Corte da revés a Consejería Jurídica y ordena revelar directorio de personal penitenciario
Diana Lastiri
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno federal revelar el directorio completo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Durante la sesión de este martes, por mayoría de votos, los ministros ordenaron entregar vía transparencia los nombres, cargos, teléfonos y correos electrónicos institucionales de los funcionarios administrativos del OADPRS, encargado de administrar las cárceles federales, incluido al titular del mismo, Hazael Ruiz Ortega.
De este modo, la Corte rechazó los argumentos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República con los que impugnó una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en los que afirmó que dar a conocer estos datos vulneraría la seguridad nacional.
El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales señaló que las funciones y atribuciones de los servidores públicos de los que se solicitó información, no están directamente relacionadas con la operación de los centros penitenciarios federales porque, en su mayoría, tienen relación con aspectos meramente administrativos como contratos, normativas internas, temas de personal, programas de capacitación, entre otros.
“Las atribuciones de estas áreas no llevan a cabo funciones que puedan poner en peligro la seguridad nacional”, afirmó Aguilar, quien planteó la confirmación de la orden del INAI de entregar la información.
“Se propone declarar infundado el argumento (de la Consejería Jurídica) respectivo, toda vez que al menos el nombre del servidor público (Hazel Ruiz) y su fotografía ya son del conocimiento público, pues la propia página de internet oficial de la Secretaría de Gobernación publicó la noticia de su nombramiento”.
Sin anunciar las razones de su voto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra del proyecto, mientras que Lenia Batres Guadarrama sólo precisó que considera que con la difusión de la información se pone en riesgo al personal penitenciario.
