FISCALÍA DE MEMBRETE. ORGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO PISOTEADO
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
¿La investigación de los delitos es una función encargada al Ministerio Público o al Titular del Poder Ejecutivo Estatal?
Los estudiosos del derecho reconocen que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, es imperativo decir que el diverso artículo 116, fracción IX de la propia Constitución señala que las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, es un deber denunciar por este espacio de opinión que la función basada en el principio de autonomía e imparcialidad con la que debe actuar la Fiscalía Estatal se ha visto rebasada por la intervención del Gobernador del Estado en las investigaciones que realiza ya que las mismas están viciadas por las directrices que impone el Ejecutivo Estatal.
Las semaneras del Gobernador es el mejor testimonio que debe formar parte de una carpeta de investigación ya que la Fiscalía actúa por lo que dice el Gobernador y no por los hechos que deben gobernar el curso de una investigación para determinarla como ilegal.
La definición de la audiencia de revisión de medidas cautelares programada por el Juez de Control a petición de la Fiscalía no es más que una burda intención de remover del cargo de encargado de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa por ministerio de ley al Dr. Robespierre Lizárraga Otero. Un funcionario universitario que le ha resultado demasiado incomodo al Gobernador por haberse convertido en un misil de guerra en la defensa de la autonomía universitaria contra el autoritarismo gubernamental y de odio hacia la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La salud no es propiedad de ninguna persona. Cuidarla es un deber. Al Gobernador lo han convencido de lo contrario, al extremo de ordenar a la Fiscalía que se entrevistara con el Médico que atendió al Dr. Robespierre Lizárraga Otero para revisar su expediente clínico ¿Que buscaban los investigadores de la Fiscalía por órdenes del Gobernador? ¿información falsa en la expedición de la incapacidad del funcionario universitario? Qué descaro.
¿Hasta ese nivel llega la persecución política del gobierno contra los universitarios que se han enfrentado al gobierno al rechazar la Ley de Educación Superior? Las condiciones en la defensa se vuelven más tirantes contra el Gobierno del Estado. No habrá claudicación.
Lo cierto es que desde la Fiscalía se prepara una embestida contra Lizárraga Otero cuando el propio Juez de Control sorpresivamente y que por cuestiones de agenda reprogramó unilateralmente la audiencia de revisión de medidas cautelares en su contra, del día 14 al 17 de noviembre de este año. No querían riesgos con la visita del Presidente de la República el día 14. Tuvieron miedo. La defensa está preparada para una más de las arbitrariedades que se han vuelto rutinarias con la mafia del poder político en Sinaloa.
La cortina de humo tendida por el Gobierno del Estado sigue puesta. La inconformidad social es tanta que ya no hay forma de solapar las incapacidades gubernamentales en el combate a la corrupción y a la impunidad, y como si eso fuera poco, a la Fiscal se le han revelado sus Consejeras Ciudadanas del Consejo Consultivo, por nepotismo. La Titular nombró a su hija como “Consultora Pedagógica” de la Fiscalía Estatal, sin tener la experiencia y perfil profesional requerido para el puesto ¿Quién lo investiga?
La inconformidad también crece dentro de la Institución del Ministerio Publico por el acoso laboral al que están sometidos los agentes del ministerio público al exigírseles resultados que no los pueden tener porque no hay condiciones laborales adecuadas con oficinas sucias y pestilentes y sin los apoyos funcionales mínimos para trabajar, porque no hay investigación de campo, pero eso no importa, el Gobernador quiere cifras que lo alegren y evitar regaños como los que continuamente recibe la Fiscal.
Los tiempos se aproximan, el conflicto contra la UAS pegará muy duro en contra de los candidatos morenistas a puestos de elección popular. Las arbitrariedades y la ilegalidad quedarán exhibidas.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
