LA INSEGURIDAD PÚBLICA MALOLIENTE Y PUTREFACTA
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Combatir la inseguridad ciudadana ha sido una simulación gubernamental histórica.
El gobierno se ha desentendido de cumplir con un compromiso social impuesto por la Constitución habida cuenta que es el garante de velar por la seguridad ciudadana. Una asignatura infringida porque no ha habido voluntad política para cumplirla.
Muchos años de gobierno basado en principios democráticos y cuya voluntad soberana del pueblo ha sido la encargada de investir a sus gobernantes para darle al País y a sus gobernados paz y tranquilidad. Una misión que no han querido cumplir.
Muchos ejercicios de gobierno para dotar de corporaciones de policía con preparación adecuada y profesionalmente aptas para combatir la inseguridad en cualquiera de sus manifestaciones, pero ha prevalecido en el nombramiento de los mandos superiores el amiguismo, el compadrazgo y el recomendado por la delincuencia organizada cómplice de muchos gobernantes. La sociedad ha sido testigo de ese cinismo gubernamental.
Lejos de fomentar la transparencia y el profesionalismo en las actuaciones policiales, gradualmente se han venido descomponiendo para llegar a convertirse en instituciones protectoras de delincuentes y solapando conductas criminales.
El problema no está en las corporaciones policiales, el maleficio está en los mandos políticos del gobierno federal, estatal y municipal, porque no se han decidido a formar instituciones policiales civiles que inspiren respeto y confianza en la ciudadanía.
Si volteamos a revisar el pasado policial encontraríamos muchos nombramientos de mandos policiales que han sido una vergüenza nacional, como el de Arturo Durazo Moreno (a) “El Negro Durazo” o Genaro García Luna, y muchos otros, quienes en su paso por las policías de México dejaron una huella indigna y deshonor.
El desgano gubernamental ha sido muy evidente. Los compromisos políticos que compran en cada campaña electoral lo tratan de ocultar con un falso discurso de combatir la delincuencia y la inseguridad, pero en los hechos la realidad es otra.
Las áreas de inteligencia se encuentran cooptadas. Es inadmisible que no tengan la información de quienes arriban a dirigir una corporación policial para evitar, en lo posible, que personas sin ninguna moral, lleguen a ser nombrados en esos puestos desde los cuales se proporciona protección a la delincuencia. Un gobierno que ha sido actor en ese proceso de pudrición y desconfianza.
Combatir ese sistema de corrupción que se solapado se arraigue en las corporaciones de policía, no ha sido ni es prioridad del gobierno. Militarizar la seguridad pública, es una especie de máscara con la que tratan de ocultar que ahora si combate a la delincuencia, pero las cosas permanecen igual o peor.
El discurso perverso de denostación a la policía civil al calificarla de corrupta y exaltando la honradez militar, ha sido la estrategia del gobierno para rehuirle a la obligación de sanear las corporaciones de policía y fortalecerlas. Al País se le baña de sangre por una delincuencia que no es perseguida ni castigada. La impunidad sigue cabalgando sin freno ¿Qué ocurre con una sociedad que no despierta? ¿prefiere los abrazos y no los balazos?
La fiera criminal, quiere cerrar la pinza degolladora, ahora, el gobierno quiere una Suprema Corte de Justicia a modo, propone nombrar que los Ministros, Magistrados y Jueces por voto popular, quizá a sugerencia de una delincuencia organizada que se frota las manos para que sus esbirros sean juzgados por sus recomendados. ¡Cuidado! ¿Los Colegios de Profesionistas y las organizaciones empresariales y sociales tienen temor a pronunciarse?
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
