Estocada de piedra
Pascal Beltrán del Río.
Durante tres décadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se convirtió en un medio para correr el velo de impunidad detrás del cual agentes estatales cometían crímenes como la tortura y el asesinato sin reparo alguno.
Sin que pueda decirse que hubiese llegado a su madurez y sin negar sus fallas, la CNDH llegó a destacar como un dilucidador de responsabilidades en hechos graves, como la masacre de Tanhuato, Michoacán, ocurrida en 2015, donde se probó que servidores públicos ejecutaron extrajudicialmente a 22 personas.
Dotada desde 1999 de autonomía constitucional, la Comisión fue fortaleciendo su actuación como contrapeso contra los excesos del poder. Uno de sus principales logros es que la obtención de confesiones forzadas prácticamente desapareció del panorama nacional, donde el tehuacanazo, los toques y el pocito llegaron a ser práctica regular por parte de las policías para integrar expedientes judiciales.
Sin embargo, aquellos aciertos dejaron de acumularse a partir de que Rosario Piedra Ibarra, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió la presidencia de la CNDH en noviembre de 2019. En estos cuatro años, el organismo se ha ido vaciando de contenido y propósito, de la manera silenciosa y sistemática en que las termitas convierten un bloque sólido de madera en un cascarón.
No han faltado temas, en ese lapso, en los que la población mexicana hubiese requerido de la actuación expedita y contundente de la ombudsperson, quien, simplemente, no ha estado presente. Por lo menos no lo ha estado en la medida que se requiere.
Por ejemplo, la decidida militarización de la seguridad pública hubiera requerido de la mirada atenta de la CNDH. Tuvo que ser la Suprema Corte la que corrigiera la decisión del Ejecutivo y el Legislativo de poner a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, algo que no contempla la Constitución.
La CNDH tampoco ha estado del lado de los familiares de los desaparecidos. Debimos verla subsanando las deficiencias de la Comisión Nacional de Búsqueda, oponiéndose a la escandalosa rasurada de nombres de personas ausentes, así como apoyando a los colectivos que han tenido que asumir, ante la indolencia de las autoridades, la labor de indagar el paradero de quienes fueron sustraídos.
No ha sido respaldo para las personas enfermas, aquellas que padecen el desabasto de medicamentos, ni para los periodistas que enfrentan la violencia criminal y la virulencia discursiva de los políticos, incluido el Presidente de la República.
La Comisión debió haber utilizado su facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad a fin de enfrentar la restricción que pretendía imponerse a los servidores públicos de mando superior, mediante la Ley Federal de Austeridad Republicana, para que pudieran trabajar libremente en la iniciativa privada durante una década después de dejar el gobierno. Ese caso también debió ser resuelto por la Suprema Corte luego de ser impugnado por legisladores.
Después de cuatro años de paralizar a la Comisión, la señora Piedra Ibarra propuso ayer darle la estocada y crear “una institución nueva”, que se llamaría “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”. Eso lo dijo durante la presentación de su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Según ella, la Comisión “ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano”.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha incluido a la CNDH entre las instituciones que propondrá eliminar mediante el paquete de iniciativas que enviará al Congreso el 5 de febrero, Rosario Piedra Ibarra dijo que el organismo del que es titular está listo para desaparecer.
“Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente sirva al pueblo mexicano”, afirmó.
Aquí no se trata de cómo se llame el organismo, sino de su voluntad de cumplir con su obligación, establecida en la Constitución y la ley respectiva, de promover y defender los derechos humanos y, sobre todo, de hacerlo de forma independiente al poder.
Excelsior
