Defiende ANUIES autonomía universitaria en San Lázaro
La autonomía universitaria ha proveído al país de libertad de pensamiento e innovación, defendió Jaime Valls, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El representante de las instituciones de educación superior alertó además por la inclusión, en la reforma educativa, del concepto de gratuidad en esos centros de enseñanza, porque en el presente año provocaría un quebranto global de 13 mil millones de pesos en los menguados presupuestos que reciben.
En la tercera jornada de audiencias públicas sobre la reforma educativa a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, en el palacio legislativo de San Lázaro, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro pretendió ser un «marxista simpático» en su mensaje inicial:
“Agradezco profundamente estar aquí con ustedes para poder escucharnos y debatir acerca de la iniciativa que lazó el presidente de la República, el 1 de diciembre, ¡un día muy fuerte!, muy importante para todas las mexicanas y mexicanos –quiero subrayas eso- hasta los marxistas somos guadalupanos en este país, sí queremos ser de este país”.
Y entorno a la ausencia del sétimo numeral del artículo tercero de la Constitución en la propuesta del Ejecutivo, siguió: “saludo que gracias a nuestra equivocación estemos, otra vez, debatiendo la autonomía; es una cosa muy importante volverla a encontrar entre nosotros y poderla debatir y recuperarla”.
Pero correspondió a Jaime Valls exponer la relevancia de ese postulado. “Gracias a la autonomía, las universidades públicas han mantenido un espacio de libertad de pensamiento e innovación. La pertinencia y calidad de sus funciones sustantivas, adaptándose a las nuevas circunstancias de un entorno dinámico y en constante transformación, y atendiendo las necesidades de una sociedad que evoluciona día a día.”
En el salón verde, de San Lázaro, recordó que el rango constitucional de la autonomía universitaria –que se mantiene en la actual legislación-, es un reconocimiento a la necesidad de que la educación superior, la investigación científica y la difusión de la cultura se lleven a cabo respetando los principios de libertad de cátedra y de libre examen y discusión de las ideas. De ahí emana su utilidad social, repuso.
“En el año 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó los alcances de autonomía universitaria y estableció que ésta posee la naturaleza de garantía institucional, entendida como la salvaguarda o protección especial concedida en la Constitución a favor de las universidades públicas, para que cuenten con las condiciones que la resguarden de intromisiones o intereses externos, y para que estén en posibilidades de cumplir con los fines, las funciones y las responsabilidades que constitucionalmente tienen asignadas.”
Y en la medida anterior colocó sobre la mesa la inclusión de la obligatoriedad y gratuidad en el rango de la citada autonomía, pues ambos compromisos contemplan la selección e ingreso de los aspirantes, el establecimiento de cupos en función de sus capacidades instaladas, y las cuotas por los servicios que prestan.
“La dimensión del crecimiento del sistema de educación superior para alcanzar la universalización exigirá de un esfuerzo inédito del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, y de todos los actores educativos implicados. Esfuerzo, no sólo en materia presupuestaria, sino para el acuerdo de políticas y programas con visión de largo plazo que hagan efectivo el derecho a la educación en este nivel y saben que cuentan con ANUIES para este propósito.
“Adicionalmente, deberá precisarse el alcance de la gratuidad, ya que no especifica si se refiere exclusivamente a la exención de las cuotas, o incluye otros servicios escolares y administrativos, como pago de cursos de idiomas, de artes o de nivelación, exámenes extraordinarios, exámenes profesionales y trámites de titulación, entre muchos otros. Es necesario que los legisladores consideren los impactos que tendrá la gratuidad en las finanzas de las instituciones públicas de educación superior.
“Dichas instituciones cobran cuotas a los estudiantes por los servicios que imparten, en un rango muy amplio, incluso en algunos montos que reciben por este concepto pueden significar hasta el 30 por ciento del presupuesto de algunas instituciones. Los recursos recabados por concepto de cuotas se destinan íntegramente a los servicios educativos para los alumnos. El Impacto financiero de la gratuidad es muy alto y afectaría a los presupuestos de las instituciones públicas de educación superior. Se estima que éste podría ser cercano a los 13 mil millones de pesos por año.”
