Conacyt pide por quinta vez aprueben su nueva reforma al reglamento del SNI
Envía a la Conamer documento en el cual aporta seis páginas con argumentos a favor de los cambios en el estatuto del Sistema Nacional de Investigadores.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) realizó el lunes un quinto envío de documentos y argumentos a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para pedir que avale su nueva reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
El quinto documento recibido por Conamer en 24 días de trámite se llama “Respuesta a comentarios sobre el Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores”. Aporta seis páginas de razonamientos a favor de la reforma, pero nuevamente evadió responder el tema más delicado: las acusaciones de que la nueva redacción de los artículos 61 y 62 genera un acto de discriminación de parte del gobierno de la República al eliminar a los investigadores que trabajen en universidades privadas como posibles sujetos de apoyo económico por parte del SNI.
La quinta comunicación de Conacyt a Conamer fue firmada el doctor Ángel Moreno Fuentes, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, quien respondió con el siguiente texto a 184 personas que señalaron la posible discriminación que encierra la reforma a los artículos 61 y 62 del reglamento del SNI:
“La reforma sigue promoviendo la vinculación responsable entre los sectores público, social y privado, así como el trabajo colaborativo entre las instituciones públicas y privadas del sector y, en general, el CONACYT cuenta con programas de apoyos para los proyectos de investigación humanística o científica, desarrollo tecnológico o innovación, en donde también pueden participar las instituciones del sector privado.
“Los apoyos económicos se han otorgado sujetos a requisitos adicionales a los que se solicitan para el ingreso, promoción o permanencia en el SNI e históricamente han tenido como objetivo compensar el salario de los investigadores, lo que se traduce en un subsidio de las nóminas de las instituciones de educación superior en las que los integrantes del SNI prestan sus servicios. En todo caso, la posibilidad de otorgar apoyos también a investigadores de las instituciones privadas ha estado supeditada a satisfacer primero los apoyos a las instituciones públicas de educación superior.
“En este sentido, la presente medida no atenta contra la dignidad humana ni tiene por objeto menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Pues como sucede en los hechos, hay una constante movilidad de investigadores entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, por lo que si satisfacen los requisitos que establece el reglamento, también pueden recibir el apoyo que económico correspondiente”, dice el documento con firma de Ángel Moreno Fuentes.
Cuando el funcionario se refiere a “los requisitos que establece el reglamento” se refiere precisamente al artículo 61. La nueva redacción que se pide avalar dice: “El CONACYT, en términos del presente Reglamento, podrá otorgar apoyos económicos, sujetos a disponibilidad presupuestaria, a las y los integrantes del SNI que estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México”
La redacción del mismo artículo 61 todavía vigente dice:
“El orden de prioridad para el otorgamiento de los apoyos será el siguiente:
- Para los/las científicos(as) y tecnólogos(as) de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior y de los centros de investigación del sector público o de las entidades federativas; así como para los/las investigadores(as) que ocupan las Cátedras CONACYT, y
- Para los/las científicos(as) y tecnólogos(as) que laboran en instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores social y privado inscritos o preinscritos en el RENIECYT, de acuerdo con los convenios previamente celebrados con dichas instituciones”.
El último comentario oficial emitido por Conamer sobre el caso se generó el 16 de marzo. El tiempo oficial del trámite se agota y una resolución final, a favor o en contra de la reforma, puede estar por ocurrir en las próximas horas.
Antimio Cruz
LA CRONICA
