Desde tuberías arrancadas a miles de pesos en equipo electrónico: las escuelas mexicanas son saqueadas durante la pandemia

Los centros educativos en todo el país han sufrido casi 7.000 robos en los más de 13 meses que han permanecido cerrados por la crisis de la covid-19,

Ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Las docentes de una escuela industrial de Veracruz tampoco creen que esta vez, la séptima desde que empezó la pandemia, sea la última que ladrones irrumpan en el centro educativo. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, las escuelas de México han sufrido casi 7.000 robos, de acuerdo con datos de las fiscalías estatales y las secretarías de Educación recopilados por EL PAÍS. En algunos casos, como en el de esta institución de Veracruz, los delincuentes se han llevado material escolar, pero también han destrozado las instalaciones para arrancar tuberías y cables. El regreso a clases está marcado para junio, pero estas profesoras se preguntan: “¿Dónde se van a lavar las manos los alumnos, dónde van a ir a hacer sus necesidades, con qué luz? ¿Cómo vamos a trabajar sin instalaciones?”.

Cecilia Ojeda, la directora de esta institución del sureste de México que capacita a personas para que puedan autoemplearse, dice que ya “se han llevado casi todo”. Tanto, que “no están en condiciones” de que sus alumnos puedan volver ahora, cuando las autoridades han dado luz verde para el regreso. Los estudiantes de este centro educativo saqueado tendrán que esperar, por lo menos, a agosto. Los asaltantes de escuelas a lo largo de todo el país se llevan lavabos, grifos, váteres, proyectores, bocinas, ordenadores, instrumentos musicales, ventiladores, archiveros, impresoras o tuberías de cobre. Corre riesgo todo lo que encuentran a su paso. Pero no solo es lo que roban, cuenta Ojeda: “Destruyen cosas, rompen ventanas, fuerzan chapas, dejan desbaratados los marcos de las puertas y de las ventanas. Han dejado orinados los salones de clases y han defecado”.

En noviembre, la escuela contrató seguridad privada, pero aún así no han conseguido frenar los hurtos. Y situaciones similares, en menor o mayor grado, se repiten en otros centros del país. En una primaria de Tepic, en Nayarit, cada familia ha empezado a pagar 30 pesos al mes para la vigilancia. En una escuela rural de Guanajuato, los padres y las madres se organizaron en “brigadas de mantenimiento y vigilancia” para cuidar las instalaciones. En la escuela Felipe Ángeles de Pachuca (Hidalgo) no contaban con recursos para veladores, así que instalaron alarmas y cámaras de seguridad. El 8 de marzo, los asaltantes cortaron todas las conexiones antes de forzar los barrotes de seguridad, romper el vidrio de la sala de dirección y llevarse tres proyectores y una bocina. Un botín valorado en 25.000 pesos (unos 1.250 dólares). “Estudian tanto el lugar que saben evitar las alarmas y las cámaras. Llevamos ya un año a distancia y nos sentimos vulnerables”, cuenta Rocío López, su directora.

Desde que empezó la pandemia de la covid-19 en marzo de 2020, se han producido al menos 6.865 robos en centros educativos públicos y privados, de acuerdo con los datos de 25 entidades federativas recopilados por EL PAÍS a través de las fiscalías, las secretarías de Educación o de solicitudes de acceso a la información. Este periódico pidió datos sobre las carpetas de investigación iniciadas por robos en escuelas de la República. Sin embargo, algunas entidades federativas, como el Estado de México, incluyen en su total de cifras otros espacios donde se imparten clases, como escuelas de música, además de las instituciones de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Siete Estados —Colima, Baja California Sur, Guerrero, Yucatán, Puebla, Zacatecas y Sonora— no han ofrecido datos, en algunos casos justificando que el robo a escuelas no es un delito tipificado y que se trata de estadísticas que deben crearse. La Secretaría de Educación Pública federal tampoco cuenta con registros agrupados.

Esta cifra implica que en el país se han producido una media de 18 robos diarios durante el año que las escuelas han permanecido cerradas. México es uno de los países que más restricciones ha puesto al regreso a clases. Mientras otros países latinoamericanos o europeos flexibilizaban la vuelta, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por que los niños volverían a las aulas solo cuando los maestros de cada Estado estuvieran vacunados y la entidad en semáforo epidemiológico verde, que implica un riesgo bajo de contagios. Este viernes, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, ha confirmado que el fin de semana termina la vacunación de todo el personal docente del país, cuando concluya la inmunización en Puebla y Chihuahua.

“Oficialmente”, ha dicho López Obrador, las clases presenciales regresarán este 7 de junio de forma “voluntaria”. “Hay condiciones para el regreso. No podemos demorarnos porque nos va a significar atrasos”, ha defendido. Algunos Estados, como Campeche, ya habían reabierto. Allí las autoridades fueron cautelosas antes de empezar a rehabilitar los centros “para evitar que se volvieran a llevar las cosas”, según señaló en marzo el secretario de Educación, Ricardo Koh, que añadió que, sobre todo, los cables y otras instalaciones eléctricas recién reparadas se volvían a robar. “En algunos centros ya no tienen más que llevarse, solo entran a vandalizar”, agregó. En esta entidad federativa, hubo casi siete robos al mes a escuelas durante la pandemia, una de las medias más bajas del país, de acuerdo con las cifras recopiladas por este periódico.

Otros Estados como Jalisco o Guanajuato han registrado, de media, una mayor cantidad de robos mensuales en el último año: 65,2 en Jalisco, es decir, más de dos al día, y 48,5 en Guanajuato, más de uno diario. La capital del país ha sufrido más de 23 robos al mes de media. Aún así, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asegura que no es “un problema generalizado” ni “grande para la ciudad”: “Son muy poquitas donde ha habido una vandalización mayor, donde entraron a robarse una taza de baño o una computadora. En la gran mayoría es algo menor: se pintaron graffitis dentro o se rompieron vidrios”.

Emmanuel Fernández, sin embargo, se siente inseguro. Lleva seis años como conserje en el colegio Carlos Darwin de Iztapalapa y nunca había afrontado un robo. Desde que comenzó la pandemia han asaltado la escuela en dos ocasiones. La primera, en septiembre, se llevaron de los salones las tabletas electrónicas y material personal de los docentes. En la última, hace apenas dos semanas, forzaron la entrada en las dos únicas habitaciones que no habían ingresado: la dirección y la clase del turno vespertino. Todavía están los rastros del asalto: los armarios quebrados, los candados destrozados y, en los escritorios, los teclados de unos ordenadores ya sin pantalla ni procesador.

“Temo que vuelvan a venir en cualquier momento”, cuenta Fernández, que desde hace días no sale del recinto para vigilar. Desde su cancha de fútbol, ahora vacía, se ve otra escuela. Los dos centros comparten calle en el Cerro de la Estrella, la decoración con flores de colores en los muros y ahora también los asaltos. En la escuela de primaria Ramón Espinosa Villanueva entraron una madrugada de noviembre. Se llevaron todo el equipo de cómputo, la alcantarilla que daba entrada al centro y hasta el cloro y el jabón que estaba guardado en un almacén. Iztapalapa, con 69 robos, es la alcaldía de la capital que más asaltos ha registrado.

Los robos suben en algunos Estados

Los robos a escuelas en México no son exclusivos de este último año. En 2019, por ejemplo, el recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla por los robos a esos centros en el Estado. En Ciudad de México la situación también fue más problemática en 2019, cuando robaron 584 escuelas, que en este primer año de crisis sanitaria, cuando el número es 296. Pero el abandono obligado por la pandemia ha empeorado la situación en algunos Estados. De acuerdo con la información recopilada por EL PAÍS, en Jalisco, por ejemplo, este tipo de delito creció más del 100% en el último año; en Veracruz, un 88%; en Nuevo León, casi un 8%.

Cecilia Ojeda, que tras el último robo dice notar una “segunda ola” de delitos contra escuelas, reclama “apoyos efectivos”. López Obrador prometió en febrero una inversión de 12.000 millones de pesos como parte del programa La Escuela es Nuestra, una iniciativa del Gobierno federal orientada a la rehabilitación de la infraestructura escolar, para poner en condiciones los centros. Además, la Secretaría de Educación Pública cuenta con un seguro para atender estos hurtos que aplica para todo el país. En Sinaloa, donde 204 escuelas reportaron robos o daños a sus instalaciones durante la pandemia, “nunca antes” se había cobrado el seguro institucional por este delito, según afirman fuentes estatales. La reparación por los saqueos de solo tres centros le costará al seguro casi 167.000 pesos (unos 8.300 dólares).

Pero Ojeda es cauta: “Por desgracia siempre nos dicen que vamos a recibir el apoyo, que van a checar cómo están las instalaciones… A mí me gustaría que sean apoyos de verdad”. Siete veces irrumpieron en las instalaciones en las que trabaja esta docente y siete veces hizo “lo correspondiente”: “Vamos a la Fiscalía y notificamos lo que sucedió, pero no sabemos si les dan un seguimiento”. En un país en el que la impunidad ronda el 90%, es habitual que una parte de las denuncias no se resuelva. Los medios locales han reportado algunas detenciones por este motivo, como en Puebla, donde fueron arrestados 10 presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a irrumpir en centros educativos. En Veracruz, sin embargo, los docentes no han parado de contar robos: “Han dejado muchos planteles a la deriva”.

BEATRIZ GUILLÉN/CONSTANZA LAMBERTUCCI

EL PAÍS