Contradicciones legales de la 4T
Javier Orozco.
Vaya contradicciones que se viven en estos tiempos de la 4T, por un lado, el gobierno y MORENA impulsaron reformas a la Ley General de Comunicación Social (Plan B) que pretende una mayor “libertad de expresión” para los servidores públicos y, por otro lado, el PT (que dice que “también es la 4T”) promueve una reforma a la Ley de Réplica que podría dar lugar a constantes rectificaciones a lo que expresen los servidores públicos, muy en especial el presidente de la República.
Destaca la insistencia del PT para derogar la fracción VII del artículo 19 de la Ley de Réplica, la iniciativa ha sido presentada en tres ocasiones, tal parece que buscan suprimir a toda costa el supuesto de que se niegue la réplica cuando se trate de información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público.
Lo cierto es que, de suprimirse la fracción VII del Artículo 19 de la Ley de Réplica, se eliminaría una justificación valida y legítima que tienen los medios de comunicación para negar el derecho de réplica cuando se circunscriben a transmitir información de carácter oficial que difunden los servidores públicos, de aceptarse la reforma se dejaría en total estado de indefensión a los medios que no pueden ni deben responsabilizarse por los dichos o aseveraciones de los gobiernos.
Por tanto, causa extrañeza que un partido integrante de la 4T esté promoviendo la réplica de expresiones de servidores públicos, en un contexto, donde el régimen está impulsando el llamado “Plan B” para favorecer que los gobernantes hablen libremente incluso en época electoral, por lo que resulta totalmente opuesto.
De aprobarse la reforma, significaría un aumento en las réplicas dirigidas hacía las expresiones que profiere diariamente el presidente de la República, dado su modelo de comunicación, lleno de afirmaciones con “otros datos” y alusiones a diversas personas, daría pie a réplicas constantes que lejos de fortalecer la discusión democrática vendría a socavar la actuación de los medios de comunicación, que en lugar de dedicarse a informar, quedarían sujetos a estar dando respuestas por escrito a los solicitantes de las réplicas y a ser demandados ante tribunales por los dichos de otros, en pocas palabras un ataque directo a la libre comunicación.
De esta manera -hoy- hay señales encontradas en la 4T en permitir o no que libremente se expresen sus servidores públicos; pero existe justicia, y será la Suprema Corte la que señale si es válido o no el Plan B (Ley General de Comunicación Social) y, por otra parte, tienen que cesar los intentos de iniciativas que ya pasaron por el filtro de la constitucionalidad en la Corte, eso resulta ocioso.
Por lo que, los contrapesos entre los poderes comienzan a sentirse a poco menos de 500 días del ocaso de este gobierno y que son tan necesarios para una recomposición y razón de estado mexicano.
