LEGALIDAD FLAGELADA EN SINALOA
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Dos actuaciones por consigna en la semana. Poder Judicial y Fiscalía de Sinaloa, los actores siniestros en la persecución política contra el Dr. Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero.
El Juez de Control en una audiencia pública para revisión de medidas cautelares contra dichos trabajadores universitarios, quedó exhibido por su soberbia y la rudeza conque se condujo en el desarrollo de la misma y la ilegalidad flotaba se sentía en el recinto judicial. El interés no era otro que separar del cargo al Dr. Robespierre Lizárraga Otero como encargado del Despacho de Rectoría, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El libreto preparado por la Fiscalía, porque fue quien solicitó la revisión de medidas cautelares en complicidad con el Poder Judicial, les falló en el desarrollo de la película. La obra de la deshonra fue deshecha por la hombría de bien de un defensor público que se apegó con firmeza al protocolo del deber y de su responsabilidad profesional. Se negó cumplir la orden de celebrar la audiencia y su postura encomiable cuando le dijo al Juez que no estaba en condiciones de defender al imputado, ahí presente, porque no conocía los antecedentes del proceso.
El rostro del Juez y el de los Fiscales se les desfiguró. No esperaron nunca esa respuesta. Un servidor público que tuvo el valor de rechazar prestarse a los intereses políticos de sus superiores. Molestos y no conformes con lo que sucedía, ordenaron traer a otros tres defensores públicos pero el cuete se les cebó porque también dijeron que no estaban en condiciones de ejercer la defensa. La audiencia se tuvo que reprogramar. La ira se dibujaba en el rostro del Juez y los Fiscales.
La ilegalidad en la actuación de Fiscales y Jueces sigue siendo el común denominador. En la audiencia de ayer, de nuevo la embestida. los Fiscales, se opusieron que el Juez reprogramada la audiencia inicial para formulación de imputación en contra del Dr. Jesús Madueña Molina y los miembros del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por un supuesto ejercicio indebido del servicio público en la contratación de servicios de mantenimiento y rehabilitación de buena parte de las instalaciones universitarias para el regreso a clases después de la pandemia. Había un motivo legal para diferirla, la enfermedad del defensor del Dr. Madueña Molina, que tuvo que concurrir enfermo a la Sala judicial para dar certeza de su enfermedad por la amenaza a los médicos de no extender incapacidades a la defensa universitaria y a los trabajadores sujetos a proceso ligados a dicha Casa de Estudios.
El proceso es tan ilegal como la actuación de las autoridades. Los motivos que sustentan esa burda acción gubernamental ya fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación por ser la autoridad competente para auditar la realización del gasto con recursos provenientes de la federación. Las autoridades son incompetentes para realizar este escenario teatral, pero es parte de la persecución política desatada en contra de las autoridades universitarias. La ASF ya expidió el dictamen respectivo a la UAS y dio por concluida la auditoría del 2021.
¿Cuál es la razón de abrir y judicializar una carpeta de investigación si la Fiscalía estatal y el Juez de Control son incompetentes? La comunidad universitaria y la sociedad de Sinaloa deben estar informados de la evidente persecución política del gobierno del Estado en contra del Rector Madueña Molina y otras autoridades rosalinas.
Son procesos que indignan, pero sobre todo que ocasionan náuseas y vómitos por la forma tan vil en que se utilizan recursos e instituciones del Estado para dañar a trabajadores que su único comportamiento fue negarse a aceptar la Ley de Educación Superior de Sinaloa.
El odio gubernamental es evidente porque al parecer ya fueron judicializadas otras dos carpetas de investigación ante los nulos resultados que obtuvieron en la consigna de remover del cargo al Dr. Robespierre Lizárraga Otero.
De llegarse a dar esa otra remoción por la defensa a la autonomía universitaria, el enojo de la comunidad universitaria podría ocasionar lanzarse a la toma del palacio de gobierno hasta que se obtenga la separación del cargo del gobernador. No debe descartarse esa posibilidad. La provocación sistemática ha venido alimentando ese enojo. Cuidado pues.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
