¿EN QUE PARTE ESTARÁN LOS RUFIANES?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Que palabras tan lamentables las que profirió el Gobernador en su semanera al referirse a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa ¿los rufianes dónde están?
No fueron palabras desafortunadas en el discurso mediático gubernamental, fueron dirigidas con toda la intención de dañar la imagen de la Institución Rosalina y de sus autoridades. La bilis se sigue derramando desde el momento en que el Rector decidió rechazar la Ley de Educación Superior de Sinaloa.
No, el dinero no se derrochó. El gasto universitario está por encima de los recursos que recibe a través del subsidio federal y el federalizado. Que en el presupuesto que aprueba anualmente el H. Consejo Universitario está la prestación relativa al aguinaldo. Si lo está, pero sobre la base establecida en el contrato colectivo de trabajo. El subsidio solo contempla el pago de dicha prestación sobre la base de cuarenta días.
Primero se escudaron para entorpecer el pago del aguinaldo alegando desde el Gobierno del Estado que la representación de Robespierre Lizárraga Otero no era legal por no haberse seguido a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de nombrar un Rector Interino, lo cual era totalmente absurdo en esa reclamación gubernamental.
Las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública y Hacienda no tuvieron el menor empacho en reconocer la legalidad del acuerdo del Consejo Universitario y de inmediato lo reconocieron y resolvieron, cuando menos, para paliar la urgencia de la UAS, en conceder el pago del incremento salarial de 2023.
Después de lo resuelto por las autoridades federales en favor de la UAS, desde el Gobierno del Estado avientan otra bola de lodo diciendo ahora que el aguinaldo no se pagaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa porque las autoridades universitarias se lo habían gastado.
Cuanta basura lanzada desde que se desconoció la Ley de Educación Superior del Estado. En los procesos penales ya ha quedado demostrado que los delitos por los que se ha procedido contra el Rector Jesús Madueña Molina, Robespierre Lizárraga Otero y los miembros del Comité de Adquisiciones de la UAS, pero, aun así, se les ha vinculado a proceso e incluso removido del cargo al Rector producto de esa persecución política infame en su contra.
Han omitido citar a la audiencia especial para dejar sin efectos la remoción del Rector ordenada por un Juez de Amparo, al grado de exponerse a que se les siga el procedimiento por desacato a la suspensión otorgada. Hasta ese extremo llegan sus determinaciones persecutorias.
¿Los rufianes dónde están? ¿La defraudación fiscal al SAT quien la promovió? ¿qué ha pasado con la investigación sobre el desvío millonario de recursos de las rentas de la USE? ¿Qué pasó con la investigación del gasto millonario en la compra de los colchones sucios y apestosos entregados a los damnificados de la depresión tropical 19E? ¿qué estado guarda la investigación del tráfico de plazas en la Secretaría de Educación Pública y Cultura? ¿porqué se ocultó la información en el Congreso del Estado para que la sociedad no conociera del gasto facturado en consumo de restaurantes en el periodo de esta administración gubernamental? ¿cuál es la situación que impera en la inversión millonaria para la compra del estadio de futbol de Mazatlán para entregarlo en concesión a un particular? ¿se ha investigado las irregularidades que hay en la compra del edificio HOMEX para instalar las dependencias del Gobierno del Estado que se encuentran en la USE? Ejemplos como esos son apenas unos cuantos.
Los rufianes están al parecer protegidos por el gobierno. Las investigaciones contra los presuntos responsables están guardadas en los escritorios de la fiscalía estatal, como también lo está la investigación del homicidio de Enrique Ávila Castro ¿Son investigaciones que no se llevan a cabo porque comprometen los intereses del Gobierno del Estado?
La cortina de humo sigue cegando los ojos del gobierno en turno. En la Universidad Autónoma de Sinaloa están los dictámenes de auditorías de la Auditoria Superior de la Federación en los que se demuestra la rendición de cuentas y la transparencia del gasto universitario, reconocimiento que también lo ha expresado la Secretaría de la Función Pública federal. El pago del aguinaldo no es un favor que dice hacer el Gobierno del Estado de Sinaloa, es un derecho de los trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
