Impunidad, uso y abuso de la fuerza
Estefanía López Mendoza.
Próximo a cerrar, el año deja un panorama de incertidumbre sobre lo que sigue en materia de seguridad pública dada la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la SEDENA. Además de la crítica a la desaparición del carácter civil de la GN con este cambio y la violación al artículo 21 de la Constitución que implica, también es necesario poner el foco de atención en las violaciones a derechos humanos a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como SEDENA, SEMAR, GN, así como policías estatales y municipales.
Por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tan solo de enero a octubre de 2022 la GN acumuló un total de 388 quejas a causa de uso arbitrario y excesivo de la fuerza, presunta tortura, intimidación, y tratos crueles o degradantes, entre otras malas prácticas. De estas quejas, 35 se presentaron en Ciudad de México, 33 en Guanajuato, 30 en Jalisco y 20 en Oaxaca. En lo que respecta a la SEDENA, en este mismo periodo de tiempo (enero a octubre de 2022) la institución acumuló 361 quejas; las cuales ocurrieron principalmente en Ciudad de México (49), Jalisco (29), Tamaulipas (24), Michoacán, y el Estado de México (con 20 en cada estado).
Al hacer los cálculos correspondientes, es de resaltar que en este año la GN rebasó la cantidad de quejas acumuladas por la SEDENA. Muestra de este tipo de hechos son la muerte del joven Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de elementos de la GN en el municipio de Irapuato, o los vídeos publicados el pasado 4 de diciembre, en donde se observa a elementos agredir de forma brutal a un grupo de personas a las afueras de un bar en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Por otra parte, los casos de violaciones de derechos humanos también son ejercidos por parte de policías estatales y municipales, elementos que tienen un contacto más cercano y directo con la ciudadanía en funciones de seguridad pública. Por ejemplo, el pasado mes de septiembre un comerciante de la ciudad de Tijuana fue “levantado”, asesinado y calcinado por un par de policías municipales. Otro escabroso ejemplo fue el ocurrido a mediados de noviembre del año en curso, cuando policías municipales de Chimalhuacán privaron de la vida a un joven de 20 años de edad por resistirse a una revisión de rutina en la colonia Villas de San Lorenzo, Estado de México.
De acuerdo con el estudio Brutalidad Policial en México: Fenómeno sin límite publicado por la ONEA y Diario Milenio, de 2015 a 2020 se presentaron al menos 33, 750 denuncias por delitos relacionados con brutalidad policial, de los cuales únicamente 373 fueron judicializados y 172 concluyeron en una sentencia condenatoria. Las cifras en cuestión confirman que no solo el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza (ejercido por militares o civiles) es una de las principales preocupaciones en materia de seguridad pública, sino también los altos índices de impunidad ante estos hechos.
Si las violaciones a derechos humanos son por sí mismas un motivo de preocupación, esta se exacerba cuando se piensa en la impunidad y complicidad por parte de las autoridades. Basta recordar que durante la actual administración, la CNDH ha recibido distintas críticas debido a la postura que mantiene ante las quejas por abuso de fuerza por parte de las FFAA y la GN.
