JUEZ GARANTE DE LOS INTERESES DE LA FISCALÍA ESTATAL

Alfonso Carlos Ontiveros Salas

Desagradable sorpresa la del Juez de Control Adán Alberto Salazar de negarse a diferir la audiencia inicial en el conflicto Estado-UAS.

Ayer once de octubre estaba registrada para celebrar una nueva audiencia en la que estaría el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Madueña Moliina, el exrector Guerra Liera y los integrantes del Comité de Adquisiciones de dicha Institución, la defensa enfrentaba un nuevo reto para evitar que la mafia del poder estatal dictara un nuevo auto de vinculación a proceso a los señalados como responsables en la comisión de delitos cometidos por servidores públicos.

La defensa enfrentó un desafío en la protección de los derechos de cada uno de los imputados, la fiscalía estatal mañosamente entregó el día anterior un legajo complementario de documentos que formaban parte de la carpeta de investigación motivo de dicha audiencia y los Abogados con debida razón solicitaron al Juez la reprogramación de la audiencia porque no había condiciones de celebrarla ya que era necesario imponerse del contenido de esos nuevos documentos y poder defender adecuadamente los derechos de los imputados.

El Juez aberrantemente determinó que había condiciones para celebrar la audiencia y la reacción de los Abogados fue inmediata y le interpusieron un recurso de revocación mismo que fue desechado por el propio Juez. La consigna era clara, desechar toda argumentación legal de los Abogados y vincular a proceso a los imputados.

El derecho a la defensa técnica adecuada es un derecho fundamental sustentado en la constitución federal y en tratados internacionales. No es una potestad de los jueces otorgar o no ese derecho, por el contrario, el código nacional de procedimientos penales establece como deberes de los jueces garantizar el derecho que les asista a cada una de las partes en el proceso.

El complot era claro, el Juez dejó perplejos no solo a los Abogados de la defensa sino a los propios imputados ya que el propio Juez abierta y descaradamente protegió los intereses de la fiscalía estatal atropellando derechos humanos, al debido proceso, a la defensa técnica adecuada y el acceso a la justicia de los imputados.

Los Abogados ante la imposibilidad de evitar la celebración de la audiencia se recurrió a la renuncia de la defensa con la previa información a los imputados del porqué se estaba recurriendo a esa medida de no continuar defendiéndolos.

No era por incapacidad profesional sino la grotesca determinación del Juez de no permitir el tiempo razonable para saber de que se trataban los nuevos datos de prueba que la fiscalía entregaba horas antes de la audiencia. Más de 4 mil documentos.

Los imputados ante la falta de su defensa tenían la oportunidad de que se les designara un defensor público o nombrar a un nuevo defensor particular. Los imputados recurrieron al derecho de nombrar un defensor particular porque rechazaron la asesoría del defensor público y para ello la ley les concedía un término de tres días para cumplir con ese derecho constitucional.

Fue de esa manera como el Juez se vio obligado a diferir la audiencia y señalar nueva fecha para llevarla a cabo. Eso pone de manifiesto una vez más el interés del gobierno de afectar los derechos de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa por haberse atrevido el Rector Madueña Molina de rechazar la Ley de Educación Superior de Sinaloa ese aborto legislativo violatorio de la autonomía universitaria.

Cuanta torpeza se sigue cometiendo en la persecución política desatada por ese motivo, en la que el gobierno del Estado utiliza descarada y arbitrariamente las instituciones para afectar derechos de los imputados y los de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La defensa continuará, los derechos de los imputados serán protegidos hasta el final para demostrar esa incalificable e ilegal persecución política en su contra. Es el propio Estado a través de la fiscalía estatal y el Juez de consigna Salazar Gastélum los causantes de esa ignominia.

Mientras el gobierno descalifica burdamente a los promotores del crecimiento académico de la UAS. La Universidad de Buelna, obtiene reconocimientos nacionales e internacionales a su trabajo profesional y de resultados en la academia y en la investigación, un logro de su comunidad universitaria. Con el apoyo de los Padres de Familia la Casa Rosalina le seguirá cumpliendo a los sinaloenses.

La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.

¿Usted qué opina?

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