PALACIO NACIONAL
- Las encuestas nacionales que no son nacionales
- Los nombres de los gabineteables que van y vienen
+Fertilizantes donados en venta para poder comer - Reformas en los Tribunales Estatales de Justicia
En el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum Pardo, transformado en oficina de análisis, seguimiento y logística, en el que se mueve con soltura Juan Manuel de la Fuente, líder del equipo de la transición gubernamental, descubrieron la poca resistencia social y política que encontró la escasa credibilidad de las tres encuestas pagadas por Morena para saber si el «pueblo” de México aceptaba o rechazaba la reforma al Poder Judicial.
Las encuestas que no son nacionales, pero que fueron presentadas así, fueron realizadas por Enkoll, la encuestadora propia de Morena y la empresa De las Heras, quienes entrevistaron a mil 200, mil 458 y mil 195 personas mayores de edad y con credencial vigente, respectivamente.
Con ese número de encuestados, en un México con una población mayor a los 120 millones de habitantes, se precisó que la “metodología” alcanzaba a medir el pensamiento de la gente, que, se dijo, en un 80 por ciento aprueba la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Increíble.
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Estos son los personajes que suenan para integrar el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum: Rogelio Ramírez de la O, que será ratificado en la Secretaría de Hacienda; Juan Ramón de la Fuente, sería el próximo secretario de Relaciones Exteriores; Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad Ciudadana; Rosaura Ruiz, sería secretaria de Educación, David Kershenobich, estaría al frente de la Secretaría de Salud. En la secretaría de Gobernación suena el nombre de Mario Delgado, líder de Morena, o Rosa Icela Rodríguez aunque también suena el de Martí Batres, Para Petróleos Mexicanos (Pemex) surgen al menos dos nombres: Raquel Buenrostro, actualmente titular de Economía, y Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas; Luz Elena González, sería la secretaria de Energía. Julio Berdegué se encamina a ser el próximo titular de Agricultura. Para el Instituto Nacional de Migración (INM) se plantea el nombre del actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Tatiana Clouthier en la Secretaría del Bienestar y Susana Harp en la de Cultura, Zoé Robledo sería ratificado como director en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Arturo Medina, ex procurador fiscal, como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Arturo Zaldívar como consejero jurídico de la presidencia y Marcelo Ebrard, ex canciller, como próximo secretario de Economía.
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Aunque la foto y el borlote político es lo que cuenta, pues miles de productores venderán el agroquímico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se percató que los mandatarios estatales ya no lo mencionan cuando entregan recursos o insumos o aplican los programas que inventó para resarcir la desaparición de cuando menos 24 programas de apoyo al campo.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya no dijo, gracias al señor presidente de la República, cuando puso en marcha el programa federal que, según sus cifras, que nadie cree, beneficiará a 55 mil 511 productores en la entidad; 23 mil 642 productores con superficie de riego y 31 mil 869 de temporal, entregando 300 kilos de fertilizante por hectárea al máximo de 10 hectáreas por productor.
Eso sí, pese a que es un programa federal que contempla en Sinaloa la entrega de 105 mil 539 toneladas de fertilizante DPA y Urea, dijo, muy a su estilo, que “gracias a su gestión”, Sinaloa es el único estado del país que entrega fertilizantes a los productores de riego, lo cual es una vil mentira. Otros gobernadores dicen lo mismo para pararse el cuello.
Ya que más de la mitad de los ejidatarios ya no lo son porque vendieron sus parcelas o las rentan o no las siembran por falta de crédito o por sus achaques físicos ya que se hicieron viejos labrando la tierra, el fertilizante entregado va ser vendido por las familias campesinas para poder comer o bien va a quedar en poder de funcionarios de agricultura que le entienden mucho a eso de que “el apoyo no llegó por errores de papeleo”.
En Sinaloa, de esa área agrícola, preparan su despedida, unos porque sus padrinos perderán poder y otros porque se les acabará «el agua al bule” de la administración lopezobradorista, Jaime Montes Salas, secretario de Agricultura y Ganadería; Ángel Ulises Piña Delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa; Hugo López Arroyo representante de SADER en Sinaloa y Claudio Beltrán Ramírez Coordinador Estatal de SEGALMEX.
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Con la democratización del Poder Judicial federal o la elección del “pueblo” de los magistrados incluyendo al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la ola reformista se espera que baje a los estados de la República, y de que una vez que se modifique la Constitución Federal los estados también “ajusten” las Constituciones Estatales para limpiar los Tribunales de Justicia tomados por asalto por camarillas o familias enteras coludidas con los gobernadores en turno.
Si la reforma va en serio, los jueces de control y los magistrados de los Tribunales Estatales deben poner también sus barbas a remojar, pues someterlos al escrutinio público para que accedan a cargos en el Poder Judicial de los Estados, permitirá conocer sus verdaderos perfiles que ocultan celosamente atrás de la toga y el ribete. Algunos son verdaderos pillos, mercenarios de la justicia.
El periodista Salvador García Soto alertó sobre el riesgo que significa, planteando un memorando de la DEA, la elección de jueces y ministros por el voto popular, que propone la reforma judicial, la cual podría abrir la puerta del Poder Judicial a los carteles del narco que dominan y controlan buena parte del territorio nacional para que preparen y postulen a sus abogados y juristas como candidatos a ministros, magistrados y hasta jueces.
«Los 13 cárteles que dominan la República Mexicana se preparan para tomar por asalto los Poderes Judiciales locales; los cárteles más grandes, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Noroeste y todas sus ramificaciones, ya preparan a sus abogados para impulsarlos como candidatos a juzgadores, magistrados y hasta ministros, aprovechando la reforma constitucional que aprobará en septiembre la mayoría de Morena”, escribió García Soto. La alerta aplica también para los Tribunales del Poder Judicial de todos los estados del país.
