Firmas de EU suspenden anuncios de inversión por cautela ante reformas de AMLO
EFE y Enrique Hérnandez
Las empresas estadounidenses en México frenaron anuncios de inversión para el país ante las posibles implicaciones de las reformas que tramita el Congreso para elegir jueces por voto popular y la desaparición de reguladores autónomos, reveló este martes a EFE Larry Rubin, presidente de la American Society of México (Amsoc).
“Ante las circunstancias actuales, hemos decidido no anunciar la enorme inversión americana programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial”, señaló en breve entrevista en el marco de la ‘Tercera Convención Bilateral: un nuevo futuro compartido’, realizada en la Ciudad de México.
Rubin señaló que estos anuncios se revisan al interior de la Amsoc, que representa los intereses del capital privado estadounidense en México, de la mano de un grupo de expertos estadounidenses aunque no precisó cifras de inversión.
El líder empresarial estadounidense incluso mencionó que una de las dos candidaturas presidenciales en Estados Unidos se ha acercado a la Amsoc para expresar su preocupación respecto del impacto de reformas tan importantes para la política interna del país.
“Una de las dos campañas presidenciales de Estados Unidos nos ha expresado gran preocupación por el impacto de una reforma tan importante como la judicial y la de órganos autónomos”, comentó.
Empresarios de EU piden no legislar ‘al vapor’
Al inaugurar la Tercera convención Binacional, Rubin pidió al Congreso no legislar “al vapor” estas reformas, ya que dijo, podría ocasionar daños a la relación bilateral con Estados Unidos y traer repercusiones económicas para el país.
“Es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleve a cabo con sumo cuidado, se estudie a profundidad, no se haga legislación al vapor y verdaderamente se involucre a todos los actores”, expresó.
El líder de la iniciativa privada estadounidense en México señaló que este es un punto a discutir en “un momento crucial” para la relación bilateral con su principal socio comercial y en el que se inscribe la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
“Por eso solicitamos al Congreso que tomen consideración la voz de la inversión más importante de este país que es la inversión de Estados Unidos en México”, expresó.
Según la Secretaría de Economía, al segundo trimestre Estado Unidos se mantuvo como el principal socio
inversionista en México, concentrando el 44% de los flujos totales de la inversión extranjera directa.
Rubín dijo a los legisladores que es “imperativo” que se aborden estas reformas en el Congreso con “la seriedad y la reflexión que merecen”.
Advirtió que los estadounidenses y los mexicanos no son ajenos a los cambios jurídicos y políticos que ocurren en las políticas internas de ambos países, al tiempo que sostuvo que estos cambios legales “no son reformas menores”, sino que se trata de “cambios vitales” que afectan la política interna y la relación comercial con su socio en Norteamérica.
“Instamos al Poder Legislativo a sentarse a dialogar con nosotros cada uno de los lineamientos de la reforma judicial”, comentó.
Ofrecen colaboración activa y advierten disputas comerciales
Rubin dijo coincidir con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en apoyar una reforma judicial en el país.
Sin embargo, manifestó también su preocupación por la elección de juzgadores por el voto popular, ya que dijo podría no abordar problemas como la corrupción o impulsar su fortalecimiento institucional.
En este sentido, señaló que el capital privado de Estados Unidos quiere participar en “discusiones activas y coadyuvar a que México tenga un Estado de derecho fortalecido para las empresas estadounidenses” en el país.
Respecto de la intención de suprimir órganos autónomos, señaló que cualquier cambio que socave su independencia podría derivar en disputas comerciales que afectarían a ambas economías, así como la confianza construida en conjunto.
Por ello, insistió al Congreso a que se tarden en vez de dos o cuatro días, hasta seis meses de ser necesario para que el proceso legislativo no “sea apresurado”, y “se desarrolle con la seriedad que demanda una reforma de esta envergadura”.
Dijo que los países de la OCDE tardan más de 6 meses en analizar una reforma como la judicial.
“Es imposible que en cuatro días los legisladores conozcan la reforma judicial, por lo que creemos que deben analizarse sus impactos y las repercusiones que pueden existir”, concluyó.
Antes, la International Chamber of Commerce (ICC) y su capítulo mexicano también pidieron al Congreso “actuar con cautela” en la discusión de estas reformas, ya que podrían incurrir en violaciones al derecho internacional “y, por ende, posibles condenas económicas contra el país que deberán pagarse con los impuestos de todos los contribuyentes mexicanos”.
Con información de Forbes
