Hacinamiento en cárceles y presos sin sentencia, al alza
Entre junio del 2020 y el mismo mes del 2022, el número de personas encarceladas, tanto con sentencia como sin ella, pasó de 210,287 a 226,916; un aumento de 8 por ciento.
Entre el 2020 y el 2022, el número de personas encarceladas y que se encuentran sin sentencia en el país aumentó, a la par, del hacinamiento en los centros penitenciarios, revelan datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Lo anterior, a decir de expertos consultados, es consecuencia del aumento en el uso de la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que el próximo 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de Nación analizará si debe o no continuar en México.
Según las cifras de Segob, para junio del 2020 había 85,265 personas encarceladas sin sentencia tanto por delitos del fuero común (73,629) como federales (11,636).
Para junio de este 2022, eran 92,595 los procesados sin sentencia por ilícitos del fuero común (79,260) y federal (13,335).
Es decir que entre 2020 y 2022 hubo un aumento de 8.5 por ciento.
En el mismo periodo, el número de estados que presentaron hacinamiento en sus cárceles estatales pasó de 13 a 18.
Para junio de este 2022, los cinco estados con mayor hacinamiento eran Estado de México (136,7%); Morelos (92.7%); Nayarit (92.3%); Durango (66.1%) y Tabasco (42.2%).
Le siguieron Coahuila (41.4%); Puebla (34.1%); Sonora (33%); Hidalgo (31.6%); Quintana Roo (28.2%); Guanajuato (19.8%); Chihuahua (19.2%); Aguascalientes (17.5%); Nuevo León (8.1%); Guerrero (7.3%); Veracruz (4.1%); Chiapas (1.5%); Jalisco (0.49%).
Deficiencias en justicia
Erubiel Tirado, especialista en seguridad de la Ibero, comentó que más de 40% de las personas privadas de su libertad no cuentan con una sentencia, y que eso quiere decir que la prisión oficiosa influye directamente en la sobrepoblación de los centros penitenciarios mexicanos.
Ésta figura lo único que ha demostrado es una deficiencia del aparato de justicia”, comentó.
Explicó que esto es debido a que el sistema penal jurídico no es capaz de realizar una investigación completa y que cumpla con los requerimientos para encarcelar a una persona.
Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, comentó que de acuerdo con datos de la institución a la que pertenece, sólo a dos de cada 10 personas privadas de su libertad se les logra comprobar la culpabilidad por un delito y, por ende, se les sentencia.
Agregó que hay una sobrepoblación en los centros penitenciarios del país y que en gran medida se debe a la prisión preventiva oficiosa.
“México ha transitado por un esfuerzo para consolidar la justicia penal (…) aún tenemos muchos pendientes y no se logrará (avanzar) si se continúa con medidas que no favorecen a la seguridad, justicia y, por el contrario, sí favorecen a la violación de derechos, a la sobrepoblación en las cárceles y a una aplicación más severa contra las mujeres”, dijo.
Mientras que Rodrigo Peña, director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, indicó que la prisión oficiosa se ha convertido en una herramienta “perversa” de una supuesta resolución de conflictos de ilegalidad.
Redacción y Diego Aguilar
El Economista
