Información pública para prevenir catástrofes climáticas
Julieta del Río
En México, el derecho de acceso a la información es una herramienta esencial no sólo para la rendición de cuentas, sino también para la protección y el bienestar de la ciudadanía en situaciones de emergencia, como los desastres naturales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el ente facultado para que la información en manos del gobierno se le brinde a quienes la soliciten. Este principio cobra especial relevancia ante la reciente llegada del huracán Beryl que impactó el viernes último en la Península de Yucatán afectando a más de dos millones de habitantes en Cancún, Tulum, Mérida y otros puntos importantes del sureste.
Conocer oportunamente información es crucial en contextos de desastres naturales como éste. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) juega un papel vital al proporcionar detalles sobre el comportamiento de los fenómenos meteorológicos que se presentan en México.
Esta institución pública, mediante sus reportes constantes, permite a las autoridades y a la población estar informados sobre la trayectoria, intensidad y posibles impactos del huracán. Por lo cual podemos entender su trascendencia esencial para la toma de decisiones, tanto en los gobiernos municipales y estatales, como en el rubro individual.
Durante un desastre natural la disponibilidad de información pública puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, los reportes del SMN permiten que las autoridades implementen planes de evacuación y preparen refugios con la debida antelación. Así como implementar el Plan DNIII por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Asimismo la población puede tomar medidas preventivas, como asegurar sus viviendas, almacenar provisiones y desalojar zonas de riesgo. Dicho en otras palabras, sin el flujo transparente de información, estas acciones preventivas desde el gobierno y la población no se podrían realizar, exponiendo a la población a peligros prevenibles.
El huracán Beryl, al igual que otros fenómenos meteorológicos, requiere una respuesta coordinada y basada en datos precisos. La experiencia ha demostrado que la falta de información o la difusión de información incorrecta puede tener consecuencias catastróficas.
La tragedia del huracán Katrina en 2005, el huracán Otis de 2023 en Guerrero, o las tormentas con viento en Nuevo León en junio de este año, por ejemplo, mostraron cómo la mala gestión de la información y la falta de coordinación pueden agravar los efectos de un desastre natural. En contraste, se pueden salvar vidas cuando los gobiernos y las instituciones públicas operan y deciden con información completa sobre la mesa.
En noviembre de 2023 desde el INAI instruimos a la Secretaría de Bienestar para que entregara información relacionada con municipios que han recibido recursos del Programa para el Bienestar de Personas en Emergencia Social o Natural en los últimos cuatro años. El mencionado Programa surgió en 2019 para sustituir al extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En el análisis que realizamos en mi ponencia destacamos que los Lineamientos de Operación de este Programa establecen como objetivo principal “mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras afectadas por una emergencia”. Esto lo hace por medio de dos principales vías. Una es mediante entregas de insumos a personas identificadas tras la implementación de un censo. La otra es vía transferencias económicas a los municipios afectados, los cuales deben ejercer los recursos en obras de infraestructura.
Destaca que incluso los lineamientos facultan a la Subsecretaría de Bienestar para que, en caso de ser necesario, se firmen convenios con los tres niveles de gobierno para impulsar el Programa del cual también se debe llevar un registro puntual.
En ese momento, expuse ese proyecto por las personas damnificadas del huracán Otis en Guerrero. Los recursos que se destinan para la reconstrucción de comunidades ante el impacto de huracanes y otros fenómenos naturales deben ser transparentados para cerrar espacios a la corrupción. En otras palabras, cada peso invertido en la reconstrucción debe ser rastreable hasta su destino final.
Por estas razones estoy convencida de que la transparencia y el acceso a la información son componentes esenciales para enfrentar desastres naturales en nuestro país. Las autoridades, como la ciudadanía, deben conocer la Plataforma Nacional de Transparencia para preguntar lo que deseen en contextos de alerta.
En tiempos de crisis, la información no sólo es poder, salva vidas.
