Crimen de Estado ¿Citará o no la FGR a declarar a Adriana M. Ochoa del Toro?
La organización Artículo 19, que en teoría “defiende” a los periodistas, juega en Sinaloa un triste papel al arropar a morenistas, activistas políticos y comunicadores al servicio del gobierno estatal y a empresas periodísticas mercantilizadas para intentar callar las voces que disienten o que se oponen a las políticas gubernamentales y que se mantienen en descuerdo con la línea editorial trazada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Activistas y políticos enmascarados en la actividad periodística y comunicadores al servicio del gobierno de Sinaloa se fundieron en una conspiración para criminalizar a los directivos de la UAS y satanizar a quienes descalifican esa campaña de descrédito. Esa pandilla encontró respaldo en Artículo 19 que, a su vez, niega la defensa a los periodistas auténticos y a quienes hablan o escriben en positivo de la autonomía universitaria.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no lo dobló ésta organización y la acusó, no una, sino en varias ocasiones, de “reaccionaria”. Calificó a Artículo 19 de “completamente conservadora” y de no actuar con independencia y profesionalismo y planteó que fue creada durante el régimen neoliberal, como “fachada” al igual que otros organismos civiles.
En Sinaloa, la dirección de Artículo 19 la fija Adrián López Ortiz, ligado por la vía del flujo financiero al gobernador Rubén Rocha, quien autorizó generosamente para Adrián, miembro del Consejo Consultivo de esa organización, un doble “subsidio”, uno facturado por Noroeste y otro por Webdav.
Y ahora resulta, como si la sociedad sinaloense no supiera el papel que juega la triada Rubén Rocha-Artículo 19-Adrián López, el director regional de la agrupación, Leopoldo Maldonado, viene con el cuento de que la Universidad Autónoma de Sinaloa ataca a periodistas, levantando la sospecha de que también anda en el riel de la conspiración contra la Universidad.
Artículo 19, en Sinaloa, registra una ausencia y un silencio cómplice en los atentados a la libertad de expresión de los colaboradores de Punto Universitario, del presidente de la Asociación de Periodistas, Juan Manuel Partida Valdez, Ernesto Hernández Norzagaray, y de otros periodistas criminalizados por criticar al gobernador y por estar en desacuerdo con medios financiados por el gobierno estatal.
LEER NOTAS VINCULADAS:
LA RELACION PERVERSA DE ADRIÁN LOPEZ CON EL GOBERNADOR
GERTZ MANERO Y EL “CASO CUÉN?
Para el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no hay la menor duda de que el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda se cometió por motivos o diferencias políticas y de que en la vertiente de una conspiración alcanza la categoría de Crimen de Estado. Falta ahora armar el “rompecabezas” localizando y uniendo a las piezas involucradas.
Pese a las presiones que reciben los investigadores de la FGR, para Gertz Manero es fundamental, para consolidar la pesquisa y armar una carpeta de investigación confiable, que no se caiga, “extraer” toda la información posible de la ex Fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada y del ViceFiscal General, Dámaso Castro, y de todo aquel funcionario que tenga relación con estos dos personajes ligados al Poder.
Como todo asesinato busca un propósito, el Fiscal ordenó a su cuerpo de detectives buscar el por qué y para qué mataron a Cuén Ojeda, a quien incomodaba su trabajo político, quienes eran sus enemigos, que expresaba o decía en los días anteriores a su muerte, si sospechaba u “olía” que podían atentar contra su vida y a quien culpaba. Y lo primordial: de entre sus opositores, quien es el beneficiario directo de su ejecución.
La indagatoria federal incluye el desentrañar, ubicar, identificar, para llamar a declarar a aquellos o aquellas que aparecen en una trama informativa de ataques contra Cuén Ojeda, establecer la fuente de financiamiento y saber si tenían o no conciencia de que estaban creando el escenario de odio, el “caldo de cultivo” para la perpetración del asesinato.
Es posible que la FGR cite a declarar a Adriana Margarita Ochoa del Toro, coordinadora de comunicación social del Gobierno del Estado, considerada la “correa de financiamiento” de quienes desarrollaron la campaña de criminalización de Cuén Ojeda antes de su asesinato y que post mortem prosiguen atacándolo con furia. La saña de los ataques conduce a la teoría de la conspiración.
LA INFORMACION TRATADA COMO UNA MERCANCÍA
Al día de hoy, la postura neutra de los medios de comunicación está abandonada. La pretendida objetividad periodística fue reformulada por ser voceros de sus propios intereses. Van todos en busca del dinero. La información, tratada cada vez más como una mercancía, es utilizada, manipulada, tergiversada sin ningún prurito, sin ninguna regla y sin complejos por las empresas mediáticas y comunicadores “independientes”.
Los manuales de estilo desaparecieron, la ética del periodismo está cuestionada. Las redes digitales censuran a los medios. Decía Ignacio Ramonet “hoy la información nos oculta la información”. Esto lo denominó Censura Democrática. La información es manipulada, pues, por los grupos mediáticos, que la utilizan para condicionar las políticas públicas, en la búsqueda de su propio beneficio económico y político.
La pregunta que surge para desnaturalizar el discurso de la “libertad de expresión” del cuarto poder es: ¿Es viable una sociedad que está condicionada/manipulada de esa manera por un grupo periodístico/económico, que no es electo por nadie?, pues está a favor o en contra de los gobiernos no por su ideología, sino por sus intereses más preponderantes: los negocios que ya son más importantes que la verdad.
