Mercenarios al servicio del gobierno. Un botín político ambicioso
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
El gobernador Rubén Rocha Moya tiene muchos frentes de conflicto abiertos que han puesto al pueblo de Sinaloa en el colapso total
La inseguridad erosiona el ambiente de paz y tranquilidad ante la ausencia de un gobierno que proteja la seguridad de los sinaloenses. Hay un desafío contra el gobierno de grupos criminales de la delincuencia organizada al extremo de retar sus capacidades para enfrentarlos.
Por muchos días, Culiacán es un campo de batalla, con un número considerable de víctimas, personas desaparecidas y daños materiales cuantiosos. La capacidad de respuesta del gobierno se ha puesto a prueba. No hay policía suficiente y lo saben de sobra los delincuentes. En situaciones de alto riesgo como las que se encuentra Sinaloa se tiene que echar mano de las fuerzas armadas acuarteladas en sus guarniciones militares.
La confianza ciudadana no es algo que le abone a las policías. El desprestigio se lo debemos al gobierno y no a los policías. Llevar a los mandos policiales a personas relacionadas con miembros de la delincuencia organizada, ha sido una de las causas de la descomposición policial. Los gobernantes en turno mucha culpa han tenido de llevar a esos puestos de dirección a personajes inconvenientes.
La guerra desatada entre facciones del Cártel de Sinaloa tiene su origen en los hechos ocurridos el 25 de julio pasado que arrastraron a la confrontación a grupos de conocidos liderazgos dentro del mismo, y que han puesto en jaque al gobierno y a las instituciones policiales y militares. La población es una víctima que nunca debió haber sido expuesta en el sunami provocado por esos hechos.
Un gobierno arrodillado por la delincuencia, por un lado, y por otro, los mercenarios al servicio del gobierno se aprestan a darle otro golpe al gobernador. Sus diputados llevaron a cabo un proceso legislativo ilegal para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y quieren tender esa cortina de humo, para distraer la atención social de lo que está padeciendo Sinaloa, y ven en la UAS un motivo favorable para distraer esa atención.
Pero no solo sería para ellos un motivo de distracción social ya que la ambición política de los diputados es capturar a la UAS como su preciado botín político. El objetivo que se trazaron desde que inició este gobierno.
Cuidado Gobernador con lo que le llevarán sus diputados porque podría ser un pez demasiado peligroso que lo podría indigestar. Hay detrás una sentencia de inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, y saben que no la pueden aplicar. También saben que ya cumplieron el mandato de Ley General de Educación Superior cuando expidieron la Ley local, solo que se pasaron de vivos porque no la armonizaron con la Ley General.
Saben que no pueden aplicar la Ley General de Educación Superior como lo están haciendo, porque aquí no se trata de darle una vueltecita a la Ley General para pretender darle validez a ese procedimiento ilegal. Cuidado gobernador, esos mercenarios del Congreso lo podrían perjudicar mucho más que el agarre entre los chapitos y los mayos porque pondrían en peligro la estabilidad de su puesto. Sólo sería cuestión de tempo.
Hay un procedimiento incidental de incumplimiento de suspensión definitiva, una sentencia firme que ampara y protege a la UAS contra la aplicación de la Ley de Educación Superior Estatal. Todo lo que se está haciendo es violatorio a la autonomía universitaria y al artículo 3°, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuidado pues.
