Jueces se conducirían por la política si se reforma el Poder Judicial, señala análisis de la UNAM
Sergio Carmona
“Cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia”, se indicó en un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El jurista e investigador, César Astudillo Reyes, en el capítulo “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección” —por voto popular— consideró que los cambios propuestos en la reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Poder Legislativo, “buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente”.
Añadió que esto provocaría que, al resolver las controversias constitucionales, las sentencias estarían aderezadas con este mismo contenido político y por lo que, en cada momento, reclamase el electorado.
El jurista, Jesús Garza Onofre, en el apartado referente a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial, afirmó que las decisiones disciplinarias que afecten a los jueces deberían ser revisables por otro órgano judicial independiente para asegurar su legitimidad y transparencia.
Además, el nuevo tribunal podría tener facultades amplias y mal definidas, lo que podría transformarlo en una especie de fiscalía judicial con poderes discrecionales e impunidad.
Por otro lado, indicó que la iniciativa presidencial no aborda cómo los miembros del tribunal disciplinario pueden ser removidos o inhabilitados.
Lo que, en su opinión, crea una contradicción, ya que, aunque los miembros del tribunal sean seleccionados bajo los mismos criterios que los miembros de la Suprema Corte, no existe un mecanismo claro para su supervisión y remoción.
OTROS CAMBIOS
En el texto, que contó con la participación de 41 juristas, economistas y politólogos, se concluyó que, de aprobarse las reformas del Plan C, se podría concentrar excesivamente el poder en la Presidencia de la República.
Sobre la eliminación de los organismos con autonomía constitucional, en el análisis del IIJ se advirtió que se quitarían importantes contrapesos y se reduciría la complejidad administrativa, necesaria para la regulación de sectores críticos.
“Los órganos constitucionales autónomos tienen áreas de mejora institucional que deben ser atendidas reformándolos, redefiniéndolos, reestructurándolos y sometiéndolos a controles políticos y administrativos; sin embargo, su abrogación sólo generaría mayor concentración del poder para la esfera de la función ejecutiva”, se indicó.
En cuanto a la reforma que contempla que la Guardia Nacional sea una institución militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, los expertos reiteraron que se otorga a las Fuerzas Armadas un papel preeminente en actividades civiles y de infraestructura.
“Han transcurrido cerca de 20 años desde que se oficializó la intervención de las Fuerzas Armadas en el país, y lejos de disminuir los índices de criminalidad de delitos de alto impacto éstos han aumentado. Este hecho debería constituir evidencia suficiente de la ineficacia de esta estrategia”, se advirtó.
Con respecto a la eliminación de los escaños plurinominales, los especialistas consideraron que, de aprobarse, se facilitaría la posibilidad de que Morena obtuviese una mayoría absoluta en el Congreso, lo que disminuiría considerablemente la presencia de la oposición.
De los cambios en las políticas sociales, se detalló que, aunque estas medidas buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, surge la preocupación sobre la viabilidad financiera y la adecuada ejecución de estas políticas.
“Las iniciativas de reformas, de ser aprobadas, implicarían una modificación sustantiva de las condiciones de legalidad y legitimidad del sistema jurídico.
“Y, por ello, requieren de mucha atención, porque son portadoras de un futuro distinto, incierto, pero no más democrático”, se refirió en el análisis publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
QUÉ CAMBIARÍA EN EL PJF
Elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.
Reducción de ministros de SCJN de 11 a nueve.
El nuevo Instituto Electoral será el encargado de organizar las elecciones de ministros, magistrados y jueces.
El Senado emitirá la convocatoria, recibirá las postulaciones, verificará los requisitos de elegibilidad y remitirá el listado.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial postulará hasta 10 candidatos cada uno.
De los 10 candidatos del Legislativo, cinco serán postulados por cada Cámara mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.
Los propuestos por el Judicial se elegirán por el pleno de la Corte con mayoría de seis votos.
Todos los ministros, magistrados y jueces en funciones serán sustituidos, pero podrán postularse al cargo.
En el caso de los magistrados y jueces a sustituir, los poderes de la Unión propondrán dos candidatos cada uno.
Los candidatos a ministro, magistrado de la Sala Superior TEPJF y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial harán campaña y tendrán acceso igualitario a radio y televisión.
Reducción de 15 a 12 años del periodo de duración de ministros en el cargo.
Los magistrados de Circuito y jueces de Distrito durarán nueve años en el cargo con posibilidad de reelección.
Eliminación de la Primera y Segunda Salas de la SCJN.
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
