Jueces y magistrados defienden decisión de liberar a militares del caso Ayotzinapa
Maritza Pérez.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF refutó el reciente comunicado de la FGR en el que advirtió que impugnará e investigará a la jueza, Raquel Ivette Duarte Cedillo, por ordenar la liberación de 8 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Asociación Nacional de magistrados y jueces federales rechazaron que la decisión de liberar a 8 militares señalados en el caso Ayotzinapa sea otorgar una ventaja indebida, tal como acusó la FGR; al tiempo que evidenciaron que la Fiscalía tuvo la oportunidad de inconformarse y no lo hizo.
A través de un posicionamiento, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) refutó el reciente comunicado de la FGR en el que advirtió que impugnará e investigará a la jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, por ordenar la liberación de 8 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con la asociación, la resolución de la jueza Duarte Cedillo no significa que estos militares hayan sido exonerados ya que el proceso que se llevan por el delito de desaparición forzada sobre el caso Ayotzinapa “está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes”.
Por lo que aclararon que lo dictaminado por la jueza del Estado de México significa que deben seguir el proceso, pero en libertad.
Sobre este tema, argumentaron que esta decisión se debió a que existe una jurisprudencia que señala que la prisión preventiva oficiosa es «inconvencional», además de evidenciar que a lo largo del proceso en el que los militares impugnaron la prisión preventiva los representantes de la FGR no se inconformaron.
“Ante ese recurso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concluyó que el fiscal ya había dispuesto de la oportunidad para justificar la necesidad de la prisión preventiva…y que, por eso, lo correcto era que ya sólo la jueza del proceso decidiera cuál medida imponer; es decir, sin abrir nuevo debate”, señaló la JUFED.
No obstante a lo anterior, se dijo que esta resolución de la jueza Duarte Cedillo no es definitiva, ya que la FGR y las víctimas aún disponen del recurso de apelación contra esa decisión, en la que pueden demostrar que sí justificaron la necesidad de la prisión preventiva.
Y en caso de que esa apelación resultará adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo con el mismo propósito.
Por lo anterior, las y los jueces y magistrados aseguraron que todas sus actuaciones no otorgan una ventaja indebida a los 8 militares, pues se realizan con apego a la constitución, tratados internacionales y resoluciones de la Corte interamericana de Derechos Humanos.
El Economista
