IMPUNIDAD GRAVE EN SINALOA. DELITOS SIN RESOLVER
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Prevención ineficaz y delitos sin aclarar, delincuentes libres y la seguridad general en riesgo. Solo el 1% de los delitos se resuelve.
Prevenir el delito no es un asunto de policías. Es una afirmación que gravita ante una autoridad que no se preocupa por hacer lo necesario para evitar las conductas antisociales. Le sigue apostando a la intimidación y rudeza policial.
El gobierno prefirió recurrir a lo más fácil como era sacar al soldado de los cuarteles y convertirlos en policías. Dictar políticas públicas de participación institucional multidisciplinaria ha sido la principal recomendación para sanear de manera gradual el tejido social dañado por la antisocialidad.
Las autoridades han dejado fuera prioridades como medir, clasificar y analizar los comportamientos sociales por región que permita exponer criterios objetivos para identificar zonas habitacionales urbanas y rurales que registren niveles de riesgo que repercutan en perjuicio de la paz y tranquilidad sociales.
Es conveniente que haya continuamente un sistema de auditorías en los registros de infracciones y delitos que permitan tener la información básica para desarrollar los programas de atención colectiva que incidan en la salud social de la población.
No se conocen estudios criminológicos en Sinaloa que distingan las zonas potencialmente proclives al delito. El tipo de infracciones que regularmente se cometen y determinar las causas que originan la comisión de delitos. Esa es la justificación de la formación de los grupos institucionales de prevención a la afectación social ocasionada por el delito.
Que a través de la participación social y con el auxilio de instituciones educativas realizar estudios para conocer con certeza los niveles de degradación social que se padece y realizar las recomendaciones que sean pertinentes para restituir salud al tejido social dañado por la drogadicción, las bebidas embriagantes y otros componentes sociales que contribuyen a la realización del delito.
En la medida en que las autoridades no se determinen en organizar verdaderos sistemas de participación institucional en la implementación de estrategias para mitigar los altos riesgos que representa para la seguridad ciudadana el desempleo, los bajos salarios, la deserción escolar, la drogadicción, la prostitución, la insuficiencia de servicios públicos mínimos para la atención de la salud, la ociosidad de grupos juveniles, entre otros muchos, deben ser atendidos preferentemente pero el gobierno se pierde con decisiones que ayuden a proteger sus intereses políticos y no los que la sociedad requiere.
La policía es la última ratio. No es mediante la intimidación policial o la rudeza en sus formas de intervención como se puede resolver la comisión de conductas antisociales, aunque debemos reconocer que su utilización se hace necesaria en situaciones excepcionales.
Lo cierto es que la seguridad ciudadana está continuamente en grave riesgo. La desconfianza social en la policía es un hecho que no se puede ocultar. Continuamente se delinque y no se aprende al delincuente. Se denuncia el delito por las vías institucionales y las autoridades se demoran en atender la denuncia ciudadana o simplemente se ignora.
Todos los días aparecen las notas en los diferentes medios de comunicación de homicidios, feminicidios, enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, levantones de ciudadanos y que no aparecen, robos por todas partes, y muchos otros delitos y las autoridades sin aparecer por ninguna pare.
Las autoridades se molestan porque se les señala que lo más fácil para ocultar su incapacidad para resolver el delito que mantiene atemorizada a la población sinaloense, tender una cortina de humo creando un conflicto contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades, a quienes le han invertido millonadas del presupuesto estatal para difundir hechos que están muy lejos de ser una realidad.
La verdad resplandece en el escenario social de Sinaloa y en la comunidad universitaria rosalina. Los resultados de la defensa jurídica emprendida ante esa perversa persecución política iniciada por el gobierno del Estado por la firme postura del Rector Madueña Molina de rechazar la Ley de Educación Superior de Sinaloa, violatoria a la autonomía universitaria, es una realidad que deja al descubierto esa perversidad estatal
El gobierno debe tener visión política de sanear el estado que dirigen, desterrando la inseguridad y el crimen porque cada vez se ve más lejana la posibilidad de proscribirlo porque los compromisos están muy marcados de una delincuencia organizada que sigue tomando posiciones en el control gubernamental cada vez más peligrosas ¿Escucharemos los pronunciamientos de la sociedad civil organizada o tienen miedo?
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
