Los abismos de la reforma judicial
JULIÁN ANDRADE.
La próxima presidenta de la República, ya debe tener diagnósticos sobre todo lo que estará en juego, los mensajes que se mandarán a la comunidad internacional y el daño que causará el terminar, de un plumazo, con la estabilidad que requieren los jueces para actuar con independencia
Se toparon con la realidad. El solo anuncio de que las iniciativas para reformar al Poder Judicial se aprobarían en septiembre, significaron una devaluación del peso contra el dólar.
Es apenas un aviso de las consecuencias que puede traer consigo un cambio de grandes dimensiones y que implicará múltiples retos logísticos además de los que atañen al estado de derecho mismo.
Esta situación mostró, al menos en apariencia, una primera diferencia del equipo de la triunfadora de la elección, Claudia Sheinbaum, donde sugirieron que serían cautos en los pasos a seguir, frente a la urgencia que mostró el presidente López Obrador para que las iniciativas sean aprobadas antes de que termine su mandato el último día de septiembre.
Pronto tendremos una idea de que tan terso será el traspaso del poder. La disyuntiva es velocidad o prudencia.
La próxima presidenta de la República, ya debe tener diagnósticos sobre todo lo que estará en juego, los mensajes que se mandarán a la comunidad internacional y el daño que causará el terminar, de un plumazo, con la estabilidad que requieren los jueces para actuar con independencia.
Es más, no hay que descartar que una de las marcas del próximo gobierno sea la de tener que lidiar con problemas adicionales a los que provienen de rangos de impunidad del 95%. Es un dilema, por supuesto.
La mayoría de la población votó por una serie de propuestas entre las que está la Judicial, no hay engaño alguno en ello, pero tampoco en que consumar la propuesta será un retroceso en términos de división de poderes y de calidad de la democracia.
Todo dependerá de cómo se resuelva el tema de la sobrerrepresentación el TEPJF, pero lo realista es asumir que sí ocurrirá, aunque esté en duda el tiempo y la magnitud de la próxima reforma a la Constitución.
La elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces genera inquietudes, sobre todo en lo que respecta a si esa es la mejor forma de garantizar una adecuada administración de justicia.
Recordemos que la implementación del sistema de justicia con su carácter oral, adversarial y garantista se demoró una década en ser puesto en marcha, porque requería de profesionalizaciones específicas y en toda la cadena de autoridades en la investigación y el proceso y el castigo de los hechos delictivos.
Por lo pronto, en el esquema propuesto para la próxima integración de nueve ministros de la Suprema Corte, se advierte que imperarán los personajes que provienen del grupo en el poder.
Esto es así, porque el Poder Ejecutivo propondrá a 10 personas, el Senado a cinco, los diputados a un número igual, por mayoría calificada, y el Poder Judicial a 10 candidaturas aprobadas al menos por seis integrantes del Pleno de ls Suprema Corte.
Y de ahí, en las urnas, se definirá a nueve ministros.
A ello hay que sumar la elección respectiva de los magistrados del Tribunal Electoral, de los que integrarán el de disciplina judicial y en los 32 circuitos judiciales.
¿Quiénes serán los candidatos? ¿Serán personajes con conocimientos jurídicos adecuados? ¿Perfiles técnicos o políticos?
En esto no hay una respuesta obvia, pero ya hemos visto como se fueron relajando las exigencias para poder integrarse al Pleno de la Corte.
Es triste, porque rompe con el servicio profesional, menosprecia al mérito y desvaloriza a los miles de funcionarios judiciales, la absoluta mayoría de ellos honestos y estudiosos.
Con esa pisca de maldad que caracteriza a algunas de las propuestas de Palacio Nacional, los ministros que cesarán de funciones no tendrán derecho a pensión de retiro, algo a todas luces ilegal y sujeto a litigo, aunque probablemente ya no existan tribunales independientes para quejarse.
Pero quizá la más grave y cuyas consecuencias serán de largo aliento, por lo que significarán en términos prácticos, recaerán en los ciudadanos, que se toparán con jueces con poco ánimo para proteger a las minorías.
Es curioso, debido al respaldo popular, la decisión está en manos de la doctora Sheinbaum, con todo lo que implica.
Solo ella puede darle un rumbo distinto a lo que será un error catastrófico y de alguna forma inconveniente, ya que el control de la Suprema Corte lo tendrá, de todas formas, a penas termine noviembre.
Ojalá se acerque a los ministros y dialogue, porque seguramente encontrará elementos para ponderar sobre un aspecto en el que se juega el futuro mismo del país.
El Independiente
