Mejorar la infraestructura, transparencia y gobernanza educativa: los retos del próximo gobierno, señalan especialistas
Eréndira Aquino
De cada 100 niños y niñas que consiguen entrar al sistema educativo en México, sólo 28 consiguen egresar de la educación superior, lo que refleja que desde los primeros años de vida el acceso a este derecho es desigual, dependiendo de factores como el lugar y condición social de las personas.
De acuerdo con el informe Aprender parejo: hacia la construcción de una agenda educativa 2024-2030, este panorama muestra la necesidad de cambios que involucren a actores de todos los niveles, ya que los retos en la materia superan las capacidades del Estado.
Por ello, el Tecnológico de Monterrey y la asociación México Evalúa presentaron recomendaciones en materia de presupuesto, transparencia y gobernanza para que estudiantes, padres de familia, docentes y especialistas cuenten con herramientas para mejorar las oportunidades educativas de calidad.
40% de escuelas públicas no tienen servicios
En materia de infraestructura educativa, el informe subrayó que, pese a que se han invertido más de 450 mil millones de pesos en los últimos 12 años, todavía existen carencias y brechas en las escuelas del país, ya que el 40 % de los planteles públicos de educación básica carecen de servicios esenciales como luz, agua potable y sanitarios independientes, situaciones que en el caso de instituciones particulares se presentan en el 8%.
“Se habla de que las cuotas escolares están prohibidas, pero en muchas escuelas públicas de nuestro país sirven para financiar el pago de agua, internet, reparaciones menores e insumos básicos. Lo anterior es un retrato de la insuficiencia presupuestal para garantizar el mantenimiento adecuado de los planteles para generar condiciones favorables para el aprendizaje”, subrayó el informe.
La brecha en infraestructura educativa es considerable, no sólo entre escuelas públicas y privadas, sino entre las propias escuelas públicas. Entre escuelas comunitarias e indígenas y escuelas generales, existen diferencias significativas en las condiciones de infraestructuras de los planteles.
Escuela pública en Guerrero. Foto: Cuartoscuro
Según los gastos identificables en Cuenta Pública, la prioridad de la inversión en infraestructura educativa ha sido la ampliación de la oferta educativa para la educación básica, seguida del mantenimiento de los planteles y del suministro de equipamiento educativo.
Aunque estos gastos pueden ayudar a ampliar la cantidad de niñas, niños y jóvenes que ingresan al sistema educativo, se han identificado muy pocas obras en infraestructura básica, como acciones para la provisión de electricidad y agua y construcción de sistemas de saneamiento y drenaje, lo que es especialmente grave para escuelas comunitarias e indígenas, que son aquellas que más carecen de infraestructura básica.
La Escuela es Nuestra: sin datos sobre inversión y posible uso electoral
En contraste con la inversión, el informe indicó que se carece de información consistente y confiable sobre el estado de las más de 200 mil escuelas que hay en el país, por lo que no se sabe cuáles se encuentran en condiciones óptimas y cuáles necesitan mejoras.
El documento destacó que se desconoce qué obras o proyectos financiaron 6 de cada 10 pesos que recibieron las entidades por parte de la federación, lo que muestra que se necesitan mejores diagnósticos y un monitoreo robusto como parte de la nueva política de infraestructura educativa, que beneficien a los planteles en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Sobre el Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN), el análisis señaló que no se cuenta con evidencia de que los 100 mil millones de pesos destinados a los Comités Escolares de Administración Participativa entre 2019 y 2024 hayan sido utilizados para la mejora de infraestructura básica.
Además, señaló que existen indicios “de un uso político-electoral del programa “ya que en 17 de las 23 entidades (Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Colima, Nuevo León, Nayarit, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Campeche, Estado de México y Coahuila), los subsidios del PLEEN aumentaron en un 55 % en el año de la elección, respecto del año previo a la elección”.
En el caso de 11 de las 21 entidades que presentaron información completa (Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Colima, Nuevo León, Nayarit, Guerrero), los subsidios del PLEEN disminuyeron en 46% posterior al año de la elección.
Por ello, el documento apuntó que “la inversión deberá considerar nuevas formas de financiamiento, y será importante acompañarlas de un sistema de reglas claras y rendición de cuentas.
Fortalecimiento de la Gobernanza
El informe indicó que para garantizar el acceso equitativo y el aprendizaje de los 35 millones de estudiantes en México “se necesita la colaboración de múltiples actores: desde las autoridades educativas federales y los gobiernos estatales, hasta las comunidades escolares, directivos, docentes, madres y padres de familia, el sector privado y la sociedad civil”.
Según las previsiones de los especialistas, en los próximos cinco años la población de 15 a 17 años disminuirá un 4.3 %, lo que supondrá casi 300 mil estudiantes menos en edad de estudiar la educación media superior, por lo que el documento consideró que “estamos en un momento clave para atender el acceso” a este derecho.
Esto implica la planeación de acciones puntuales a corto plazo, como el establecimiento de metas de cobertura y contenidos fundamentales de aprendizaje; el aseguramiento de recursos económicos y humanos, así como la articulación de un marco legal que permita el involucramiento activo de nuevos agentes en el proceso educativo.
“Garantizar que todas y todos aprendan parejo en México requiere de un esfuerzo conjunto y modelos de participación que promuevan la corresponsabilidad social en materia educativa, con una visión de futuro. En última instancia, la gobernanza educativa debe propiciar políticas dirigidas a que la educación sea un proceso inclusivo y participativo, que trascienda a los objetivos particulares de uno u otro gobierno, y se mantenga orientado hacia el desarrollo de las personas y la sociedad en su conjunto”, expuso el informe.
Las recomendaciones
En materia de infraestructura, ‘Aprender Parejo’ propuso la creación de un sistema de monitoreo para conocer las condiciones de las escuelas, mapear las necesidades para la elaboración de un diagnóstico y el fortalecimiento de los Comités Escolares de Administración Participativa, teniendo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como dependencia reguladora.
También recomendó planificar los programas de extensión de jornada con base en una propuesta pedagógica y en la capacidad de los planteles; incluir los teléfonos móviles en el proceso de enseñanza, y la priorización de acceso a internet.
En cuanto al fortalecimiento de la gobernanza, sugirió redefinir la responsabilidad compartida entre el gobierno federal y los estatales; consolidar la coordinación entre los distintos niveles educativos para establecer metas claras y compartidas; definir colaborativamente metas de cobertura y trayectorias deseables por entidad federativa, con ajustes al marco legal que impulsen un efectivo federalismo educativo.
Asimismo, recomendó instaurar un consejo federalista de discusión del presupuesto educativo; la creación de esquemas o ajustes de normatividad para que las autoridades federales y estatales impulsen las nuevas modalidades educativas; fortalecer la instancia de evaluación de política educativa; difundir oportunamente la estadística educativa, y promover una mayor participación y comprensión de la relevancia de la educación que involucre a distintos actores.
“En Aprender Parejo proponemos que la promoción de más y mejores aprendizajes sea el eje de las políticas educativas. Esto debe ser así sin importar si las políticas están dirigidas al fortalecimiento de la infraestructura, las actividades de enseñanza dentro y fuera de la escuela, la vinculación de la escuela y las actividades productivas o la gobernanza educativa. Si son otros los intereses los que guían la política educativa, se afecta el máximo logro de aprendizajes y se incrementan las desigualdades”.
“Una mejor respuesta de los distintos niveles de gobierno requiere de una sociedad más exigente y participativa, plenamente integrada al objetivo de potenciar las oportunidades educativas de calidad para niñas, niños, jóvenes y de todas las personas a lo largo de su vida. Esta agenda de políticas educativas busca contribuir con evidencia en el esfuerzo de multiplicar esfuerzos y, ahora sí, Aprender parejo”, concluyeron los especialistas.
