LA HISTORIA SE ESCRIBE CON VERDADES Y NO CON FALSEDADES
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La narración de los hechos parte de la expedición de la Ley General de Educación Superior el pasado 20 de abril del 2021 y en ella con toda precisión se estableció el respeto a la autonomía de las universidades públicas de educación superior autónomas por ley.
El legislador federal fue cuidadoso y respetuoso desde el momento en que se decidió expedir un cuerpo normativo que estableciera un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior pero basado en el respeto al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa.
Las bases para despegar un sistema educativo nacional basado en esos principios era cuestión de que las entidades federativas se apegaran a esa finalidad y procedieran a expedir sus propias leyes de educación superior acatando en todos sus términos ese mandato superior.
Sinaloa, celebró diversas reuniones en mesas de dialogo, directo, franco y respetuoso, con la presencia y participación de todos los actores que representaban las diversas comunidades educativas entre ellas las de las universidades autónomas por ley.
Surgieron los acuerdos y sobre esas bases se definió la estructura integral de lo que sería la iniciativa de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Dicha iniciativa, hacía suyos los principios derivados de la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la autonomía de las universidades públicas autónomas por ley.
Era cuestión de que el Congreso del Estado de Sinaloa cumpliera con el proceso legislativo para que la Ley de Educación Superior surgiera para establecer en Sinaloa un conjunto de disposiciones que establecerían un sistema educativo estatal congruente y funcional, pero con respeto irrestricto a la autonomía universitaria.
La Ley General de Educación Superior, estableció que ningún acto legislativo podría contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional y que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de las universidades autónomas por ley, debería contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a sus órganos de gobierno competentes y que debería contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado o sea sus Consejos Universitarios.
Extrañamente, no obstante que la iniciativa de Ley de Educación Superior para Sinaloa había sido consensada por las diversas representaciones educativas en las mesas de dialogo, el contenido de la misma fue unilateral y perversamente modificado por la autoridad legislativa estatal en la que arbitrariamente se asumió llevar a cabo la mencionada consulta a la comunidad universitaria en evidente y abusiva violación a la autonomía universitaria rebasando los límites impuestos por la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa aprobada por las representaciones educativas en las mesas de dialogo, fue aprobada en una sola asamblea legislativa, sin permitir que las fracciones parlamentarias contrarias a esa aprobación se manifestaran en contra de ese proceder legislativo absurdo y arbitrario. Fue así como el decreto de aprobación en el Congreso del Estado pasó al Ejecutivo Estatal mismo que sin recato alguno procedió a promulgarla y ordenando su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa con fecha 28 de febrero del 2023.
La Ley, lo sabía el Gobernador del Estado, nacía muerta y muerta se quedaría, porque no vería ninguna aplicación en el seno de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La única Universidad que tuvo la determinación de oponerse a ese autoritarismo gubernamental. Se iniciaba la cruzada para la defensa de la autonomía universitaria.
Se promovieron los amparos que demandaban declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley, causando la irritación gubernamental. El coraje desbocado se desfiguró con la orden de soltar la jauría estatal como la Auditoría Superior del Estado, el Sistema de Administración Tributario, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y la propia Fiscalía Estatal.
Abren carpetas de investigación, se judicializan, vinculan a proceso al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras autoridades universitarias, lo remueven del puesto y siguen con la amenaza de continuar imponiendo nuevas sanciones penales a pesar de que las mismas están siendo anuladas por las autoridades de amparo.
Finalmente, el pasado once de este mes de enero, la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior de Sinaloa fue declarada inconstitucional por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. lo sabe la autoridad estatal que no habrá argumento jurídico alguno que revierta el sentido de esa sentencia.
La sentencia de inconstitucionalidad le manda un claro mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, de la persecución política que desató el gobierno del Estado en contra del Rector y otras autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el categórico rechazo a una ley absurda y arbitraria y violatoria de la autonomía universitaria. Hoy habrá una nueva comparecencia en el juzgado a propósito de esa campaña sucia y perversa emprendida por el gobierno del estado contra la UAS y sus autoridades ¿no será persecución política?
Lo aconsejable política y jurídicamente, es la de desistirse de todos los procesos penales seguidos en contra del Dr. Jesús Madueña Molina, Robespierre Lizárraga Otero y otras autoridades universitarias, para que se puedan sentar las bases para una posible armonización institucional entre la Casa Rosalina y el gobierno del Estado. Sinaloa lo agradecerá.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
