Poder Judicial: honor y dignidad
Ruth Zavaleta Salgado.
Un juzgador no se hace de la noche a la mañana.
Para los que se preguntaban ¿dónde estaba la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La respuesta llegó desde su propia voz, cuando estaba exponiendo en las mesas del parlamento abierto sobre la iniciativa presidencial de la reforma judicial, que dieron inicio este jueves en la Cámara de Diputados. En estos últimos cuatro meses, la ministra Norma Piña estuvo diseñando una Agenda Nacional sobre Seguridad y Justicia, para que el Poder Judicial desempeñe sus labores teniendo como eje la perspectiva de las víctimas. Para lograrlo, ha escuchado a miles de personas, entre las que se encuentran las madres buscadoras, los defensores de los derechos humanos, policías, fiscales, defensores públicos, peritos, legisladores locales, etcétera.
Es decir, la presidenta de la SCJN está haciendo un trabajo diferente al de su antecesor, porque ella sí sabe lo que se necesita, porque viene de la carrera judicial, ésa que se quiere desaparecer con la iniciativa de la venganza presidencial, y que fue el motivo por el cual se realizó la primera mesa titulada Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, en la que participaron las y los ministros, jueces y magistrados. Sin lugar a dudas, en este primer ejercicio, las lecciones de los juzgadores fueron contundentes. Desde un discurso de la experiencia, la mayoría de los que tomaron la palabra, con una gran dignidad, expusieron con toda claridad los riesgos que implica aprobar la iniciativa en los términos en que fue presentada.
Dentro de las coincidencias de la mayoría de las y los oradores, tanto de los que aplauden la iniciativa como los que no, se pudo escuchar, en primer lugar, un reconocimiento a la necesidad de perfeccionar el trabajo de los juzgadores, es decir, hay deficiencias y se pueden corregir, sin embargo, para que eso suceda, no basta cambiar la forma de elegir a los juzgadores, porque lo que falta es reformar leyes que simplifiquen los procesos para lograr impartición de justicia pronta y cercana a la ciudadanía; se necesitan mayor número de juzgadores, y, por ende, mayores recursos, ésos que, por cierto, en este sexenio fueron recortados.
Una segunda coincidencia fue el señalamiento del riesgo que implica para la independencia judicial, que los impartidores de justicia sean electos de forma popular. Al respecto, sorprendió la contundencia con la que se expresó el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien dio a conocer que, entre el nivel local y federal, suman seis mil 700 juzgadores, lo que implica 73 mil trabajadores a nivel local y 50 mil a nivel federal; que de 1996 a la fecha, dos 595 juzgadores han sido electos en 111 concursos; que esos concursos de oposición se realizan mediante un sofisticado proceso en el que participan representantes de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); que para que un juzgador aspirare a presentarse a esos concursos, tuvo que haber escalado de oficial judicial a actuario, y de actuario a secretario, por lo tanto, su experiencia previa al concurso es de entre 15 a 20 años; es decir, que un juzgador no se hace de la noche a la mañana.
Una tercera coincidencia, más motivada por la certeza de que la reforma va a ser aprobada en sus términos, es que los cambios de los juzgadores, en los diferentes niveles, deberían ser graduales; al respecto, la ministra Yasmín Esquivel, tímidamente, se aventuró a proponer que se vayan eligiendo por voto popular los cargos que vayan quedando vacantes por renuncia, retiro o cualquier otra causa.
En conclusión, la mayoría de las y los ponentes identificaron los mismos factores de riesgo que implica la iniciativa, pero, lo relevante de esta mesa es que hablaron quienes tienen la experiencia, si ellos no lograron convencer a los legisladores, poco o nada podrán lograr los especialistas del tema que, desde la academia o desde otros espacios, se han expresado en contra de la iniciativa de la venganza presidencial.
Excelsior
