DESASPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. UN RIESGO PARA TODOS
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La estadística criminal es un desafío para las autoridades que no encuentran estrategias para detener la comisión de delitos, en especial la desaparición forzada de personas.
Diversas posturas se han expuesto en este espacio de opinión a manera de recordatorio de la gran responsabilidad que tiene el Estado para evitar que las personas sean privadas de la libertad por personas ligadas a la delincuencia organizada con la complicidad de policías.
En México y en especial Sinaloa, han implantado un modelo policial influenciado con la militarización en los mandos policiales, apartándose de la obligación de instituir un sistema de seguridad pública basado en estados de fuerza civiles en aras de contar con instituciones policiales profesionales y capaces para enfrentar cualquier manifestación del crimen.
Involucrar a la milicia en asuntos de policía ha sido una de las estrategias más desafortunadas del gobierno. Es un hecho notorio que la milicia no está preparada para trabajos de la autoridad civil, porque su formación no respeta las fronteras entre la rigidez castrense y los derechos humanos.
No es objeto de discusión que el soldado está preparado para la guerra, no obstante que el discurso gubernamental quiere atribuirle que su preparación continua en el campo de los derechos humanos le permite incursionar en funciones de policía.
La respuesta ante esa imposición gubernamental es que la autoridad castrense debe regresar a los cuarteles, de donde no debió sacársele. Su preparación le exige estar a la vanguardia de los ejércitos del mundo aun cuando el nuestro sea un ejército de paz. No se puede soslayar que las amenazas externas están siempre al asecho y nuestro País no puede quedar excluido de algún atentado a nuestra soberanía nacional.
En la desaparición forzada de personas se han celebrado tratados como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, en la que los gobiernos celebrantes se comprometieron a promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales.
La presencia de las fuerzas armadas en México es preocupante porque confronta los compromisos contraídos por México en las convenciones internacionales de prevenir la desaparición forzada de personas y a que ese delito no pueda permanecer impune en caso de ser cometido.
En el delito de desaparición forzada de personas debe reconocerse por la fiscalía estatal que el porcentaje que resuelve está muy por debajo del 1% ya que este porcentaje representa el promedio de casos resueltos en el universo criminal que padece el Estado. Lo que evidencia la falta de capacidad y voluntad política para prevenir que ese delito no se cometa sino para esclarecerlo una vez cometido el hecho. La desaparición forzada de personas es un delito que compromete a los gobiernos y a sus policías.
Los datos que proporciona el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa son escalofriantes si se toma nota que el 2018 hubo 962 desaparecidos, el 2019 se registraron 1,089 hechos y el 2021 fueron 951, o sea que en esos tres años se consumaron 3002 desapariciones y en el mes de enero del 2024 se registraron 85 denuncias por ese mismo delito (poco más de tres personas desaparecidas diarias), sin que se haya esclarecido ningún caso.
Es un crimen de lesa humanidad que las autoridades de Sinaloa no se preocupen por implementar estrategias de seguridad para evitar ese pernicioso flagelo que atenta contra la seguridad personal de los sinaloenses. La cifra de desaparecidos es terrible y lo más detestable es que no se esclarecen esos delitos.
El clima de inseguridad es de alto riesgo para cualquier persona y lo más grave es que los delitos no se resuelven, quedan impunes. La resistencia para investigar ese delito hace que los familiares de los desaparecidos formen grupos y se lancen a la búsqueda para localizar a su familiar desaparecido. El gobierno se convierte en un odioso espectador cuando los grupos de búsqueda encuentran abundantes fosas clandestinas que guardan restos humanos de personas desaparecidas. La indiferencia insensible del gobierno llega a tal grado que en la búsqueda del familiar desaparecido encuentren la muerte algunas rastreadoras.
No hay capacidad ni voluntad política para evitar la desaparición forzada de personas, pero sobra tiempo y voluntad para perseguir políticamente a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como estrategia prioritaria del gobierno. Un Estado fallido, es un gobierno que no le es útil a los sinaloenses. Votemos el próximo 02 de junio por un Sinaloa próspero y seguro y donde prevalezca el imperio de la ley.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
