Ni tan falso el debate
Lo menos que puede decirse es que el contenido que el sector privado impugna es ambiguo.
¡Y sigue la mata dando! El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quiere apagar el fuego que prendió la Ley Barbosa, que armoniza el estatuto de Puebla con la Ley General de Educación (LGE), aprobada el 30 de septiembre del año pasado. Está bien, es parte de su trabajo tratar de calmar los ánimos.
Sin embargo, la historia no está con él. Argumenta que es un “falso debate”: porque “desde 1993, o sea imagínense, décadas, existe ya esa idea de lo que es un Sistema Educativo Nacional donde todos los esfuerzos son sumados como parte del sistema”. En un video del 27 de mayo asegura que lo mismo pasa en salud.
Y aquí está el inconveniente de demostración. Supongo que al apuntar a 1993 se refiere a la primera edición de la LGE. Pero hay una gran diferencia entre el texto original y el de 2019, que replica la ley de Puebla.
El artículo 10 de la de 1993 establece: “Constituyen el sistema educativo nacional… V.- Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios”.
En cambio, el artículo 99 de la LGE vigente, el 94 de la Ley Marco que la Secretaría de Educación Pública propuso a los estados en enero de 2020 (unos le llaman el machote) y el 105 de la ley poblana expresan: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por… los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo (Nacional) Estatal” (énfasis agregado).
Hay una diferencia cardinal entre constituir una pieza entre varias, a que los bienes formen parte de. Lo menos que puede decirse es que el contenido que el sector privado impugna es ambiguo. Cierto, no dice que los bienes sean propiedad del sistema de educación del Estado, pero abre la puerta a interpretaciones abusivas. Tampoco dice que expropia, pero se presta a utilizar el escrito como mecanismo de control. Por la forma de expresarse de los organismos que ven afectados sus intereses, eso parece desear el gobernador Barbosa.
La bronca con la “armonización” es que se vino en un momento en que la crítica al gobierno y a la SEP arrecia por el manejo de la pandemia. El tipo de respuestas del gobernador y del secretario indica que dejarán la responsabilidad al Poder Judicial, los amparaos saturarán a los juzgados y tal vez el asunto —otro más— llegue a la Suprema Corte.
Pero hay otra salida. El senador Ricardo Monreal se disgustó con la Ley Barbosa y apuntó que no encarnaba el espíritu del estatuto que el Congreso federal aprobó en septiembre, aunque la de Puebla sólo lo replica. Bien pudiera él presentar una leve reforma al artículo 99 de la LGE y enmendar la ambigüedad. Empero, soy escéptico.
CARLOS ORNELAS
EXCELSIOR
