Fulanito, para juez
Pascal Beltrán del Río.
No es difícil imaginar qué sucederá una vez que las bancadas del oficialismo en la Cámara de Diputados y el Senado apliquen la aplanadora para aprobar la reforma al Poder Judicial que desea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante su inminente despido, los más de mil 600 juzgadores sentenciados a olvidarse de su trayectoria en el servicio público empezarán a empacar sus cosas.
Seguramente a muchos les ganará la responsabilidad de no dejar botados los casos que tienen entre manos, pero tendrán que combinarla con la necesidad de buscar un nuevo trabajo.
Cada día hábil, los jueces federales ven unos seis mil asuntos. Puede usted imaginarse el caos que ocurriría si de pronto se creara un vacío.
De cumplirse lo que anticipó el otro día el Ejecutivo, de que los actuales juzgadores podrán participar en las elecciones para mantenerse en el Poder Judicial, algunos se tragarán la humillación de competir con personas menos calificadas que ellos y se postularán. Pero apenas se seque la tinta de la edición del Diario Oficial en que se publique la reforma, usted verá aparecer en bardas y espectaculares los nombres y/o fotos de personas que seguramente nunca ha oído o visto, junto con exhortos a que vote por él o por ella.
#EsFulanitoParaJuezDeDistrito, se leerá. Con el hashtag, claro, porque si no, no luce. O sea, igualito que en los procesos internos del oficialismo.
En una de esas, los legisladores prometerán que eso no va a suceder. Que especificarán en la reforma que estará prohibido promoverse fuera de los tiempos y espacios oficiales. Ajá, confíe usted en eso.
Lo curioso es que Ricardo Monreal, el diputado al que le tocará ser el pastor de este proceso, fue víctima de un avasallamiento propagandístico en la etapa previa de la encuesta para definir la candidatura presidencial.
Imagine usted los ríos de dinero que correrán para la elección de los jueces. ¿De dónde saldrán los cuantiosos recursos que se necesitarán para promover a personas desconocidas para la mayoría?
Como ya se ha dicho, para los ciudadanos en general no será fácil decidir por quién votar, no sólo por no saber casi nada de los candidatos, sino también por no conocer las habilidades requeridas para el trabajo. No tendremos, como tienen ahora los senadores, la posibilidad de entrevistarlos. Obviamente, los ganadores serán quienes más se promuevan, no necesariamente los más preparados.
Ahora imagine el tiempo destinado a dicho proceso. Serán momentos para distraer a la opinión pública de temas fundamentales. Por ejemplo, cómo sacar adelante las obligaciones del Estado con menos recursos públicos. O la relación con Estados Unidos. O los problemas de seguridad pública, que seguramente no estarán resueltos para cuando se lleve a cabo la elección de juzgadores, en junio de 2025 (según lo propone López Obrador). Medio año se perderá en ese relajo.
Si apenas ocho por ciento de los ciudadanos acudió a votar en la consulta para enjuiciar a los expresidentes y menos de 18% lo hizo en la consulta de revocación de mandato, ¿qué porcentaje cree usted que estaría dispuesto a usar un domingo para elegir entre una lista de fulanos, menganos y zutanos que no les dicen absolutamente nada?
En fin, mientras más pienso cómo sería todo aquello, más me parece absurda, innecesaria y peligrosa esta reforma.
Pero, claro, a mí nadie me está pidiendo mi opinión. ¿Yo de qué me meto –diría el clásico–, si ya todo está decidido?
BUSCAPIÉS
*Una de las reformas anunciadas por López Obrador el 5 de febrero propone reducir el porcentaje mínimo de participación en las consultas de 40 a 30 por ciento. ¿Estará de acuerdo en ello la virtual Presidenta electa? No lo sé, porque significaría que ella, que ganó el cargo con casi 36 millones de votos, podría ser destituida con que participen en la consulta de revocación del mandato de 2028 unos 30 millones de ciudadanos (cifras de hoy) y con que, de ésos, vote contra su permanencia apenas la mitad más uno. Saque usted las cuentas.
Excelsior
