Ley de ciencia anticipa disensos; se confrontan dos visiones
La iniciativa federal plantea excluir a universidades privadas de beneficios del Sistema Nacional de Investigadores y reduce los requisitos para acceder a una beca
Con la ventaja numérica de Morena en el Poder Legislativo para imponer su visión, pero sin contar con el apoyo de la comunidad académica, el Congreso de la Unión comienza la construcción de la ley de ciencia, tecnología e innovación que desde ahora anticipa disensos sobre becas, propiedad intelectual, estímulos, centros públicos de investigación e inclusión plena del sector privado.
El miércoles 23 de marzo, el Senado, la Cámara de Diputados, la UNAM y el IPN anunciaron el inicio de la discusión sobre el marco jurídico que tendrán las tareas de construcción de nuevo conocimiento en México, que ya tiene al menos tres propuestas de la oposición, una de ellas emanada de la comunidad científica nacional y presentada en el Senado por Movimiento Ciudadano, y aunque el PRI y el PAN ya tienen propuestas, en Cámara de Diputados el extitular del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, coordina la elaboración de una nueva iniciativa que presentarán PAN, PRI y PRD, respaldada por la comunidad académica.
Frente al anuncio institucional de que el Poder Legislativo y las instituciones de educación superior (IES) van por la construcción de la nueva ley, este fin de semana el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una segunda versión de la iniciativa que presentará el Ejecutivo federal, con el propósito que sea el cimiento del futuro de la ciencia en México.
La revisión de las propuestas que han presentado panistas, priistas y emecistas en el Poder Legislativo, comparada con la nueva propuesta que impulsa Conacyt, deja ver que tienen puntos en común: considerar a la ciencia, la tecnología y la innovación como un derecho humano; reconocer la necesidad de evaluar de manera sistemática el avance de las investigaciones que financia el Estado; hacer realidad efectiva la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
También el acceso abierto a la información que se genera en las investigaciones y mejorar sustancialmente la conexión de los problemas que enfrenta el país y las soluciones que puede dar la investigación académica; así como el compromiso inquebrantable del Estado a financiar las labores científicas y tecnológicas, a fin de que México deje de depender de las innovaciones internacionales y genere sus propias contribuciones al conocimiento mundial desde los laboratorios y centros de investigación.
Además, coinciden en la desaparición de nombre del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, pero no en la anulación de su concepto como entre de diálogo permanente de todos los involucrados en el sector científico para coordinar las necesidades de los sectores con los trabajos de ciencia, tecnología e innovación.
Sin embargo, la visión de los responsables del trabajo científico nacional y los legisladores es diferente a la que muestra el Conacyt en diferentes aspectos, incluidos los que generarán mayor controversia, porque anula conquistas históricas del sector científico, las fundaciones, asociaciones y académicas que incidan en la política pública, la desaparición de instancias colegiadas que garanticen el financiamiento a las tareas científicas y la libertad absoluta a los centros públicos de investigación en el país.
Conacyt y la visión popular de la academia
Sin mencionar a los colegios, a las asociaciones y a las agrupaciones de académicos que hasta ahora reciben dinero del Estado para realizar su trabajo, como la Academia Mexicana de Ciencias, la nueva versión de la iniciativa que impulsa de manera oficial del Conacyt anula la propiedad industrial y los derechos de autor de los académicos sobre los productos de sus investigaciones.
De igual forma, excluye a los académicos de las universidades privadas del derecho a las becas; introduce el concepto de estímulos y exenciones fiscales para el sector privado que apueste por la ciencia mexicana, aunque ya están prohibidos en México; anula a las instituciones educativas como medios para entregar las becas del Sistema Nacional de Investigadores y becas de posgrado a la comunidad académica, pues impone la visión de la entrega directa de los recursos y deja en situación de vulnerabilidad a los centros públicos de investigación.
“Los derechos de autor y propiedad industrial sobre las obras e invenciones derivados de procesos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación financiados con recursos públicos, a través del Consejo Nacional deberán redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México
“(…) por tratarse de obras de interés para el patrimonio cultural nacional, el Consejo Nacional será el titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades y proyectos que financie, salvo pacto en contrario y sin perjuicio de los derechos morales implicados”, dice el artículo 36 de la ley que propone Conacyt.
Respecto de las becas, dice que “en la selección de personas beneficiarias se dará preferencia a estudiantes de universidades, instituciones de educación superior y centro de investigación nacionales del sector público, en particular a quienes cursen posgrado de maestría o doctorado en ciencias y humanidades, incluidas las disciplinas creativas, orientados a la investigación o docencia, así como posgrados en ciencias sociales relacionados con áreas o temas de atención estratégica o prioritaria y de interés público nacional o de atención indispensable en la Agenda Nacional.
“En todo caso, la asignación de becas y apoyos similares, así como la ministración de los recursos correspondientes se harán directamente a las personas estudiantes sin la intermediación de coordinaciones, asociaciones, fundaciones o instituciones académicas o de la sociedad civil de ningún tipo”, dice.
Además de excluir a los académicos de las universidades privadas del beneficio de becas de posgrado, la propuesta de Conacyt es excluirlos también del beneficio del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
“El Consejo Nacional podrá otorgar apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras reconocidas en el marco del Sistema Nacional de Investigadores, siempre y cuando estén adscritos a universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público”, dice, pero añade que se pedirá que las universidades privadas entreguen un estímulo similar a sus investigadores; es decir, un sistema SNI paralelo, correspondiente al sector privado.
Reduce los requisitos para pertenecer al SIN, por lo que dice que sólo se establecerán los “requisitos mínimos indispensables” y se procurará “que la canalización de recursos se realice directamente a los beneficiarios, sin intermediación de instituciones u organizaciones de ningún tipo”.
Y en cuanto a los Centros Públicos, que reconoce como pieza fundamental en el sistema, introduce la modalidad legal para desaparecerlos.
“Los Centros Públicos dejarán de ser considerados como tales en los siguientes supuestos: por la determinación de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional en los siguientes casos: cuando, en los hechos, realicen de manera preponderante actividades que no sean de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico o innovación.
“Por la solicitud que realicen a la dependencia coordinadora del sector y a Consejo Nacional, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, a partir de los resultados de las revisiones, auditorías y evaluaciones que practiquen conforme a las disposiciones legales aplicables.
“Por la solicitud que realice la dependencia coordinadora del sector al Consejo Nacional y como consecuencia de las evaluaciones correspondientes que se realicen conforme a esta Ley, lo cual notificará al Centro Público de que se trate” y también podrá desaparecer “por votación unánime” de su propia comunidad”.
La visión de los académicos
Construida con la visión de las comunidades académicas de diferentes partes del país, a partir de la coordinación existente de los propios académicos, la propuesta de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector científico fue presentará el 8 de abril del 2021 en el Senado, por el entonces senador José Alberto Galarza Villaseñor.
La propuesta mantiene los criterios de calidad en la preparación de los académicos y en sus trabajos para otorgar los estímulos del Sistema Nacional de Investigaciones; mantiene la inclusión de los académicos del sector privado tanto para este Sistema como para la entrega de becas de posgrado, sin distinguir que sean de las áreas sociales o de las ciencias exactas.
De igual forma, mantiene el respeto absoluto a la propiedad industrial y los derechos de autor de los académicos sobre los trabajos de investigación que realizan, aunque ello no implica en su propuesta que el Estado no pueda obtener beneficios de esas innovaciones que se hicieron con el apoyo de dinero público.
En esta propuesta existe un reconocimiento total a las agrupaciones, asociaciones y fundaciones que han integrado los propios académicos para organizarse y fomentar sus propias tareas, que hasta el momento reciben por ley recursos del Conacyt.
Son parámetros que mantienen las propuestas de los panistas y del sector priista encabezado por Jorge Carlos Ramírez Marín.
El futuro de la ciencia
Pero el diseño de la ley de ciencia que aplicará en México tendrá que salir con el aval de las instituciones educativas que generan nuevo conocimiento en México.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la principal generadora de investigaciones; sus académicos conforman gran parte del Sistema Nacional de Investigadores y sus estudiantes también integran los padrones de beneficiarios de becas en posgrado.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene el Cinvestav, que es uno de los centros de investigación más importantes de México, con programas certificados nacional e internacionalmente desde la última década del siglo pasado y sus integrantes son sin duda líderes en las comunidades científicas.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también es parte del sector universitario que genera conocimiento de frontera y cada vez son más las universidades estatales y privadas que apuestan por la investigación a corto, mediano y largo plazos.
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
Excelsior
