INSEGURIDAD GALOPANTE Y DELITOS SIN RESOLVER
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública evidenció la situación que impera en el Estado en materia de inseguridad ciudadana.
El gobierno del Estado dice que la inseguridad ha estado disminuyendo en Sinaloa, pero la percepción ciudadana de inseguridad sigue creciendo. Una contradicción que no responde a un compromiso gubernamental para que los delitos no se sigan cometiendo. Un reto que cada día se aleja más de la realidad insegura que vive Sinaloa.
El crimen seguirá imponiendo el terror ciudadano porque no hay autoridad que lo detenga. Ha transcurrido todo un sexenio en la oscuridad repartiendo abrazos a los delincuentes y orando para que los malhechores se porten bien y no dañen a los ciudadanos de bien.
Lo insólito, se entregó a la milicia la obligación de combatir la inseguridad ciudadana y hasta la fecha no se ha visto que se hayan preocupado por restituir los estados de fuerza policiales en los estados y municipios y que las instituciones de formación policial cumplan con sus obligaciones.
Los delitos siguen creciendo y la falsedad gubernamental de que siguen bajando no es más que una postura política cómplice y corrupta. La estadística delictiva informada por el Consejo Estatal de Seguridad Púbica es una realidad que debe ser reprochada por las organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente el silencio social permite la complicidad y la incapacidad gubernamental para combatir el crimen y la inseguridad.
Los mandos de las corporaciones de policía se quejan de que la inseguridad crece porque las instituciones policiales carecen de personal suficiente para combatir ese flagelo. Sin embargo, con esa esa justificación lejos de favorecer la paz social incentiva el temor de que el gobierno resulta ineficaz para desterrar la causa de la criminalidad.
¿Dónde quedó el compromiso del Senado de la República de mandar los recursos suficientes para que los estados y municipios recuperaran los estados de fuerza policiales? Ese fue el fundamento para ampliar el periodo de presencia militar en las calles. Se acaba el sexenio federal y los recursos prometidos parece ser que no llegaron porque la Universidad de la Policía sigue en la oscuridad y sin formar ningún policía.
El número de policías por millar no es un asunto que le preocupe al gobierno. se han enconchado con la supuesta protección de la Guardia Nacional, una organización militar que lamentablemente ha sido un fracaso como institución policial.
La solución al crimen y a la impunidad es un asunto de los gobiernos estatales y municipales, pero parece ser que los compromisos políticos que se contraen en cada proceso electoral dicen las voces ciudadanas que los políticos negocian con el crimen y los dejan trabajar.
Corrupción, complicidad con miembros de la delincuencia organizada, insuficiencia policial, impunidad delincuencial, son imperativos gubernamentales que deben ser atacados para que la sociedad perciba que en realidad la inseguridad está disminuyendo y no que los propios órganos de gobierno se contradigan.
¿Será posible que Sinaloa cuente en algún momento de su historia con el promedio mínimo de policías recomendados por la Organización de las Naciones Unidas de 1.8 policías por millar? Los parámetros internacionales se aplican conforme lo permitan las condiciones económicas de países como el nuestro. Lo cierto es que no se hacen esfuerzos por resolverlo. Las instituciones policiales civiles en México están en vías de extinción. La sociedad debe reaccionar por la militarización que se nos está imponiendo, sino lo hace, puede ser demasiado tarde
Mientras la inseguridad cabalga libremente en Sinaloa y la impunidad crece, las autoridades estatales siguen empecinadas en la persecución política en contra del Rector Jesús Madueña Molina y otras autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al extremo de ordenar al Juez de Control que no cumpliera con la suspensión definitiva concedida al Dr. Madueña Molina, de dejar sin efectos la remoción de su cargo rectoral, exponiéndose a la destitución del cargo y de ir a prisión incluso. Hasta ese nivel está la necedad gubernamental.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
