¿CONVENIO CON MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
El pasado veintinueve de febrero en la ciudad de Mazatlán, los Gobernadores de Sinaloa y Sonora firmaron un convenio con autoridades militares en materia de seguridad pública ¿Violación constitucional?
¿La seguridad pública es un asunto de las autoridades militares o de las autoridades civiles? El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la seguridad pública estará a cargo de la federación, estados y municipios, y que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, incluyendo la Guardia Nacional.
Las fuerzas armadas fueron habilitadas para desempeñar funciones de policía en auxilio a las instituciones policiales civiles, cuya presencia fuera de los cuarteles estaría hasta el 2028, porque así se estableció en la reforma constitucional que autorizó su función como policías.
Sin embargo, la autoridad política estatal, ha desnaturalizado el mandato constitucional de que la seguridad pública corresponde al municipio, ya que así lo estableció el constituyente en el artículo 115 de la Constitución Federal.
Pero resulta que el convenio celebrado con la autoridad castrense fue por los Gobernadores de Sinaloa y Sonora, pero omitieron totalmente en ese acto político porque de jurídico-constitucional no tiene nada, a los presidentes municipales porque son ellos los que en todo caso debieron aparecer en ese evento protocolario.
La legalidad de los actos parece que no es lo fuerte de las autoridades sinaloenses, por un lado, se le cambia el nombre al instituto estatal de ciencias penales para denominarlo Universidad de la Policía, cuya finalidad fue para que se dedicara a formar policías, un engaño más, porque hace de todo menos formar policías.
El convenio con los militares no hace más que confirmar la tendencia del gobierno federal y sus comparsas en los estados y municipios para militarizar la seguridad pública. El problema es que las instituciones de policía se están quedando sin policías porque esa es la intención política del gobierno.
La candidata presidencial Xóchitl Gálvez es la que se ha manifestado interesada en la promesa de llegar a la Presidencia de la República regresar a los militares a lo que deben de hacer o sea a cuidar las instituciones y la soberanía nacionales. Habrá que esperar el ya próximo 02 de junio.
Ya basta que el País se esté cubriendo de sangre por la cantidad excesiva de asesinatos que se han cometido en lo que va de la presente administración federal, con la complicidad de estados y municipios, de solapar el reparto abrazos a los que han causado todo este flagelo y enlutado a numerosas familias mexicanas, y los que faltan todavía.
La milicia, no dará resultados en el combate a la inseguridad. La necedad gubernamental de seguir utilizando a los soldados como policías hará que la impunidad se arraigue y se convierta entonces sí, en un problema de seguridad nacional, que, al parecer, es lo que se quiere.
La inseguridad es un flagelo que amenaza seriamente la tranquilidad y sana convivencia de los sinaloenses, pónganse a trabajar y enfrenten el crimen con todas sus capacidades y demuestran que no tienen complicidades con la delincuencia organizada y callen las voces que así lo vienen sosteniendo.
Déjense de perseguir universitarios y amenazar la educación de calidad de muchos jóvenes sinaloenses con la tontería de fabricar delitos y procesos por el solo hecho de defender la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa al haberse rechazado una ley que fue declarada inconstitucional por las autoridades de amparo.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
