¿Podrá AMLO descansar en “La Chingada”? Rancho presidencial entre focos de inseguridad

Christina Gonzalez

Al terminar su sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se dedicará a descansar en su rancho, “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, una zona donde la disputa entre cárteles del narcotráfico es el pan de cada día.

Aunque de 2018 a 2023, se reflejó una disminución importante en el número de algunos delitos como homicidio doloso o robo a casa habitación en esta entidad del sureste mexicano, se advierte que hay un incremento importante en la forma en que éstos se cometen y, sobre todo, en el uso de arma de fuego.

Durante 2023, según el Observatorio Ciudadano de Chiapas (Occh), se contabilizaron 535 carpetas de investigación (CI) por homicidio doloso, lo que se traduce en un descenso de 11 por ciento (%), comparado con el inicio del sexenio (2018), con 562 CI.

A casi un año y cuatro meses de su desaparición, Mareli Galdámez, su hermana, lamenta que aún no tengan información sobre su paradero, por lo que evidencia la falta de capacidad y de voluntad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas para hacer las investigaciones.

“Son muchos los desaparecidos en esta entidad. Ni al peor de mis enemigos le desearía esto… Desde que mi hermano desapareció, nuestra vida no es igual, nos hace falta, hemos pasado dos navidades sin él. Mi madre le llora, y mis sobrinos lo esperan en casa”, manifiesta en entrevista con La Silla Rota. 

El de Néctar, uno de los poco más de 1,165 casos que son parte del padrón en Chiapas dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en la actualidad es, para algunos especialistas, el reflejo de la descomposición del tejido social que vive la geografía chiapaneca desde hace al menos tres años, con la guerra que se ha desatado entre los referidos grupos del crimen organizado.

De acuerdo con Mareli, la incertidumbre es mayor porque no saben nada de Néctar, quien en la actualidad tuviera 36 años de edad; ni siquiera les queda claro cómo se lo llevaron. De hecho, el día del plagio, su motocicleta y llaves de la misma quedaron afuera del negocio de billares adonde acudió.

LOS ABRAZOS NO FUNCIONAN

Tras advertir que ya no confían en ninguna instancia, como la FGE, externa que la estrategia presidencial “de abrazos y no balazos” simplemente falló; “hay más balazos que abrazos”, ataja Mareli, quien incluso confiesa que no han recibido amenazas, ni llamadas de alerta, ni otra señal de que su familiar sigue vivo.

Néctar, originario de Tuxtla Gutiérrez, se mudó a Jiquipilas hace unos años luego de conocer a quien sería su esposa y madre de sus dos hijas menores de edad. Ahí mismo, se dedicó a varios oficios, uno de ellos el de albañilería, pues sólo tenía la secundaria terminada.

Mareli cuenta que, una vez que denunciaron la desaparición de Néctar, no se han detenido en la búsqueda, e incluso se unió a “Madres en Resistencia”, una agrupación conformada por mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos o exigen justicia por los feminicidios de sus hijas.

Ha sido tan lento el proceso, advierte, que hace apenas como un mes la Fiscalía le entregó la geolocalización y sólo una vez esa instancia ha hecho una búsqueda de campo en el lugar donde Néctar fue visto por última ocasión, “y ésa sirvió para que nada más pegaran fichas, lo que yo puedo hacer sola”.

Lo que más le duele, dice, no es sólo la indiferencia de las autoridades, sino las hipótesis que fluyen de la sociedad sobre si su hermano estaba metido en “cosas malas”.

“Ahí podemos ver a las jovencitas que han desaparecido, no creo que anden en malos pasos… mi hermano no estaba metido en nada malo, siempre trabajó honradamente por sus niñas; además, él siempre andaba al día”.

A estas alturas, acepta que no le importa si lo encuentra sin vida, pues lo único que quiere ella y su familia es tener paz, “saber dónde están sus restos, no estar así en las tinieblas de pensar lo que le hacen, o si está enfermo o si ya comió”.

DELITOS SE COMETEN CON MÁS VIOLENCIA

Aunque de 2018 a 2023 se reflejó una disminución importante en el número de algunos delitos como homicidio doloso o robo a casa habitación en Chiapas, se advierte que hay un incremento importante en la forma en que éstos se cometen y, sobre todo, en el uso de arma de fuego.

Durante 2023, según el Observatorio Ciudadano de Chiapas (Occh), se contabilizaron 535 carpetas de investigación (CI) por homicidio doloso, lo que se traduce en un descenso de 11 por ciento (%), comparado con el inicio del sexenio (2018), con 562 CI.

Pero, alertó que, en 2018, la modalidad para la comisión de este último delito con arma de fuego era de 47 puntos porcentuales, mientras que, para el 2023, el incremento pasó a 59%.

Para Carmen Villa, directora del Occh, sin duda el tema de la inseguridad ha sido el “talón de Aquiles” de la actual administración encabezada por el gobernador morenista Rutilio Escandón Cadenas.

“Hoy los delitos se cometen con mayor violencia, lo que significa que ahora hay armas en el estado, las cuales antes parecía no haber, y se utilizan para cometer delitos en el territorio (…) Las armas no están pasando, las armas se están quedando”, argumentó la especialista, basada en cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

Pese a que las carpetas de investigación (CI) de algunos ilícitos han bajado, la percepción de inseguridad revela todo lo contrario.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante el cuarto trimestre de 2023, las ciudades más importantes de Chiapas, su capital Tuxtla y Tapachula, presentaron porcentajes elevados en cuanto a la percepción social sobre seguridad pública: la primera con 72.8 por ciento (en el mismo periodo de 2022 registró 71.0%), y la segunda con 84.2% (en ídem lapso del año antepasado fue de 85.7%).

En 2018, recuerda Carmen Villa, las extorsiones se hacían vía telefónica, pero en la actualidad, ejemplifica, se abren CI por extorsión o secuestro para hacer daño, cobrar piso, entre otros “modus operandi” relacionados a ese ilícito.

“Insisto, los datos oficiales nos reflejan una serie de delitos que no teníamos antes porque antes no había la presencia de esos grupos delincuenciales, al menos no tan pronunciada como ahora”.

Con base en análisis de cifras oficiales, el Occh ha advertido que hay indicadores que demuestran que ciertos delitos que se han agudizado en Chiapas demuestran la presencia del crimen organizado, como ocurre en San Cristóbal de Las Casas, con el robo de motocicletas, y luego la aparición de bandas delictivas conocidas como “motonetos” que asesinan y delinquen con ese tipo de vehículos.

CHIAPAS “SÍ SANGRA”

Con base en un estudio elaborado por Causa en Común, de enero a diciembre del año pasado, de las 12,935 víctimas de atrocidades registradas en el país, Veracruz contabilizó 2,355; Chiapas 1,105; Guanajuato 603; Chihuahua 654 y Baja California, 628.

Sin embargo, la entidad chiapaneca también apareció en el segundo puesto de víctimas de atrocidades en 2022; según la mencionada organización no gubernamental, ésta registró el primer lugar con 1,370 víctimas, seguido de Veracruz (1,198).

Se entiende por atrocidades a delitos como tortura, masacre; mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; asesinato de niños y adolescentes; fosas clandestinas; calcinamiento, intento de linchamiento, esclavitud y trata; violencia contra migrantes, terrorismo, asesinato de actores políticos, violación agravada, entre otros.

Eliseo Trinidad Hernández, defensor de derechos humanos y activista, coincide en que la actual administración ha quedado a deber en el tema de seguridad, pese a que el artículo 21 constitucional establece como una obligación al gobierno velar por la integridad de los habitantes del estado.

“Nunca antes en la historia de Chiapas había existido una inseguridad como la que tenemos hoy; una sociedad con miedo, sobre todo en regiones como la Frailesca o Fronteriza, donde hay sesgos de cárteles u otras situaciones que agravaron la inseguridad”.

Incluso, puntualiza que los daños colaterales son mayúsculos, pues cientos o miles de familias han abandonado sus casas por miedo a ser víctimas del crimen organizado.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hasta la fecha, existen en territorio chiapaneco cerca de 10,000 personas desplazadas de sus municipios, principalmente por la violencia que se sufre producto del crimen organizado.

AMLO: ¿SE VA O NO SE VA?

Ante este negro panorama, el cuestionamiento que se hacen expertos y la misma sociedad es si AMLO, al término de su sexenio, viviría en su rancho denominado “La Chingada”, en Palenque, o buscará otro “refugio” para no ser afectado por el crimen organizado que azota a Chiapas e incluso su propia entidad, Tabasco.

De hecho, “La Chingada” se ubica en una zona “caliente”, en donde convergen municipios considerados “focos rojos” por brotes de violencia como: Ocosingo, Altamirano, Chilón, entre otros.

Gerardo González, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), con sede en San Cristóbal de Las Casas, ironizó:

“Una vez que (AMLO) viva en ‘La Chingada’, ojalá que no viva de la violencia cotidiana, y no vayan (sicarios) a su rancho a cobrarle derecho de piso”.

Tras dejar en claro que el tabasqueño es mesiánico, autoritario y con características “caudillescas”, cuestionó que, lo que en realidad hay que preguntarse, es si él estará detrás de Claudia Sheinbaum, quien se perfila como la candidata ideal para sucederlo. 

“Él ve la ley que entiende, la interpreta a su manera”, comentó, y puntualizó que, esté donde esté, o vaya donde vaya, “más si se viene a ‘La Chingada’, tenemos que esperar si respetará a Claudia, si hará una ‘mañanera’ de respeto”.

Lo que sería más sano para el país, comentó, es que AMLO ya no será un opositor y dejará un régimen o partido que, en poco tiempo, llegó a tener el poder, en términos de control, como lo tuvo el PRI en casi 70 años. 

PREOCUPA ESCALADA DE VIOLENCIA

En un amplio comunicado emitido hace unos días, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) denunció los asesinatos y riesgos a la vida e integridad de por lo menos 40 mil niñas, niños y adolescentes en la entidad ante el incremento en la frecuencia e intensidad en los eventos de violencia armada en el marco de las elecciones federales, estatales y municipales a realizarse el 2 de junio venidero.

En este escenario, comentó que los grupos criminales han avivado sus disputas por el control territorial de distintas zonas de la entidad, lo que ha resultado en atentados, secuestros y asesinatos a candidatas y candidatos a las presidencias municipales y diputaciones. “En dicho contexto, las niñas, niños y adolescentes se encuentran en grave situación de vulnerabilidad”.

Con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el último corte del 30 de abril, en Chiapas se han registrado 238 homicidios dolosos, de los cuales, en 163, se utilizó arma de fuego. 

En un comparativo con el mismo corte del año pasado, en la entidad se registraron 145; para mayo, la cifra aumentó a 181. En sí, durante todo el 2023, hubo medio millar homicidios dolosos (en 293 se utilizó arma de fuego).

Sin embargo, para mayo de este 2024, ya se superó la cifra, por mucho, a la del año pasado: se han registrado alrededor de 60 homicidios dolosos, lo que incluye niños y adolescentes; en el mismo mes, pero de 2023 fue de 36 casos, es decir casi el doble.

¿MENOS POBREZA?

Pese a que Chiapas está sumido en un tema de inseguridad que es cada vez más incisiva, uno de los tópicos que también aqueja a la entidad, pero que tuvo un “ligero respiro”, fue el de la pobreza.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares, del mismo Inegi, en este estado se reflejó una disminución de casi 10 puntos porcentuales de la pobreza, comparado con el 2018.

En una entrevista, Jorge Alberto López Arévalo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), advierte que, pese a ese “respiro”, Chiapas se mantiene estancado; “en términos, por habitante, hay un retroceso, de 1983 a la fecha”.

Debido a sus problemas estructurales, dice que la entidad no puede crecer. Además, menciona que sólo pueden salir de la pobreza los que reciben remesas o apoyo de algún programa social de gobierno.

Sin embargo, asevera que la pobreza extrema, con base en los indicadores del Coneval, no disminuyó, por lo que una importante cantidad de la población se mantiene en la misma.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cerca del 67.4% de chiapanecos vive en pobreza y el 29% en pobreza extrema. Incluso, hay al menos cinco municipios (entre éstos Sitalá y San Juan Cancuc) cuya pobreza se compara a países de África subsahariana; es decir, de esas localidades de Chiapas, el 95% es indígena y pobre.

Ante ello, Arévalo advierte que esto se debe a que no existen transformaciones en economía que permitan generar empleo, sobre todo bien remunerados y que de alguna forma abonen a sacar a las familias de la pobreza a través de una actividad económica que efectúen.

Lo más lamentable, externa Arévalo, es que los programas sociales promovidos por el actual gobierno federal morenista no llegaron a miles de chiapanecos que padecen pobreza extrema.

EDUCACIÓN TAMBIÉN “PARA LLORAR”

Otro tema que presenta avances a “cuentagotas” es el educativo. En 2018, según el Coneval, el 31.2% de la población chiapaneca presentaba rezago en esta materia, lo que no ha cambiado mucho a la fecha: 1,772,430 chiapanecos están inmersos en ella, es decir el 31.1% de la población total, según un informe presentado por la Secretaría del Bienestar.

Guillermo Olivera Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, advierte que, en el caso de quienes se dedican a alfabetizar, la pandemia no fue la que ocasionó estragos importantes, sino los cambios del modelo educativo y las reglas de operación.

Aunque destacó que siempre han cumplido sus metas ante la elevada demanda de gente que no sabe leer ni escribir, o que no ha terminado la primaria ni la secundaria, resalta que, si bien les fue, en 2023 apenas alcanzaron el 60% de sus objetivos, es decir cerca de 40 mil personas, de las 70 mil a las que contemplan llegar año con año.

“En 2020, 2021 y 2022, aunque sea con pandemia, avanzamos bastante, pero no se había cambiado el modelo educativo ni las reglas de operación; por ejemplo, había gratificados que ganaban por productividad, y sí ganaban una cierta cantidad, pero ahorita ya no, les pagan si mucho 4,500 pesos (mensuales), lo que ya no es atractivo”.

Sin embargo, acepta que hay zonas, como las indígenas de los Altos de Chiapas, donde los avances educativos son más lentos o casi nulos, y donde mayor demanda de alfabetización se tiene.

SALUD, OTRO “TALÓN DE AQUILES”

Hasta el 2020, de los casi 6,000,000 de habitantes con los que cuenta la entidad chiapaneca, alrededor de 3,764,369 tenían servicio de salud y 4,437,352 seguridad social. 

Es decir, el Coneval afirma que, mientras en 2018, el 17.6% de los chiapanecos contaba con servicios de salud, para 2020 la cifra subió al 37.1%, mientras que, en el tema de seguridad social, a inicios de esta administración 83.1% tenía la misma, pero dos años después bajó a 78.9%.

Para Vanesa Traconis Quevedo, directora de la Fundación Red Salud Internacional, sí ha habido avances a nivel nacional, aunque no como se requiere, mientras que, en Chiapas, “vamos muy lentos en esa capacidad de atención, más porque es una entidad con mayor pobreza, y sobre todo pobreza farmacéutica”.

Asimismo, asevera que la entidad presenta índices demasiado altos en obesidad infantil y de adultos, por el consumo excesivo de refrescos embotellados, “y en ciertas zonas de la población, ya es su día a día”.

Ante ello, refiere que, sin duda, esta es la puerta de entrada de enfermedades no transmisibles como la diabetes e hipertensión, “y no hemos sido capaces de abordar, a través de medicina preventiva, un programa de atención a estos índices que generan la dependencia social de las personas en materia de salud”.

De lo que está convencida, dice Traconis, es que el presupuesto de salud es mucho más bajo de lo que se requiere para atender al 60% de la población con una enfermedad crónica no transmisible, por lo que, en Chiapas, por lo menos, “le quedamos a deber a mucha gente”.

Otra de las realidades que pesan, manifiesta, es que, aunque la persona cuente con un empleo, en la mayoría de veces tiene que sufragar sus gastos en medicinas o tratamientos:

“porque hoy es una realidad que, cuando llegas a una institución pública, no hay medicamentos, aunque las instituciones digan lo contrario”.