DEMUESTREN QUE LOS PERSEGUIMOS ¿ACEPTACIÓN EXPRESA?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Lo que está a la vista de todos no tiene por qué ser demostrado Gobernador. La persecución política es evidente y sistemática.
La causa que originó el conflicto contra la Universidad Autónoma d Sinaloa ya fue resuelta por un Juez de Distrito. Declaró en sentencia que la Ley de Educación Superior de Sinaloa es inconstitucional por violar la autonomía de la mencionada Institución de Educación Superior.
En efecto, tienen derecho de agotar el recurso de revisión contra dicha sentencia como al parecer ya lo hicieron. Sin embargo, aun cuando bien saben que la sentencia será confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito que resolverá dicha impugnación, debieron como gobierno admitir el sobreseimiento de los procesos ligados con dicha sentencia como son los procesos por el supuesto abuso de autoridad. La vergüenza de la derrota no les permite reconocer que se excedieron en incorporar en la ley esas disposiciones violatorias de la autonomía universitaria.
La ira de su gobierno materializada en la Fiscalía Estatal es un echo que debe ser censurado por autoritario e ilegal. Autoritario porque se ha impuesto al Juez de Control que no admita los medios que la defensa de los imputados que puede ser incorporados al proceso, mismos que en algunas ocasiones podrían diferir la celebración de las audiencias. Eso no quiere decir que sean ilegales o argucias legaloides de los Abogados.
Que no le gane la desesperación Gobernador. Usted fue el que instruyó que los procesos continuaran y si eso es así, deberá tolerar o admitir que la defensa tiene sus propias estrategias como la Fiscalía las suyas. Usted sabe que el apercibimiento del Juez de Control de impedir que la defensa sustituya a su Abogado Defensor y nombre uno distinto en la audiencia inicial o en la de revisión de medidas cautelares es un derecho que le concede la ley. Proceder en contrario como usted lo ha anunciado eso sí es ilegal y violatorio de derechos fundamentales de los imputados.
Los procesos por el supuesto delito de abuso de autoridad han recibido suspensiones definitivas en sendos juicios de amparo promovidos por los imputados Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, para que los mismos no sean llevados a la etapa de juicio en tanto no se dicte la sentencia respectiva. En las quejas que se promovieron con motivo de dichas suspensiones los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo en materia Administrativa, ya resolvieron que los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa no pueden ser auditados por la Auditoría Superior del Estado, porque no forman parte de la cuenta pública estatal y que son equiparados a recursos privados ya que no pertenecen ni al estado ni a la federación. Las resoluciones que declararon improcedentes los recursos de queja son abundantes en argumentos y solo es cuestión del dictado de las sentencias respectivas que confirmen dichas resoluciones.
Los amparos promovidos por los imputados por el Rector Jesús Madueña Molina, el Exrector Guerra Liera y los miembros del Comité de Adquisiciones de la UAS, cuentan con suspensiones definitivas en los diversos procesos que se les sigue por otros delitos, solo es cuestión de que las sentencias que se dicten determinen que los recursos utilizados en las adquisiciones y/o servicios realizados, son federales o de participaciones federales, por ,lo que la Fiscalía y el Juez de Control Estatal, son incompetentes para conocer dichos procesos. Debieron en todo caso remitir los expedientes a la autoridad competente federal, pero no lo han hecho ¿porque será? ¿eso no es persecución política?
Las intimidaciones continúan, en otras carpetas de investigación, distintas a las judicializadas, se están citando como testigos a trabajadores universitarios, pero sin que les de la oportunidad de que los acompañe persona de confianza o que esté presente en esas diligencias la representación victimal que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, que con violenta se les ha impedido estar presente ¿Gobernador, ante ese impedimento ilegal no es obstruir el derecho a la justicia de la víctima Universidad Autónoma de Sinaloa, violando el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales? y ¿entrevistando a testigos interrogándolos como si fueran imputados?
Sugerir a través de la semanera y medios pagados por el gobierno, del porque no se aportan las pruebas y se desahogan en la etapa de juicio ¿usted cree que la defensa de los imputados es ingenua como para meterse en una etapa procesal donde está dominada por sus incondicionales? Las sentencias de amparo que se esperan dirán lo que los imputados esperan. Que la justicia de la unión los ampara para que cese esa persecución política descarada e infame. El que acusa está obligado a probar. En los procesos no se ha probado ninguna acusación, lo que se ha hecho es la actuación mediática, arbitraria e ilegal de fiscales y jueces.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
