI que solicitan extensiones por maternidad, paternidad o adopción, y otros investigadores que, gracias a este cambio, podrían ingresar al SNI en tercera convocatoria consecutiva: “Se puede comparar, de inicio, las posibles vigencias otorgadas que la propuesta de regulación traería consigo, es decir, 477 investigadores con extensiones de vigencia otorgada, en contraste con los 180 investigadores de universidades privadas que ingresan anualmente al SNI”.
La Crónica
