La trampa del bajo crecimiento
Mario Luis Fuentes.
La Cepal publicó su nueva edición del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024; en él, ofrece un análisis exhaustivo sobre las perspectivas de crecimiento para México y los desafíos económicos que enfrenta en el corto y mediano plazo. Los datos del informe no dan lugar para el optimismo, pues implican severas restricciones a la capacidad de tomar decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el documento citado, el crecimiento de la economía mexicana está proyectado a mantenerse en niveles moderados en 2024 y 2025, en línea con la tendencia regional de bajo crecimiento que se ha observado en los últimos años. En efecto, se destaca que la economía mundial crecerá a un ritmo del 3.2% en 2024, mientras que América Latina y el Caribe continuarán con una trayectoria de bajo crecimiento, lo que impide pensar en la generación de mucho mejores condiciones de vida para las y los habitantes de esta región del planeta, la cual sigue siendo considerada como la más desigual.
Para México, un desafío clave será mantener un crecimiento estable en un contexto global incierto, donde factores como las tensiones geopolíticas y las medidas proteccionistas por parte de los principales socios comerciales, especialmente Estados Unidos y China, pueden tener efectos adversos en el comercio internacional y en las cadenas de suministro globales. Desde esa perspectiva, la política económica del nuevo gobierno deberá enfocarse en reforzar la resiliencia de la economía mexicana ante estos posibles impactos, pero sobre todo, para generar condiciones que aseguren crecimiento sostenible y sostenido, con criterios justos de distribución de la riqueza.
La Cepal alerta que uno de los retos más importantes para nuestro país será impulsar la inversión productiva y mejorar la productividad laboral. En el contexto regional, la Cepal identifica un estancamiento en la productividad desde 1980, lo que se ha traducido en bajos niveles de crecimiento del PIB per cápita. Para contrarrestar esto, México deberá implementar políticas que fomenten la inversión en sectores de alto valor agregado, así como en infraestructura y tecnología. Pero ello requiere al mismo tiempo de una nueva lógica de inversión en ciencia y tecnología, así como en la generación de conocimiento en todas las áreas del saber.
Por otro lado, el organismo de la ONU señala también que la alta tasa de informalidad laboral es otro de los desafíos que deben enfrentarse y resolverse en el corto plazo. Nuestra región, y particularmente en México, el crecimiento del empleo informal ha superado al formal en la última década, afectando principalmente a mujeres, jóvenes y trabajadores de sectores de baja productividad. Por ello es necesario que el gobierno de la doctora Sheinbaum construya una nueva batería de políticas públicas que favorezcan la formalización del empleo y mejoren la protección social para los trabajadores informales, lo cual debería partir incluso de una reflexión profunda sobre qué significa y cómo puede definirse la informalidad en los complejos contextos socioeconómicos en que vivimos.
Otra de las agendas que impone importantes restricciones a las decisiones gubernamentales, y que, de hecho, ya desde el primer día de la nueva administración le ha impuesto retos muy importantes, se encuentra en la vulnerabilidad de México ante los efectos del cambio climático y el calentamiento global. En esa lógica, el estudio citado señala que, sin políticas adecuadas de adaptación, el impacto del cambio climático puede reducir significativamente el crecimiento económico y la creación de empleo. El nuevo gobierno deberá priorizar estrategias de mitigación y adaptación que sean coherentes con las políticas de desarrollo productivo y empleo, y todo ello en el marco de lo que la UNAM ha venido proponiendo desde hace al menos dos décadas a través del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.
La Cepal alerta adicionalmente que la economía mexicana estará expuesta a las condiciones financieras internacionales, particularmente a las políticas monetarias de Estados Unidos y de Europa. Aunque se espera una moderación en las tasas de interés a nivel global, los costos de financiamiento para las economías emergentes seguirán siendo elevados, lo que limitará la capacidad de México para acceder a crédito internacional y expandir su espacio fiscal.
El panorama que se percibe es, sin duda alguna, incierto. Y ello obliga a pensar en la responsabilidad que tiene el nuevo gobierno de imaginar una nueva forma de crecer para igualar, guiado por un indeclinable compromiso con el medio ambiente. Deberá equilibrarse el conjunto de políticas de asistencia social que se articulan a través de las transferencias monetarias, con otras de desarrollo local y regional, que deben abatir marginación, rezago, infraestructuras insuficientes, ineficientes y envejecidas, y al mismo tiempo, disponibilidad de servicios clave para el bienestar, como la gobernanza y gestión del agua y la recolección y disposición final de residuos sólidos.
Incrementar la productividad implica reducir el rezago educativo; y hacerlo en magnitudes sin precedentes; y al mismo tiempo, incrementar las tasas de matriculación para lograr coberturas cercanas a la universalidad, a fin de cerrar las brechas que existen en esa materia, sobre todo entre las poblaciones urbanas y las rurales, y entre las localidades urbanas y los pueblos indígenas.
No debe olvidarse que México es un país de varias epidemias; y que una de las causas incapacitantes, aun de forma temporal, en el ámbito del trabajo, es la depresión. La cual se asocia con otros temas como las adicciones y, en general, la vasta y compleja agenda de la salud mental.
Se argumenta todo esto porque la política social, por primera vez en muchas décadas, debería ser el faro y la guía de la política económica. El objetivo de crecer más no puede ser otro sino garantizar plenamente los derechos humanos y con ello, la generación de condiciones generalizadas de bienestar social, entendido como el acceso al mínimo vital, noción que responde a amplios estándares de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Un gobierno así solo puede ser construido sobre la base de la redefinición del pacto social; y eso implica un intenso y amplio trabajo de concertación y diálogo, sobre todo con aquellos que no comparten la visión del gobierno, a fin de convocar y movilizar a toda la nación en un mismo sentido: la búsqueda y la generación de bienestar universal.
Investigador del PUED-UNAM
